Una ley de desarrollo rural y agropecuario, democrática e integral, sobre la base de los pliegos de la MIA y la Cumbre para el logro de una verdadera equidad social
Nelson Viloria Larios
Con el inicio del segundo gobierno de Juan Manuel Santos se deben levantar con mayor fuerza las propuestas planteadas desde los pliegos de exigencias de la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo (MIA) y las conclusiones de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular.
Ante la indiferencia del presidente Santos a los pliegos de exigencias de la MIA y la Cumbre, no le queda más alternativa a las distintas expresiones del mundo rural que la organización, educación y movilización popular para buscar un país que realmente sobrepase las falsas propuestas del actual Gobierno en el logro de la equidad para los campesinos, los afrodescendientes, indígenas y los sectores populares. “A los campesinos les seguiremos cumpliendo”, dijo Santos. Solo con el levantamiento del receso del paro nacional rural y popular le reiteraremos al presidente sus incumplimientos con los campesinos.
Sin el cambio de modelo neoliberal existente, un campo sin campesinos, no podrá existir equidad social. La locomotora minero-energética, las políticas agroexportadoras, la extranjerización de la tierra, la producción agrícola para biocombustible, el mercado interno para la inversión extranjera, entre otras, contribuyen a profundizar la desigualdad social, la centralización y concentración del capital cada vez más en pocas manos, a profundizar la exportación de capital, a feriar nuestros recursos naturales y su deterioro, la pérdida cada vez mayor de la autonomía y soberanía alimentaria.
Alternativa popular
Una nueva ley de desarrollo rural y agropecuario, democrática e integral, que recoja los elementos más importantes de los pliegos de exigencias de la MIA y la Cumbre son los instrumentos para el logro de una verdadera equidad social. El desmonte de la actual legislación agropecuaria del país es una urgencia para el logro de la paz con justicia social. Se ufana el presidente en señalar que se aprobará un presupuesto para el sector agropecuario nunca antes visto, será otro engaño más.
La legislación sobre los Fondos de Fomentos Agropecuarios, las Epsagros, los proyectos productivos como se tiene establecido, el Pacto Agrario, las políticas de las Umatas y las secretarías de Agricultura, mercado de tierras, los intermediarios en la comercialización de los productos y muchísimos otros temas, tienen que ser derogados y generar una nueva legislación agropecuaria para la justicia social.
Lo anterior unido a nuevas instituciones agropecuarias cuyas funciones principales son acabar con la pobreza y la miseria de los trabajadores del campo, la soberanía y la autonomía alimentaria, y el fortalecimiento del mercado interno a favor de las familias más pobres y vulnerables de los centros urbanos y el desarrollo científico, técnico, tecnológico y biotecnológico de la producción agropecuaria sobre la base de los recursos naturales, nativos, y la puesta al servicio de los más pobres de los más de 35 mil registros de semillas nativas con que cuenta el ICA.
Asamblea nacional constituyente
El presidente habló de “reimaginar el contrato social que hemos heredado, y las instituciones y políticas que nos han regido”, y más adelante dijo: “Colombia necesita un nuevo pacto social”. Este nuevo contrato social, pacto social, no se logra vía referendo. Es una asamblea nacional constituyente, democrática y popular quien apruebe una nueva Constitución política, que refrende el nuevo contrato social, el nuevo pacto social.
Reconocer los derechos políticos de los campesinos por parte de Santos debe ser el primer paso para un nuevo pacto social. Una y otra vez, este mandatario se ha negado de manera reiterada a dicho reconocimiento. De ahí que las organizaciones agrarias de la cumbre han declarado el saboteo al censo agropecuario porque desconoce a los campesinos.
Nuevo pacto social que respete la autonomía de las comunidades rurales en el establecimiento de las zonas de reservas campesinas; a las zonas campesinas de producción de alimentos en las tierras dedicadas a la especulación, al latifundio productivo u ocioso o inadecuadamente explotadas, para la producción de alimentos y demás formas de ordenamiento del territorio por parte de las comunidades rurales; subsidio, seguro de cosecha, transporte a la producción de la economía campesina, compra por parte del Estado de la producción campesina; pensión, riesgos profesionales para los campesinos asumidos por el Estado; defensa del agua, el páramo y recursos naturales, son algunas medidas para una nuevo pacto social a través de la asamblea nacional constituyente.
