La propuesta de urbanizar la reserva Van der Hammen, el manejo del botadero de basuras de Doña Juana o la urbanización clandestina de los Cerros Orientales son aspectos de los cuales deberá ocuparse el nuevo POT bajo la administración de Claudia López
Alberto Acevedo
Finalmente, la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, se salió con la suya, en su exigencia al mandatario de la ciudad, Enrique Peñalosa, para que se abstenga de aprobar por decreto el Plan de Ordenamiento Territorial para la ciudad, que sería su carta de navegación en materia de crecimiento y planeación urbana, hasta el año 2025.
Posterior a esa petición, se produjo la decisión de la Comisión del Plan del Concejo de Bogotá, de sepultar el proyecto de Peñalosa, y dejar en manos de la futura gobernante local su diseño definitivo. Peñalosa tendría la facultad legal para aprobarlo, pero fue un paso que no se atrevió a dar ante su creciente impopularidad. “Sería una falta de respeto que se nos imponga un POT por decreto”, aseguró en ese momento la mandataria electa.
Hasta el día de las elecciones, no eran muchas las ideas que se conocían de lo que pudiera ser una propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial de la nueva alcaldesa. En posteriores entrevistas a diversos medios de comunicación, expresa ya una serie iniciativas interesantes. Por ejemplo, la defensa de la reserva forestal Thomas Van der Hammen, que Peñalosa pretendía atravesar con una avenida y urbanizar una parte del terreno protegido.
Un POT desconectado
Otras propuestas de la mandataria electa tienen que ver con la idea de extender el crecimiento de la ciudad hacia el occidente, y no hacia el norte, como pretendía Peñalosa, además de una revisión de las estrategias de movilidad, que tienen que ver con la construcción del metro, con nuevas líneas de Transmilenio, y otros mecanismos de movilidad masiva para aliviar el transporte de centros urbanos como Soacha, entre otros.
Una de las iniciativas más interesantes de la alcaldesa electa es que el contenido de un nuevo POT sea ampliamente discutido y consensuado con las comunidades. Es una idea a la que hay que apoyar. Lo que se le critica a Peñalosa en este sentido, es que el actual POT es producto de su visión personal del crecimiento de la ciudad, y no de consultas con la comunidad. Inclusive, señalan algunos estudiosos, el actual POT está desconectado del anterior, y no se puede proyectar el futuro de la ciudad partiendo desde cero.
Durante casi cuatro años, el gobierno de Peñalosa se mantuvo al margen de la opinión ciudadana. Y su POT, de haber sido aprobado por el Concejo, hubiera corrido el mismo riesgo.
Política de crecimiento
En este contexto, hay asuntos medulares que es necesario estudiar y corregir. Por ejemplo, la Secretaría Distrital de Planeación, en cifras aportadas al POT, sostiene que entre 2019 y 2031, la población bogotana crecerá en cerca de un millón de personas y se formarán cerca de 900 mil nuevos hogares. Estos requerirán soluciones en servicios públicos, transporte, escuelas, recreación, deportes.
Aspectos como este necesitan que el POT defina si el crecimiento futuro de la ciudad será en forma vertical, construyendo edificios cada vez más altos, o en forma horizontal, expandiéndose. Si lo hace de esta última manera, crecerá exponencialmente el problema del transporte público.
La Secretaría de Planeación de Bogotá dispone de estadísticas que indican que el 24 por ciento del suelo urbanizado en la ciudad nació de la informalidad, y que esa es la tendencia hacia el año 2031. Entre los años 2000 y 2016 se transformaron 382 hectáreas de suelo en asentamientos informales, cifra que equivale al 5.5 por ciento del crecimiento de la ciudad en ese período. En 2010, la Secretaría del Hábitat identificó 13.645 ocupaciones ilegales, y el año pasado estas ascendieron a 25.568.
A los extramuros
El POT de Peñalosa reconoce que, en lo relacionado con demanda de vivienda, para el año 2031 se crearán 23.000 nuevos hogares con ingresos menores al salario mínimo (3 por ciento de los nuevos hogares en la ciudad), no podrán acceder a vivienda formal, y deberán irse a la periferia. El plan de Peñalosa reconoce el problema, pero no plantea ninguna solución para ello.
Para el resto de hogares de bajos ingresos, que superan ligeramente el salario mínimo, las soluciones peñalocistas los llevan a vivir en zonas de riesgo, como el borde del río Bogotá, con el programa Ciudad Río, y en el Plan Zonal de Usme. En los barrios de origen informal ya legalizados, subsisten problemas de hacinamiento, aumentando la ocupación y el número de familias en condiciones de desempleo y falta de salud y educación. Como en los casos de Tibabuyes, El Rincón, Patio Bonito, entre otros. El POT de Peñalosa no toma en cuenta estos factores de informalidad.
Otros núcleos de análisis hacen relación a la movilidad y el medio ambiente, en los que el plan de Peñalosa no está ajustada a la realidad. La propuesta de urbanizar la reserva Van der Hammen, el manejo del botadero de basuras de Doña Juana o la urbanización clandestina de los Cerros Orientales, son aspectos de los cuales deberá ocuparse el nuevo POT bajo la administración de Claudia López.
Defensa del medio ambiente
Finalmente, examinar el problema de la movilidad. Con la construcción del metro, las tarifas serán más costosas, y Transmilenio seguirá siendo el modelo predominante para los próximos años. Las líneas del metro serán paralelas a las de Transmilenio, y en esas condiciones, el metro no será eje estructural de la movilidad.
En estas condiciones, resultan incongruentes ideas como aliviar los trancones, facilitar la entrada a Bogotá o mejorar el tiempo en que el usuario permanece en el bus en sus desplazamientos. O la idea un tanto ilusa de convertir a Bogotá en la capital mundial de la bicicleta, en una ciudad en la que se roban entre 10 y 15 bicicletas cada día.
Urbanistas de reconocida trayectoria dicen que el nuevo POT deberá definir si la ciudad construye una nueva cárcel, o se amplían las actuales, o si en una política audaz de inclusión se asume como una prioridad el fortalecimiento de la justicia social. Y queda por definir además un manejo ambiental global, revisando las propuestas de expansión de la ciudad hacia el norte, donde la alcaldesa electa ha dicho que no permitirá, que se urbanicen esos terrenos.
