Por una política pública del sector campesino

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Los colombianos consumimos más de 60 millones de toneladas de alimentos de las cuales 14 millones de toneladas son importadas. Foto Boris Orjuela.

Redacción Campo

El pasado 5 de mayo las organizaciones campesinas en acompañamiento de senadores de la bancada alternativa, realizaron la audiencia pública sobre la política pública a favor del campesinado. El evento se llevó a cabo en el Salón Constitución del Congreso de la República y contó con la participación de Fensuagro, ACIT, Anzorc, CNA, CIMA, entre otras organizaciones regionales.

Se hicieron presentes la senadora Aída Avella, y los senadores Pablo Catatumbo, Feliciano Valencia y Alberto Castilla. Por el Gobierno nacional participó el viceministro de Agricultura, el subdirector del Dane, el Ministerio del Interior y funcionarios del Ministerio Público Agrario.

El objetivo fue hacer un balance de la implementación del artículo 253 del Plan Nacional de Desarrollo – Ley 1995 de 2018, donde se establece la política pública del sector campesino.

La mayor dificultad para la construcción, definición y desarrollo de una política pública del campesinado ha sido el Gobierno, incapaz de implementar su propio plan de desarrollo.

Dilaciones, trampas, reuniones inoficiosas, una ruta sin objetivos ni destino claro y restricciones para garantizar una participación democrática han caracterizado los cerca de cuatro años del Gobierno de Duque para no implementar el artículo 253 de su propio Plan Nacional de Desarrollo.

La senadora Aída Avella propuso pasar a la ofensiva y junto con la gente construir una política de Estado que reconozca a los campesinos en todas sus dimensiones. Hay suficientes insumos para formularla: audiencias, foros, opiniones de profesores y académicos, la comisión de expertos, la declaración de Naciones Unidas, los acuerdos incumplidos de los últimos gobiernos, la resolución 464, pero sobre todo, la fuerza movilizadora de las organizaciones campesinas.

Ante la incapacidad y nula voluntad del gobierno, la respuesta es la audacia del movimiento campesino. En el ocaso del uribismo, la aspiración se concentra en un posible nuevo gobierno que pacte con el campo su transformación y la redistribución de la tierra para quienes la trabajan. Un proceso político que se comprometa con la reforma agraria y acoja la definición del campesinado que ha hecho la comisión de expertos.