Pusilánime, ineficaz y banal

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Posesión de Francisco Barbosa como fiscal general de la Nación, el pasado 13 de febrero de 2020. Foto Presidencia de la República.

El fiscal general es un hombre sin independencia y comprometido hasta la médula con el uribismo. Su gestión no ha mostrado resultados, pero sí se avizora mediocre y empeñada en mantener las causas estructurales de la impunidad en Colombia

Roberto Amorebieta
@amorebieta7

Sin que nadie se lo pidiera, el fiscal general Francisco Barbosa hizo un balance de sus primeros cien días al frente del ente acusador. Es costumbre desde Franklin D. Roosevelt que un mandatario tenga ante la opinión pública un compás de espera de esa duración. En ese tiempo no se le exigen mayores resultados y por el contrario, hay atención y seguimiento a cómo organiza su equipo, cómo plantea su plan de gobierno o cómo se comunica con la ciudadanía.

El fiscal no es un mandatario pues no ha recibido ningún mandato popular, pero igual, como alto funcionario aprovechó la fecha para darse un baño de medios y decir que su Fiscalía ha sido “histórica” por ser la primera en suceder durante una pandemia. Más allá del hecho de que semejante declaración -así como la exaltación narcisista de su hoja de vida en Caracol Televisión- no es más que la exhibición de un ego claramente disminuido, la ligereza de la afirmación -equivalente a decir, parafraseando a Rodrigo Uprimny, que este es un artículo histórico por ser el primero sobre un fiscal durante una pandemia- demuestra que Barbosa tiene poco o nada para mostrar.

Balance insípido

La mayoría de los analistas coinciden en reconocer en Barbosa, al menos, dos aciertos. Primero, oponerse a la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Dicha medida es considerada de populismo punitivo porque no contribuye a resolver el problema de los abusos a menores, pero sí es muy efectiva a la hora de movilizar la indignación ciudadana y conseguir votos. No es sino ver quiénes son los principales promotores de esta medida. Y segundo, no haber intentado sabotear la implementación del Acuerdo de Paz como sí lo hizo con saña y mala intención Néstor Humberto Martínez.

Por supuesto, su indiferencia hacia la paz no debe hacer perder de vista que los asesinatos contra exguerrilleros continúan y que todas las acciones de la Fiscalía han terminado únicamente en identificar a los autores materiales de algunos casos y nunca a los autores intelectuales. Su opinión cambiante hacia el proceso y el manejo amañado de las cifras, presentando estadísticas confusas para mostrar que los asesinatos estaban disminuyendo, tampoco le ayudan a construir credibilidad de su compromiso con la paz. Así, Barbosa asume la misma actitud de Duque frente a la implementación: poner cara de tonto, hacer declaraciones grandilocuentes y no hacer mayor cosa.

Es cierto que de estos cien días, más de la mitad ha sucedido con un país en confinamiento en el que todo se ha ralentizado o incluso detenido. La justicia no ha sido ajena a esa situación, no obstante, el fiscal tampoco ha dado muestras fehacientes de eficacia o independencia, confirmando las sospechas que se tenían de él durante el proceso de nominación.

Ineficaz

No ha dado muestras de eficacia porque continúan los asesinatos de líderes sociales y no se ve la intención de admitir la sistematicidad de este fenómeno. Se sigue investigando cada caso por separado y se ignora la existencia de patrones en la ocurrencia de los homicidios. En otras palabras, se sigue considerando a los asesinatos de líderes sociales como si fuesen por líos de faldas o de linderos y no se admite el carácter de delitos políticos que tienen estos crímenes.

No ha logrado conformar un equipo de juristas respetable y reconocido por la opinión. Uno de los cargos más importantes, el de director anticorrupción, ha sido ocupado por tres personas durante estos cien días sin que, obviamente, se haya podido avanzar en el diseño de una política criminal en ese sentido.

Uno de sus funcionarios más importantes, el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Ramón Jaimes, es un fanático impresentable, cachorro de Alejandro Ordóñez y tristemente recordado por utilizar su cargo como fiscal para perseguir al hoy gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y para intentar desviar la investigación sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.

Independencia cuestionada

Uno de los principales cuestionamientos que se hicieron al nuevo fiscal en el momento de su designación fue que tiene demasiada cercanía con el presidente Duque, lo que podría perturbar su buen juicio cuando hubiese que investigar algo relacionado con el Gobierno o la campaña presidencial.

Y no es un secreto. Barbosa fue compañero de Duque en la universidad, hizo campaña junto a él -fue un importante cuadro de campaña, no solo un asesor ocasional como ahora se quiere presentar-, fue director de la oficina de derechos humanos de Presidencia y fue postulado por Duque a la Fiscalía junto con otros dos buenos amigos del presidente. En resumen, son íntimos.

La independencia del fiscal general es un asunto de crucial importancia para el Estado de Derecho. Por ello, la Constitución de 1991 estableció que cada presidente debe nominar al fiscal que corresponde a su sucesor. De este modo, se intentaba garantizar que el fiscal y el presidente no pertenecieran a la misma “rosca” política. Sin embargo, los articulitos reeleccionistas y las modificaciones que han tenido los periodos de los fiscales generales han trastocado dicho sentido y hemos terminado en el lamentable escenario de que un presidente como Duque nomina para la Fiscalía a alguien de sus entrañas como Barbosa.

El problema para la justicia es que Barbosa tiene un flagrante conflicto de intereses que le impide ser objetivo frente a las investigaciones que involucren a su exjefe y amigo, por lo que debería declararse impedido para conocer casos como la “ñeñepolítica”, la “merlanopolítica” o el intento de invasión a Venezuela.

Por supuesto no lo hará, de manera que, a los congresistas de la oposición, las víctimas y las organizaciones de derechos humanos les corresponderá recusarlo. Los grotescos episodios del llamado a indagación a Claudia López por romper el aislamiento durante la cuarentena y la apertura de una investigación a la campaña presidencial de Gustavo Petro por “ñeñepolítica”, son solo el abrebocas de lo que le espera al país con un fiscal tan comprometido con el poder.

Problema de fondo

No se pretende indagar aquí en el complejo problema de la impunidad en Colombia que ronda cifras escalofriantes del 95% solo en homicidios, pero sí resaltar que parte de ese problema está en la Fiscalía General y el procedimiento de elección del fiscal. El fiscal general es elegido por la Corte Suprema de una terna elaborada por el presidente de la República, lo que sumado a la distorsión en los periodos de los anteriores fiscales ha llevado a que hoy el país tenga un fiscal de bolsillo del presidente.

Hay que modificar dicho procedimiento. En otros países, el fiscal es elegido por el pueblo o su nombre surge de un concurso público. En cualquier caso, debe reformarse la Constitución para establecer un procedimiento transparente y que ofrezca garantías a los ciudadanos y a las instituciones. Este tema no es secundario. La Fiscalía es una de las entidades más importantes del Estado colombiano y pasa actualmente por uno de sus peores momentos de popularidad y confianza entre la ciudadanía, lo que no es sino una muestra de la imperiosa necesidad de reformarla.

Por supuesto, no debe esperarse que el amigo de Duque haga mayor cosa por mejorar la labor de la Fiscalía. Su función allí es similar a la del funesto Néstor Humberto Martínez: ocultar las pruebas y demorar los procesos que involucren a las altas personalidades del poder en Colombia. La diferencia es que el anterior fiscal era un hombre corrupto y malintencionado. Este, en cambio, solo parece ser pusilánime, ineficaz y banal. Un fiscal de bolsillo.

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