Pretender que los Estados garantes, como en el caso de Cuba, se plieguen a una discutible exigencia policial que reclama la extradición, es pedirles a terceros que tuerzan el espíritu del Derecho Internacional Humanitario. Y esto constituye un delito de perfidia
Alberto Acevedo
Cada vez es más frecuente la aparición de voces sensatas que, a través de uno u otro medio de comunicación, reclaman del presidente Iván Duque y de su canciller Carlos Holmes Trujillo, una política más coherente y respetuosa frente a las relaciones con Cuba y renunciar de una vez a la pretensión tonta y estéril de querer llevar al plano de las relaciones internacionales la solución de un problema esencialmente interno, como es el del manejo de las negociaciones con el ELN.
En el caso de Cuba, esas voces llaman a preservar esa amistad, de larga data, y privilegiar el respeto a tratados internacionales y del Derecho Internacional Humanitario, que guían, o deben guiar, las relaciones entre naciones.
Uno de los más significativos pronunciamientos es el de un grupo de 64 intelectuales que a comienzos de este mes hizo pública una carta al primer mandatario de la nación, alertando sobre una “posible ruptura” de las relaciones entre las dos naciones, por iniciativa de nuestro gobierno. “Sería un grave error”, dice la nota, que la encabezan personalidades como el excanciller Rodrigo Pardo, la escritora Laura Restrepo, Jesús Abad Colorado, Doris Salcedo, Patricia Lara, Juan Manuel Roca, Juan Tokatlián, entre otros.
Otros pronunciamientos
“Ya el Estado colombiano se equivocó cuando, tras un agravamiento de las diferencias mutuas se produjo la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, a pesar de los numerosos temas de interés común entre dos naciones vecinas. Desde entonces la diplomacia serena ha sido reemplazada por la improductiva “diplomacia de los micrófonos”, dice la nota.
Dos firmantes de la carta, Eduardo Pizarro y Hernando Corral, publicaron el 18 de octubre en El Tiempo una nota en extenso, ampliando sus criterios sobre el tema. Insisten en su llamado al presidente Duque a “no romper relaciones diplomáticas con Cuba”. A este pronunciamiento se suman artículos de opinión y notas editoriales de periódicos como El Espectador, El Tiempo, Semana, El Colombiano y otras publicaciones regionales, todos llamando a preservar las relaciones de Colombia con la mayor de las Antillas en el Caribe.
Principio de la confianza mutua
Varias de esas notas de prensa plantean la tesis de que Colombia asume una posición de ‘ingratitud’ frente a Cuba, que tuvo un paciente y destacado desempeño, como facilitador y garante, en varios años de negociación con las FARC hasta que se consiguió la firma de un inédito acuerdo de paz. Que Cuba puede ser interlocutor válido, no solo en futuros contactos con el ELN, sino en eventuales intermediaciones con Venezuela y en otros escenarios internacionales. Y, aunque son argumentos válidos, tiene un cierto sesgo utilitarista.
El problema de fondo es que tanto el presidente Duque, como su canciller, Carlos Holmes Trujillo y el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, en repetidas ocasiones han exhortado al gobierno cubano a que entregue, en calidad de extraditados, a los integrantes de la mesa de diálogos del ELN, bajo el supuesto de que son ‘terroristas’, a raíz del ataque a la Escuela de Policía General Santander en Bogotá.
Tal exigencia arrasa con los principios fundantes del Derecho Internacional en materia de negociaciones entre los Estados y facciones rebeldes, cuando en el manejo de conflictos internos, como el que aflige a nuestro país, el Derecho Internacional deja abiertas compuertas de negociación que se basan en la confianza mutua entre las partes y el respeto a la palabra empeñada.
Y precisamente, la exigencia de Duque a Cuba se lleva por delante esos supuestos de la confianza mutua y de respeto por lo pactado. Los protocolos de finalización del conflicto, suscritos por delegados del ELN y del gobierno colombiano, en presencia de al menos seis delegaciones de países facilitadores, suscrita en Caracas en mayo de 2018, es un documento que se asimila a las normas del derecho internacional y compromete a los Estados, no solamente a los gobiernos de turno.
Torcer el espíritu del DIH
Por eso es una torpeza, hacer afirmaciones como la de que los acuerdos con el ELN y en general los acuerdos de paz, fueron suscritos por el anterior gobierno y no comprometen al actual. Es una actitud infantil y de mala fe. Pero, además, pretender que los Estados garantes, como en el caso de Cuba, se plieguen a una discutible exigencia policial que reclama la extradición, es pedirles a terceros que tuerzan el espíritu de la normatividad internacional, del Derecho Internacional Humanitario. Y esto constituye un delito de perfidia.
A estos antecedentes funestos, o precisamente por ellos, se suman una serie de consecuencias internacionales que le restan credibilidad y ponen en entredicho la política internacional de nuestro país. Uno de ellos es que la actitud hostil de la cancillería colombiana hacia Cuba, constituye un atentado contra cualquier proceso de paz futuro en nuestro país. Ni los grupos insurgentes ni la comunidad internacional van a depositar su confianza en un país que no respeta los protocolos internacionales.
Estrategia temeraria
Otro escenario posible, es si la exigencia colombiana a La Habana no se queda simplemente en la intención de ‘elenizar’ las relaciones con ese país, sino que va más allá. Por ejemplo, en la idea de hacer aparecer a Cuba, por cuenta de Washington, como un país que “protege a organizaciones terroristas”, y facilitar que la Casa Blanca después incluya al gobierno cubano en la lista de países que protegen este delito y deslegitimar su acreditada política exterior e incrementar nuevas sanciones y planes desestabilizadores contra la isla.
Colombia, en ese ambiente de hostilidad hacia la Isla de la Libertad, no ha definido, según publicación de El Tiempo, cuál va a ser su posición frente a la próxima votación en las Naciones Unidas, en torno a la condena del bloqueo económico a Cuba. No suscribir la condena sería una posición que no tiene antecedentes en la diplomacia colombiana y nos colocaría a la altura de países genocidas como Israel. Tales, entre otras, son las consecuencias de la errática política internacional del actual gobierno de Iván Duque.
