Además de las consignas por educación, salud, pensiones, ambiente, agua, empleo y contra la corrupción, el paro nacional ha servido para identificar a una clase social privilegiada que se beneficia justamente de lo que el pueblo rechaza. Las razones del descontento siguen siendo las mismas, solo que hoy son más gravosas
Redacción política
La inconformidad social vuelve a poner la agenda de movilización en apenas 20 días del año 2020. Las protestas de los últimos meses en el país han tenido un carácter político y transformador. Los reclamos de la gente no son menores, se trata de cambios sustanciales en la estructura social, económica y política que hasta ahora la clase dirigente no se atreve a hacer. Es una disputa de clase entre el empresariado aferrado al poder político para mantener sus privilegios y la ciudadanía que ha ganado conciencia buscando garantizar sus derechos.
Contra los gremios
Al cierre del pasado año la reforma tributaria quedó aprobada por las mayorías del Senado y la Cámara de Representantes. Las protestas que arrancan el 21 de enero son justamente contra esa clase política ligada a los intereses económicos de los gremios agrupados en el Consejo Nacional Gremial.
La oposición hizo lo que tenía que hacer, oponerse con fuerza a una represiva ley de tributos para gravar a los colombianos de a pie y beneficiar los grandes empresarios de distintos sectores de la economía. Fue una reforma tributaria a la medida del empresariado que acompaña al Gobierno Duque y orienta su doctrina económica.
No bastó el cacerolazo hecho en la plenaria del Senado de la República por parte de la bancada de oposición. Tampoco fueron suficientes las protestas que se convocaron a las puertas del Congreso, para evitar una nueva carga de impuestos para los colombianos. La estrategia del Gobierno nacional no falló, los liberales con algunas excepciones acompañaron la reforma, Cambio Radical siempre acompañó la reforma a pesar de sus quejas días antes de la aprobación, la U y los conservadores con disciplina votaron positivamente, mientras los partidos cristianos ratificados en el oficialismo secundaban los argumentos del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sobre las bondades de una ley que abre la puerta para precarizar aún más el empleo.
Contra los fondos de pensiones
El hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño entre otros del Grupo Aval, de las concesiones viales más importantes de Colombia y del poderoso fondo de pensiones Porvenir, fue el empresario más beneficiado por la reducción de tributos empresariales. Sarmiento Angulo financió en parte las campañas de todos partidos políticos, excepto la oposición de izquierda, por eso su respaldo al Ejecutivo. El poderoso banquero y constructor del puente Chirajara, acumuló el año pasado diariamente 27 mil millones de pesos fruto del apalancamiento con dineros público a sus negocios, los beneficios tributarios a sus empresas y las relaciones tan cercanas con el poder.
El Gobierno Duque le ha permitido crecer sus negocios. Sin embargo, aún le hace falta algo a Sarmiento Angulo para quedar plenamente satisfecho con Duque. El negocio de las pensiones debe ser privatizado en su totalidad y por eso la reforma a las pensiones que se calcula el gobierno la presentaría en el primer semestre del presente año, acabaría con Colpensiones.
El Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, y de nuevo Luis Carlos Sarmiento Angulo son los dueños del 75% del mercado de pensiones privados o llamando sistema de Ahorro Individual. Entre los dos grupos manejan 235 billones de pesos, casi el presupuesto del país el año pasado. El GEA, igual que Sarmiento, financiaron campañas electorales, entre ellas la de Sergio Fajardo en 2018. El gran negocio de las pensiones ha sido rentable para estos grupos financieros en la medida que se va marchitando el sistema público de pensión llamado de Prima Media.
Recientemente la senadora Aída Avella de la Unión Patriótica y la bancada Decentes citó a una audiencia de víctimas de los fondos privados de pensiones. Allí se denunció un patrón de engaño a cargo de los fondos para afiliar a los ciudadanos de manera masiva, incluso sin su consentimiento, y las promesas incumplidas de extraordinarios rendimientos económicos entregados por los trabajadores. El asunto es complejo pues la meta para alcanzar la anhelada pensión se diluye para los trabajadores. La gente se siente estafada por los fondos de pensión privados.
Contra las EPS
Acabar la Ley 100 de salud es otro de los reclamos más oídos en medio de la protesta ciudadana. Cada año es más gravosa la situación para los pacientes que requieren servicios de salud de las Empresas Prestadoras de Salud, EPS. La negligencia en la prestación de servicios de salud sumado a los intereses económicos que priman para los dueños de estas, fruto de un modelo de ganancia diseñado para curar la enfermedad y no prevenirla, han logrado acrecentar un problema que afecta a todos los colombianos. Desde que se creó el sistema de aseguramiento se muere más gente por enfermedades curables que por el conflicto armado de medio siglo.
El salvamento económico que gestionó e impuso el Gobierno Duque en el Congreso de Colombia, tras la amenaza de las EPS agrupadas en la Asociación de Empresas de Salud Integral, Acemi, contó con los mismos aliados que le dijeron sí a la reforma tributaria. En esa ocasión se emitió un salvavidas para sanear las deudas de las EPS, sin tocar el patrimonio construido por sus dueños. En otras palabras, el gobierno premió su ineficiencia.
Es la misma fórmula que salvó a los bancos de la crisis de finales de siglo pasado, a cambio que las entidades pudieran cumplir con las demandas de servicios de salud de los usuarios. Seis meses después, girados los millonarios recursos, los pacientes y trabajadores de la salud ven cómo se agudiza la crisis, mientras los dueños de las EPS hacen de las suyas invirtiendo el dinero de la salud pública en negocios particulares. La Supersalud entidad llamada a actuar contra las irregularidades del modelo de reaseguramiento guarda un silencio cómplice con los casos que a diario le reportan los ciudadanos sobre negligencias médicas. La ciudadanía reclama un sistema público, universal y preventivo en salud.
Contra las multinacionales
La movilización contra las empresas multinacionales que han ubicado a Colombia como el paraíso de la extracción, debido las condiciones económicas y políticas para esa actividad, se volvió una causa nacional representada en la preservación y uso racional del recurso hídrico. Salvar el agua para la vida y no para la minería es una de las consignan que alienta la gente en las manifestaciones, especialmente en lugares donde la lucha es por preservar los páramos y ríos. El más reciente decreto presidencial, a propósito de la extracción de petróleo de modo no convencional, es decir fracking, amplia el riesgo de dejar al país sin ríos.
El Consejo de Estado había ordenado vía acción preventiva detener todo tipo de explotación minera bajo este modelo, con el fin de resolver de fondo las acciones judiciales interpuestas por colectivos ambientalistas para prohibir esta manera de explotación que pone en riesgo las fuentes de agua y los ecosistemas por la explotación. A principios del año el Gobierno Duque firmó un decreto que permite el desarrollo de pilotos de extracción no convencional dejando en manos de Ecopetrol los primeros proyectos. De un plumazo se borraron las medidas cautelares que detuvieron la explotación amparados en el principio de la prevención del daño ambiental. Peligra la Amazonia que hoy es gobernada por el Centro Democrático.
