Gonzalo Álvarez Henao*
@gonzaloalvarezh
La decisión tomada en torno a la Hidroeléctrica de Ituango, por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA es de una gravedad inusitada, habida cuenta que puede considerarse como el principio del fin del ambicioso proyecto hidroeléctrico situado en el norte de Antioquia, y de paso podemos decir que le pone fin al recreo en que se han mantenido el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, el presidente de la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., y su junta directiva, con la expedición de la resolución número 00820 del 1 de junio de 2018, por medio de la cual se suspenden, de manera inmediata, todas las actividades relacionadas con la etapa de construcción, llenado y operación del embalse.
El gobernador de Antioquia, en lo que tiene que ver con el proyecto, ha venido actuando como un espectador frente a la crisis y la emergencia ocasionada por el taponamiento con unas moles de concreto de unos 30 metros de espesor, de los dos túneles construidos inicialmente, con tres propósitos que pueden resultar temerarios y de mala fe: uno, para borrar las huellas de los derrumbes en el interior de los túneles que al parecer no se construyeron técnicamente y porque no fueron recubiertos internamente; dos, para conseguir que Cementos Argos vendiera muchos sacos de cemento; y tres, para llenar el embalse antes de tiempo, sin que las obras estuvieran terminadas, y de esta manera cobrar 70 mil millones de pesos de una prima por la entrega anticipada del proyecto.
Solicitud de peritos
La primera hipótesis puede tener alguna lógica, si se tiene en la cuenta que lo usual en estos casos es poner en la boca del túnel una compuerta, pero como tenían que borrar toda huella, resolvieron sepultarla con concreto y de paso darle una manito a Cementos Argos.
La ANLA tomó el toro por los cuernos, como tenía que ser, al poner en cabeza de la empresa matriz, la Sociedad Hidroituango, toda la responsabilidad del cumplimiento de requisitos, tales como la contratación de peritos expertos, nacionales o extranjeros, para que emitan un dictamen claro, preciso, detallado y objetivo sobre las condiciones actuales de estabilidad, y no en cabeza del contratista EPM, que funge como tal en el proyecto, y a la vez como contratante.
Esto es lo que dice la ANLA: “La Sociedad Hidroituango, a su costa deberá contratar un perito experto a fin de que emita un dictamen claro, preciso, detallado y objetivo, sobre las condiciones actuales de estabilidad (bajo el escenario de contingencia) y futura (bajo el escenario de operación) de la infraestructura asociada a las obras principales del proyecto Central Hidroeléctrica Ituango, que suministre información suficiente a la ANLA, que le permita tener certeza científica sobre la existencia o no de condiciones de riesgo que pueda derivar en impactos sobre el ambiente, por posibles efectos sobre la integralidad de la infraestructura existente en el proyecto, ocasionando graves inundaciones aguas abajo, con ocasión de la contingencia iniciada el día 28 de abril de 2018.”
La transparencia de Odebrecht
No sobra recordar que a los antioqueños y a muchos colombianos les hicieron creer que EPM había comprado la participación del Instituto para el Desarrollo de Antioquia “IDEA” y el Departamento de Antioquia, en la Sociedad Hidroituango S.A. Lo que compró EPM en una obscura maniobra, fue la posibilidad de adjudicar la licitación a dedo del proyecto hidroeléctrico más importante del país.
Cuando decimos que adjudicaron la licitación a dedo, es porque faltando cinco días para que se cerrara, modificaron las condiciones para que dos de los cuatro consorcios finalistas no pudieran participar y solo quedaran las honestas, eficientes y pulquérrimas Odebrecht y Camargo Correa, como en efecto sucedió. Lo que se conoce es que estas dos empresas llegaron a un acuerdo para que una, con su consorcio, estuviera en la sombra y la otra de cuerpo presente. Esto es, la que se ganara la licitación, partía los beneficios con la otra.
¡Que hubo pago de sobornos, se conocía desde el año 2012! Pero como en este escándalo de corrupción estaba y está comprometida la élite económica y política de Antioquia, lo taparon con el gobernador de esa época Sergio Fajardo Valderrama. Y hoy esta misma élite oculta el escándalo, con su alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga. El mandatario medellinense, tuvo conocimiento de los hechos de corrupción en Hidroituango desde los primeros días de 2017. No se nos puede olvidar que en el mes de octubre del mismo año, la Fiscalía allanó la sede de EPM en busca de documentos comprometedores. Este hecho tan grave también lo cubrieron las élites comprometidas hasta los tuétanos con la corrupción en Medellín y en Antioquia. El alcalde sigue apagando el incendio de Hidroituango, que es lo único que puede hacer después de la decisión que tomó la ANLA, mientras conjuntamente con el gobernador, protegen a los responsables de este indiscutible desastre.
* Presidente del Movimiento Cívico de Medellín y el Área Metropolitana.
