Propongo por lo menos tres elementos para el debate: i) Democratizar el acceso a la tierra. ii) Fortalecimiento de la agricultura y iii) La agricultura frente a los mercados y los TLC.
Jairo E. Rubio
Los desarrollos del proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, llevados a cabo en La Habana (Cuba), dan oportunidad de una reflexión sobre lo que acontece en nuestro precario desarrollo agrario, sobre las decisiones que han inducido estas condiciones así como sobre las propuestas que contribuyan a superar sus insuficiencias, abriendo espacio a las iniciativas de quienes las padecen con mayor intensidad. En tal sentido, propongo por lo menos tres elementos para el debate: i) Democratizar el acceso a la tierra. ii) Fortalecimiento de la agricultura y iii) La agricultura frente a los mercados y los TLC.
Estas propuestas apuntan a la transformación democrática, a erradicar el monopolio de la tierra en manos de pocas personas, en particular el poder hacendario, político-paramilitar y, el excesivo latifundio ganadero que está congelado en los acuerdos parciales. Servirán de punto de partida para la construcción de nuevas relaciones sociales rurales-urbanas encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población excluida, generando una mayor equidad en el acceso de los bienes y servicios materiales y el uso adecuado de los bienes agroecológicos.
Apunta a la articulación equilibrada entre los espacios rurales y urbanos para un nuevo ordenamiento social y ambiental del territorio. “Habrá que negociar consensos políticos alrededor de la demolición de la propiedad latifundista, principalmente ganadera, de la ideología del latifundio y de clientelismo. Abrir la ciudadanía a todos los colombianos y ampliar los márgenes de la soberanía nacional”, dice el analista Mercado Palacios.
1.- Democratizar el acceso a la tierra
La soberanía y el abastecimiento alimentario del país, la estabilización de la producción y de los productores campesinos, las comunidades negras e indígenas; el uso adecuado de las tierras, sin agrotóxicos, con implementaciones agroecológicas; y la protección de los bienes naturales son condiciones indispensables para una paz duradera en el país y únicamente pueden afianzarse en el acceso democrático de la tierra, asegura Darío Fajardo.
Para atender este requisito se concertó entre el Gobierno y las FARC–EP: i) constituir un fondo de tierras, al cual aportaría (el gobierno) los predios incautados a los narcotraficantes, ii) el Estado deberá actuar frente a la concentración de tierras y en ellas, la tierra improductiva, mediante instrumentos fiscales que la desincentive y castiguen en forma efectiva y consistente según las condiciones de explotación. Así se podrá contar con tierras suficientes para posibilitar su entrega efectiva al campesino, quien haciendo uso de su aprovechamiento adecuado garantizará el abastecimiento alimentario suficiente, la superación de la pobreza y la preservación ambiental.
Reconstruir la pequeña propiedad
Las tierras incautadas al narcotráfico, las tierras improductivas o con excesiva extensión para la explotación ganadera recuperadas por el Estado habrán de servir para reconstruir la pequeña propiedad, ampliando su posibilidad de tierras y facilitando el desarrollo de distintas modalidades de acceso, incluyendo las Unidades Agrícolas Familiares (UAF), las formas asociativas y cooperativas, y las unidades empresariales medianas y grandes, siempre acordes a los intereses nacionales. No obstante lo anterior, el gobierno legisla a contracorriente para destinar las tierras baldías al gran capital nacional y transnacional.
La democratización del acceso a la tierra en territorios aptos para los usos agropecuarios favorecerá la reconstrucción de los ecosistemas degradados y la ampliación de los bosques y áreas protegidas. Sin ésta, la marcha de la economía conduce a las poblaciones campesinas y rurales a la migración hacia los centros urbanos, pero existen igualmente opciones para la construcción de la vida, adecuadas y atractivas en los medios rurales, facilitando la formación de instalaciones apropiadas mediante la entrega de recursos para la inversión socioeconómica.
Las víctimas
Se requiere reformular la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, pues parte integrante de la democratización y acceso a la tierra es la restitución de los predios abandonados o usurpados a las víctimas. Es evidente la lentitud que ha caracterizado su aplicación real y material; las dificultades derivadas de los requisitos burocráticos, administrativos y técnicos. Los beneficios derivados del despojo están llevando a aplicar capacidades políticas y armadas para impedir la restitución, como lo expresan la persistencias del paramilitarismo en sus nuevas expresiones, que impide mediante el terror el retorno de las familias despojadas y desterradas (Ponencia de la CND, Foro Política de Desarrollo Agrario, Dic.2012).
Por su parte y en cuanto a las víctimas del despojo y destierro, la sociedad civil (Gramsci) ha de trascender el concepto de restitución para asumir la reparación integral y trasformadora a través de políticas y acciones consistentes en términos de seguridad, dignidad y sostenibilidad en el retorno de las familias desplazadas y configurar bases de no repetición de los agravios.
Será indispensable contar con la organización y participación de las comunidades en la identificación de las tierras usurpadas y de las inadecuadamente explotadas para construir y viabilizar propuestas para la reorganización de las estructuras locales y regionales de producción, que conduzcan a un aprovechamiento adecuado de las tierras en condiciones de sostenibilidad ambiental, para este caso sería necesario impulsar titulaciones colectivas (CRIC, 2012) y contar con la participación de las comunidades con instrumentos como el catastro alternativo impulsado por el Movice.
