Putumayo: abandonado y violentado por el Estado

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Aumenta la erradicación forzada en los cultivos de uso ilícito. Foto Cristian Leguizamón.

El Gobierno se niega a cumplirle a las comunidades. La pobreza aumenta y la única salida es la movilización social

Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada 

El municipio de Puerto Asís está ubicado en el Bajo Putumayo en la frontera con Ecuador. Su ubicación geoestratégica y las características de la tierra, la vegetación y la amplia presencia de minerales susceptibles a la explotación, así como el cultivo de uso ilícito, han favorecido la permanencia de grupos armados permitiendo el desescalamiento del conflicto en términos de acciones bélicas en la zona. El Estado ha reinado por su ausencia.

Allí mismo se encuentra el corredor de Puerto Vega-Teteyé, del cual hacen parte cuatro corregimientos, uno de ellos es el de Teteyé, integrado por 16 veredas. En lo que va de este año, las comunidades de este corredor han iniciado una movilización social, exigiendo al gobierno nacional y departamental, escuchar sus propuestas de mejoramiento de la economía local, hacia un mejor vivir.

El gobierno no cumple los acuerdos

Con la puesta en marcha de los acuerdos de paz entre la extinta guerrilla de las FARC y el Gobierno nacional, llegó la esperanza a las comunidades de iniciar, tal cual lo acordado, un proceso de sustitución de dichos cultivos y avanzar en planes para mejorar la economía agraria local. De las 16 veredas que componen el puerto, tres de ellas no se sumaron a dicho plan, denominado Programa Nacional de Sustitución, PNIS.

Yuri Quintero.

Sin embargo, quienes se vincularon voluntariamente al PNIS, alegan incumplimientos de los programas para la sustitución pacífica por parte del gobierno. ¿En qué consistía dicho plan? Pues, en que las familias dejaban de cultivar de manera escalonada la coca y paralelo a ello se implementaban los planes productivos para avanzar en una economía agraria local.  Sin embargo, este acuerdo no se cumplió. Las familias denuncian que el ejército y la fuerza pública han llegado a erradicar los cultivos de manera violenta, dejando a sus familias sin ninguna posibilidad de sustento económico.

VOZ dialogó con Yuri Quintero, diputada a la Asamblea Departamental de Putumayo. Ella comentó que, “el descontento de las comunidades es por la necesidad del buen vivir y la defensa del territorio. Hay un abandono e incumplimiento del Estado de las propuestas e iniciativas que los afrodescendientes, los indígenas y campesinos han promovido para darle un cambio al modelo económico actual de estas zonas de influencia, fronterizas y estratégicas en términos de narcotráfico”, entre otras problemáticas de índole social.

Erradicación violenta sin garantías económicas

Por su parte, el defensor de DD.HH., Andrés Barona, también agrega que hay una generalidad del incumplimiento al PNIS, que consiste en que, “quienes eran pequeños propietarios de predios para el uso del cultivo de las matas de coca, erradicaron para sumarse al programa y debido al incumplimiento para la inversión en los componentes pactados, estas familias están trabajando como raspachines en los predios de quienes no se sumaron al programa”

Esta es la razón por la cual se venía reclamando la construcción de un programa alterno al PNIS, que permita una sustitución concertada, pacífica y no forzada de los cultivos de coca y vinculando a las familias de las 16 veredas.

“Si se cumplen los acuerdos y si se construye un programa diferente, que contenga un componente social, sumado a garantizar una economía básica para la población, la pobreza y las condiciones económicas de la región mejorarían”, asegura Barona.

Desde hace varios meses, en las comunidades rurales del bajo Putumayo, se están haciendo ejercicios de erradicación forzada. “En el corregimiento Las Carmelitas y en las veredas La Cumbre y Alto Lorenzo y al interior de las comunidades indígenas, están erradicando de manera forzada. Es decir, no se está cumpliendo con el debido proceso y los planes de contingencia como lo estipula el auto 218 en su literal 10”, cuenta Yuri.

Esta realidad ha hecho que las comunidades, además de elaborar propuestas que han presentado al gobierno, se declaren en asamblea permanente, “exigiendo la atención inmediata del Gobierno. Ellos son conscientes de la necesidad de sustituir el cultivo, por ello piden inversión social, pero bajo la clave del buen vivir”, insiste la diputada.

Sin seguridad ambiental

Otra de las problemáticas de la región y que está ligada a las exigencias del buen vivir tiene que ver con la explotación de recursos naturales. “La explotación petrolera en el Puerto lleva más de 25 años. Y se ha impuesto como única línea de economía local. La consecuencia de ello se ve en el deterioro el medio ambiente, de las fuentes hídricas en donde hacen presencia las plataformas petroleras, además del aumento de la inseguridad para las comunidades, pues, la presencia de estas empresas amerita en una región en conflicto armado, unos diálogos que de no ser concertados con las organizaciones al margen de la ley terminan en guerra”, asegura Yuri.

Quien estaba a cargo de la explotación del mineral anteriormente era el Consorcio Petrolero Colombia Energy y su Operador Vetra, denunciados por la comunidad ante la Procuraduría Ambiental por la contaminación de las fuentes hídricas y los malos manejos en las acciones de descontaminación, así como la no implementación del Plan de Manejo Ambiental, como lo estipula la Resolución 1930 del 2010 expedida por la ANLA. Hoy día la empresa que maneja la explotación del mineral se denomina Grata Tierra, la cual cuenta con las mismas denuncias desde las comunidades.

La violencia policial

Hay denuncias de las agresiones de la fuerza pública, que van más allá de los abusos del Esmad y el Ejército. Para inicios del mes de junio cuando arrancaron las movilizaciones pacíficas y la asamblea permanente, el Esmad agredió brutalmente a los manifestantes y como saldo del ataque brutal murió el joven Arnoldo Muñoz.

Existen tratos crueles e inhumanos, así lo definieron las organizaciones de verificación de los hechos de violencia por parte de la fuerza pública. Uno de esos casos es el de un menor de 15 años y otro de 21 años, quienes manifestaron haber sido retenidos y agredidos física y psicológicamente por un grupo de policías.

Según el relato de los jóvenes, “el día 3 de junio nos dirigíamos hacia la casa, entonces la policía y los del Esmad nos detuvieron, nos agarraron a pata y puño, que nosotros éramos guerrillos, que nos iban a matar. Nos estaban ahorcando, nos taparon la boca, nos maltrataron, nos llevaron donde el capitán Bonilla y él daba la orden de que nos golpearan, que, si no hablamos lo que ellos querían, nos llevaban a un hueco y nos mataban”.

Los jóvenes denunciaron que la fuerza pública quería hacer un falso positivo con ellos: “Hicieron un registro en un libro, y nos dijeron que teníamos que firmar a las buenas o las malas, que nos metían al hueco y nos mataban, eso dijo el capitán Bonilla. Nos colocaron una canana y nos tomaron fotos y videos” Todas estas demandas de la población, siguen a la espera de una respuesta por parte del Estado, que garantice derechos y la vida digna de las comunidades.