La mega obra debía convertirse en 2018 en la hidroeléctrica más grande del país. Pero cambiaron los diseños, no se repitieron los estudios ambientales, se afectó gravemente el ecosistema y a miles de personas
Redacción Política
La Contraloría General de la República como máximo órgano de control fiscal del Estado imputó cargos a 28 personas, entre naturales y jurídicas, por el presunto detrimento patrimonial de 4.1 billones de pesos en torno al polémico caso Hidroituango.
Entre los acusados fiscales se encuentran los exgobernadores del departamento de Antioquia Sergio Fajardo Valderrama, Luis Alfredo Ramos y Aníbal Gaviria; el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar; tres consorcios y contratistas; tres gerentes de las EPM, entre otros funcionarios, exfuncionarios y empresas relacionadas al megaproyecto hidroeléctrico.
Según la investigación desarrollada por el ente de control, el detrimento sería superior a 4 billones de pesos (1.145 millones de dólares). Para la Contraloría, por lo menos 1.1 billones de pesos se han perdido por la demora del proyecto, que estaba diseñado para entrar en funcionamiento en septiembre de 2018 y que a la fecha de hoy sigue en veremos; los otros 2.9 billones corresponderían al aumento de inversiones y costos que conllevó las modificaciones en los tiempos de la obra.
La mega obra Hidroituango debía convertirse para el 2018 en la hidroeléctrica más grande del país. Sin embargo, los datos con corte de septiembre del presente año muestran otra realidad. No solo la construcción general va por un 79,4%, sino que la desviación del río Cauca -necesaria para los fines del proyecto- registra un 61.7% de avance. ¿Qué pasó?, ¿por qué el publicitado proyecto antioqueño se convirtió en un elefante blanco que tiene hoy contra las cuerdas a los últimos gobernantes del departamento, así como a importantes empresas constructoras y contratistas?
Aunque Hidroituango ha sido ampliamente documentado y denunciado, no solo por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, sino por distintos medios alternativos, incluidos este, es importante recordar la historia general de la iniciativa para sacar conclusiones de los impactos negativos que ha traído el proyecto en lo económico, ecológico y social para el territorio y los pueblos que lo habitan.
Planificación por las alturas y despojo paramilitar
Según los registros periodísticos del diario El Colombiano, en julio de 1982 se anunció la finalización de los estudios de factibilidad de la central hidroeléctrica de Ituango, Antioquia, proyecto que generaría aproximadamente más de cuatro millones de kilovatios, convirtiéndose en la instalación de energía eléctrica más importante de Colombia.
En esos estudios de factibilidad no existió una investigación sobre los efectos que traería la hidroeléctrica para las comunidades, principalmente a los habitantes del municipio de Ituango y el corregimiento de Puerto Valdivia, como tampoco se anticiparon los daños ambientales que se generarían al ecosistema.
Entre 1997 y 1998 se creó la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero-Ituango, bajo la iniciativa del saliente gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Al mismo tiempo, en todo el departamento se experimentaba el posicionamiento del proyecto paramilitar, siendo el norte antioqueño uno de los escenarios más golpeados por el conflicto armado.
Entre 1990 y 2012, en la zona donde está planificado Hidroituango, más de 15 mil personas fueron víctimas del conflicto y cerca de 4.500 personas han sufrido desplazamiento forzado. Es importante reseñar la Masacre de El Aro, ocurrida en octubre de 1997, como uno de los casos emblemáticos del accionar paramilitar en el territorio. De igual forma, el Centro Nacional de Memoria Histórica documenta que 11 municipios del norte antioqueño sufrieron masacres en este mismo periodo.
Según ha revelado en los últimos días la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se estima que más de 2.000 personas se encuentran desaparecidas producto de las 62 masacres que cometieron los paramilitares, cuya presencia en el territorio estaba orientada más a “limpiar” y “desocupar” los terrenos en los que se construyó Hidroituango, que a combatir a la guerrilla. Así las cosas, el proyecto continuó desarrollándose sobre una pila de cadáveres bajo un clásico modelo de acumulación por desposesión.
Sin las comunidades
En el año 2004, siendo Sergio Fajardo el alcalde de Medellín y Aníbal Gaviria gobernador de Antioquia, se contrató un estudio de restricciones ambientales para analizar los impactos y consecuencias del megaproyecto en el territorio. Como fue habitual en casi que todo el proceso, nuevamente el proyecto omitió las voces de denuncia que emergían de las comunidades.
Cuatro años después, siendo gobernador el uribista Luis Alfredo Ramos, el proyecto actualizó las condiciones económicas y prediales sin escuchar la voz de la gente. El Movimiento Ríos Vivos Antioquia ya comenzaba desde este momento a exigir que se les escuchara y que se negociara con las comunidades, petición que nuevamente fue ignorada.
En 2009 el Ministerio del Medio Ambiente le otorgó al proyecto Hidroituango la licencia ambiental empezando la construcción en noviembre del año 2010.
Las decisiones de Fajardo
Ya como gobernador, Sergio Fajardo adjudicó la licitación de construcción del proyecto al Consorcio CCC Ituango, conglomerado empresarial conformado por la brasilera Camargo Correa; las colombianas Conconcreto SA, Coninsa Ramón HSA, Integral, Ingetec-Sedic y Arquitectos e Ingenieros Asociados; las suecas Scania y Atlas Coop; el consorcio español Ferrovial Agroman; y la chilena Chile-Sainc Ingenieros Constructores. El modelo tendría como los principales accionistas a la Gobernación de Antioquia y a las Empresas Públicas de Medellín, que a su vez era la ejecutora.
Esta contratación recibió serios cuestionamientos de los otros tres concursantes. La denuncia se basaba en que el consorcio había sido escogido a dedo. Las acusaciones, debidamente documentadas, hoy se encuentran olvidadas por la Fiscalía General de la Nación.
Otra decisión fundamental que le tocó asumir al gobernador Fajardo fue la desviación del Río Cauca, que no solo afectaría a las comunidades que habitan los municipios de Valdivia, Caucasia, Sabanalarga e Ituango, sino que cambiaba el diseño original, cuya única opción era ejecutar los túneles de desviación de 14 metros, sin las compuertas proyectadas en el diseño original.
Este cambio tuvo como consecuencia la construcción de otro túnel de desviación, la Galería Auxiliar de Desvío, GAD, hoy considerado un sobrecosto, pues no cumplió con las condiciones técnicas ocasionando su taponamiento en abril de 2018, cuyas consecuencias fueron las emergencias ambientales y sociales que dejaron a más de 1.000 personas en la ruina. Según la Contraloría, esta nefasta e improvisada decisión se dio como un acelerador del proceso, que para el 2012 ya preveía la imposibilidad de funcionamiento de la hidroeléctrica para el año 2018.
Cambiaron los diseños, no se repitieron los estudios ambientales, se afectó gravemente el ecosistema y a miles de personas. En conclusión, dineros públicos invertidos en múltiples daños y una hidroeléctrica que aún no funciona.
* Este artículo informativo esta basado en el divertido hilo en Twitter de @Son15Letras
Les voy a contar la historia de Hidroituango… Para que Juzguen ustedes si es posible escurrir el bulto de la responsabilidad, argumentando haber «olvidado» asistir a las reuniones de junta… (Sigue)… #HistoriaParaDespertar pic.twitter.com/VEYB4uD21r
— Soи Qυιи¢є Lєтяαѕ (@Son15Letras) December 5, 2020
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