Los socialistas, liderados por el secretario general del PSOE, regresan al poder tras ganar una moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy, envuelto en un escándalo de corrupción
Alberto Acevedo
Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, es el nuevo jefe de gobierno del país ibérico, después de que, el primero de julio pasado, una coalición de fuerzas nacionalistas y de izquierda reunieron los votos necesarios para ganar una moción de censura, que sacó del gobierno al presidente conservador Mariano Rajoy, envuelto en un escándalo de corrupción.
El nuevo gobernante socialista prometió sacar adelante una agenda social, que reclaman muchos sectores populares, “recuperar la normalidad política e institucional, regenerar la vida democrática y poner en marcha una agenda social que atienda las urgencias sociales”.
El cambio de mando en el Palacio de La Moncloa, es el epílogo de una crisis inédita en España, en el llamado período democrático. Por primera vez un jefe de Estado es removido del cargo, después de que el parlamento en forma mayoritaria le negó un voto de confianza. Es también la primera vez que el parlamento inviste en el máximo cargo de conducción del Estado a un líder político que no es diputado al parlamento.
Inédita alianza
Y es la primera vez también que el PSOE, que no es ajeno a la crisis institucional, y que por un largo período cogobernó con el Partido Popular de Rajoy, no solo se aparta de su aliado tradicional, sino que protagoniza una inédita alianza con un arco iris de organizaciones políticas de izquierda, los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos, valencianos y canarios.
El nuevo jefe de gobierno es un economista de 46 años de edad, que en 1993 ingresó al PSOE, y en su vida política ocupó cargos como concejal de Madrid y diputado al parlamento. Sin embargo, en años recientes abandonó el máximo cargo de líder de su partido, producto de la misma crisis política que hoy ha producido la debacle del Partido Popular.
El gobierno de Mariano Rajoy había quedado muy mal parado tras la decisión judicial, conocida el 24 de mayo pasado, mediante la cual se profirió orden de captura y anuncio de condena contra 26 personas, integrantes de una red de corrupción, vinculada en su mayoría al gobernante Partido Popular.
Empresa criminal
Los acusados representan apenas los primeros hilos del ovillo de una trama, conocida como el caso Gurtel, cuya investigación, en manos de la Fiscalía Anticorrupción de España, comenzó en 2002, bajo la presidencia de José María Aznar, también del Partido Popular, y que envuelve a una serie de empresarios, que entregaron jugosos sobornos a dirigentes y funcionarios del PP, a cambio de que el gobierno les entregara millonarios contratos.
Esta investigación principal está ligada a otra, conocida como el ‘caso Bárcenas’, que permitió descubrir el manejo fraudulento que el gerente del PP, Luis Bárcenas, llevó a cabo durante mucho tiempo, en lo que se denominó entonces como la ‘caja B’ del partido, a la que llegaban no solo donaciones ilegales, capitales de dudosa procedencia, que nunca se declararon ante las autoridades fiscales, y con los cuales se hicieron pagos y sobregiros, igualmente ilegales, a muchos funcionarios del Partido Popular.
Y aunque las pericias judiciales no vinculan directamente a Rajoy, jefe natural del Partido Popular, sí pusieron en entredicho la consistencia moral de su gobierno. Por cuenta de la aplicación de las recomendaciones de la troika europea, Rajoy defendió la política de ajuste fiscal, de recorte de la inversión social, en aras de ‘salvar’ un modelo democrático estable.
Sin autoridad moral
Resultó insostenible que quienes por muchos años esquilmaron el erario, se apropiaron de jugosas ayudas de la Unión Europea, que malversaron los recursos de contratos públicos, siguieran hablando de moralidad y de democracia.
Rajoy, el mismo día en que se conoció el contenido de la investigación judicial, dijo en rueda de prensa que “el partido Popular es mucho más que diez o quince casos aislados”. Pero precisamente, una de las primeras víctimas de la decisión judicial es la teoría de los orígenes individuales de una corrupción que ha beneficiado por excelencia al Partido Popular. Justamente el fallo judicial habla de la existencia de “una estructura estatal, autonómica y local”, es decir, de una verdadera empresa criminal.
Entre los cargos que se imputa a los acusados, figuran los de cohecho, tráfico de influencias, prevaricato, malversación de fondos y lavado de activos, por una suma inicialmente fijada en diez millones de euros.
