La reforma tiene como objetivo central aumentar el recaudo, para lo cual amplía la base de declarantes entre los asalariados de ingresos medios, disminuye el monto a partir del cual los pequeños negocios deben cobrar IVA y eleva este tributo indirecto de manera importante.
Carlos Fernández*
Diversos autores se han referido en VOZ al proyecto de ley de reforma tributaria presentado por el Gobierno nacional a consideración del Congreso de la República. Hoy queremos referirnos al tema de qué tan estructural es la reforma propuesta.
Estructural
El Gobierno nacional considera que su nuevo proyecto significa un cambio estructural porque, dice, apunta a que el sistema tributario se caracterice por la simplicidad, la equidad, la progresividad y porque implique mayor generación de recursos para elevar la inversión, de manera que se incremente el empleo formal, en el caso de la inversión privada, y se mantengan y amplíen los gastos sociales, en el caso de la inversión pública. El proyecto busca lograr que disminuya el peso del recaudo que recae sobre las empresas y aumentar el que recae sobre las personas naturales.
Esta orientación se corresponde con la opinión de que, en el capitalismo, son las personas a las que se puede denominar ricas y no tanto a las empresas. Si bien una definición de esta naturaleza serviría para evitar la evasión de impuestos de los grandes capitalistas considerados como personas naturales, el grueso de la reforma apunta a otros sectores de la población.
En realidad, este planteamiento parecería una autocrítica oficial por la reforma de 2012, liderada por el mismo ministro Cárdenas, en el primer mandato de Santos. En esa ocasión, se estableció un complejo sistema de impuesto sobre la renta para las personas naturales. Sin embargo, desde el punto de vista de los intereses de la gran burguesía, dicha reforma cumplió su cometido: eximir a las grandes empresas del pago de las contribuciones patronales de pensión, salud, ICBF y SENA por los empleados con salarios superiores a 10 salarios mínimos mensuales vigentes. Ahora se busca simplificar el sistema de impuesto sobre la renta, tanto para personas naturales como para empresas, pero se mantiene en firme la exención decretada por la reforma de 2012.
El supuesto carácter estructural del proyecto de reforma se ve opacado por la urgencia de elevar el recaudo, dada la disminución de los ingresos fiscales provocada por el descenso de los ingresos petroleros. De ahí la ampliación de la base de contribuyentes entre los sectores medios con ingresos mensuales entre 2,9 millones de pesos y 3,5 millones de pesos, con lo que la participación de los obligados a declarar renta pasa de 8,1% a 9,7%, incrementándose el número de declarantes en más de 400.000 personas.
Si bien se establece un impuesto de 10% a los dividendos percibidos por personas naturales que reciban por encima de 29,7 millones por este concepto, la búsqueda de recursos por vía de la tributación directa va a ir perdiendo peso frente a la inequitativa tributación indirecta, como se verá más adelante.
Modernización y formalización
De momento, hay que hacer referencia al intento de formalizar los pequeños negocios y las peluquerías mediante el establecimiento de un tributo único que daría cuenta de las obligaciones tributarias de estos pequeños negocios que, hoy en día, no recaudan ni transfieren IVA y, en muchos casos, no declaran renta.
El llamado monotributo será, por ahora, voluntario pero su implantación implicará que podrán acogerse a él los que perciban ingresos brutos inferiores, no a 120 millones de pesos anuales, como es ahora, sino a partir de 41,7 millones. El tope mínimo de 120 millones que permitía no cobrar IVA se baja a 104,1 millones de pesos. O sea que un mayor número de pequeñas empresas tendrá que empezar a cobrar IVA, con el consecuente impacto inflacionario sobre los clientes de tales negocios.
La formalización de tales negocios no puede asentarse solamente en los aspectos tributarios de la actividad económica. La política pública debe establecer procesos de formalización que impliquen que los aspectos tributarios para estas empresas sean la fase final de una formalización que es deseable.
Esto no se logrará si, como lo plantea el proyecto de reforma, la otra fuente de incremento de los recaudos es el incremento de la tarifa general del IVA de 16% a 19% y si se pone a pagar este impuesto a productos y servicios que no lo tenían.
En resumen, tenemos que la reforma no tiene de estructural sino el nombre ya que tiene como objetivo central aumentar el recaudo, para lo cual amplía la base de declarantes entre los asalariados de ingresos medios, disminuye el monto a partir del cual los pequeños negocios deben cobrar IVA y eleva este tributo indirecto de manera importante. Este núcleo de la reforma hará nugatorias las normas que tienden a impedir i) la inversión en paraísos fiscales, ii) la evasión, para la cual, hay que decirlo, se establecen penas de cárcel, y iii) los bajos niveles de reinversión de las utilidades en empresas que cumplan con todas las formalidades de las leyes laborales y tributarias.
* Investigador del CEIS.
