Las centrales obreras insisten en la necesidad de la renta básica para aquellas familias que no cuentan con un trabajo estable, que asegure su subsistencia
Iván Posada Pedraza
Finalizó 2020 con una tasa promedio de desempleo de 15,9 por ciento (Dane), una inflación medida por el IPC de 1,61 por ciento y un retroceso (estimado) en la actividad económica de –7 por ciento. Sin tener en cuenta los cierres y cuarentenas de enero, los cálculos le apuntan a un crecimiento económico en 2021 de 4,8 por ciento.
Cifras
Bogotá región, centro industrial, manufacturero y de servicios, presentaba a enero de 2021 la siguiente situación, que bien se puede replicar en el Valle del Cauca y Antioquia, que en conjunto acumulan gran parte del recorte de la actividad económica, dado que conforman el eje industrial y comercial del país: La capital del país concentra el 18,4 por ciento de ocupados del país (Dane, Mercado Laboral 2021), y genera el 25 por ciento del PIB, el sector de pequeñas y microempresas está seriamente afectado. El desempleo para 2020 se calcula entre 18 y 22 por ciento, lo que implica una pérdida de puestos de trabajo entre 370 y 550 mil (Cámara de Comercio de Bogotá, 2021). En total, esta entidad reporta que entre enero y agosto de 2020 se liquidaron 37.000 empresas, 63 por ciento más que en 2019, año en que se cerraron 22.778. De las empresas liquidadas en 2020, 99 por ciento son de las llamadas mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) entre las cuales un alto porcentaje corresponde a empresas unipersonales y aquellas cuya planta de personal oscila entre 3 y 50 empleados.
Por sectores
Entre los más golpeados en Bogotá está el de servicios en tiendas, bares, peluquerías (45 por ciento); comercio (35 por ciento); industria (12 por ciento) y construcción (4,7 por ciento). La alta afectación del sector servicios y comercio, es a su vez el reflejo de la migración de trabajadores de la industria hacia estos sectores por efecto de la desindustrialización en todo el país. Por el escaso apoyo, y muchas veces la ausencia del mismo, y la tardía ayuda a estas empresas, entraron en quiebra, cierre total.
Fedesarrollo, centro de pensamiento de los gremios, estima que a causa de los recientes cierres y cuarentenas a causa del segundo pico de la pandemia en el país, se podrían perder entre 146.000 y 220.000 empleos que tendrían un costo entre 8 y 12 billones de pesos, mas o menos uno por ciento del PIB.
Las soluciones
Muchos sectores han propuesto que el gobierno decrete la tercera emergencia económica, hasta ahora no hay un pronunciamiento al respecto a pesar de los limitados alcances de esta en el marco del avance de la pandemia y su impacto económico en la pequeña y mediana industria y en el sector informal que tiene que salir a las calles al rebusque del sustento diario. Desde el 30 de enero se decretó el cierre estricto en 330 barrios de Bogotá, de los cuales los más afectados son los ubicados en las localidades de Suba y Usaquén, Kennedy ante lo cual, los comerciantes se declararon en desobediencia civil y están dispuestos a no acatar este cierre. En estas barriadas convive el comercio formal con el informal, lo que genera aún más conflictos. Lo anterior es reflejo de grado de improvisación de las políticas de la alcaldía mayor de Bogotá para dotar de auxilios económicos a las familias que tienen que aislarse en sus hogares.
Medidas de orden macro
A nivel nacional el gobierno busca ingresos para este año por 20 billones de pesos mediante una reforma fiscal. Para ello designó una misión de expertos cuyas recomendaciones se pueden resumir en los siguientes puntos:
- Bajar el umbral a partir del cual las personas deben declarar renta y pagar impuesto. Eso quiere decir que muchos más asalariados tendrían que pagar impuesto sobre la renta;
- Reestructuración del IVA, propuesta encaminada a gravar toda la canasta básica, o sea, universalizar este impuesto; 3) promover el empleo mediante la reducción de impuestos a la nómina, propuesta que va dirigida a flexibilizar aún más la contratación (trabajo por horas, pago de salud y pensión también por horas laboradas, etc.). Ricardo Bonilla, que hace parte de esta misión hace propuestas un poco más realistas: reformar el impuesto de renta y corporativo para eliminar exenciones y beneficios; que accionistas y ejecutivos tributen sobre los ingresos reales, pues muchos son asumidos como costos. También propone que las personas naturales de altos ingresos paguen más, pues los gravados con tarifa nominal de 37 por ciento, en realidad pagan sólo el 10 por ciento; lograr que el impuesto a los dividendos se extienda a personas jurídicas y los holdings.
Venta del patrimonio
Si antes de la pandemia el Ministerio de Hacienda venía proponiendo la venta de activos para cubrir el déficit fiscal, ahora, con el pretexto de cubrir los costos de la pandemia, con mayor énfasis propone enajenar el reducido patrimonio de los colombianos. Ahora le apuntan a enajenar ISA, generadora de energía donde el estado posee el 51 por ciento del paquete accionario; Cenit, la transportadora de hidrocarburos, filial de la petrolera estatal colombiana, Ecopetrol; y la misma Ecopetrol, de la cual se pretende sacar al mercado otro porcentaje de acciones.
Medidas ortodoxas
Otro grupo de economistas opina que es el momento de concretar reformas estructurales en los campos tributario, laboral y pensional en un contexto de creciente inconformidad social. Por ejemplo, expandir los auxilios sociales (Familias en Acción, etc.) para seis millones de personas, para lo cual habría que incrementar el recaudo un punto porcentual (1%) del PIB. Este recurso se obtendría ampliando el IVA del 19 al 54 por ciento restante de los bienes que hoy tienen un IVA menor. O sea, gravar la totalidad de la canasta básica familiar.
En plata blanca la propuesta es grabar a la clase popular para transferirle esos recursos a los sectores más vulnerables. Es la continuidad de la política asistencialista en materia social que pretende que cada día más familias colombianas sobrevivan con exiguos auxilios entre $80.000 y $250.000 por mes. Esa política explica la presencia de las familias en la calle en el rebusque diario. Es la ausencia total de una política para crear puestos de trabajo dignos que mitiguen la informalidad que azota al país tanto en el campo como en la ciudad. El siguiente cuadro ilustra el panorama de esta política asistencialista:
Tabla 2.
Distribución de los auxilios estatales por sectores sociales
Las centrales obreras por su parte, persisten en la necesidad de la renta básica para aquellas familias que no cuentan con un trabajo estable que asegure un ingreso permanente, que como es obvio, no es la solución radical, es una medida transitoria en la perspectiva que, al generar trabajo decente, no haya que recurrir a estos auxilios que son más parecidos a obras de beneficencia que a cualquier otra cosa.
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