¿Por qué se oponen a modernizar el campo?

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En 200 años de vida republicana tan solo se han realizado tres censos agropecuarios. Foto Agencia Prensa Rural

El país carece de información sobre concentración de la tierra. Un proyecto de ley quiere crear los instrumentos para conocer cuántos dueños hay y qué cantidad de tierra tienen, pero los gremios se resisten

Jaime Osorno
@CocoOsorno

La política pública agraria y rural ha estado diseñada “a ciegas”, sin información disponible para que los tomadores de decisiones puedan hacer uso de esta. Se necesitaron 40 años para realizar el tercer Censo Nacional Agropecuario en el 2013. Doscientos años de vida republicana y tan solo se han realizado tres censos agropecuarios.

Esta ausencia de información justifica la postura gubernamental que en Colombia no podemos hablar de concentración de la tierra, que no hay datos oficiales, ni estudios “serios” que demuestren que hay una concentración de la propiedad rural; de ahí su base argumentativa de una ausencia de la política pública redistributiva de la tierra rural, “porque simplemente no es necesaria”. Esta es la sentencia que han hecho desde el oficialismo estatal.

La oposición de los gremios

En la actual legislatura, la comisión quinta del Senado de la República ha discutido en tres oportunidades el Proyecto de Ley de autoría de la senadora Aida Avella, “Por medio del cual se adopta una política de Estado a cargo de la UPRA y el DANE para crear el índice oficial de distribución de la propiedad rural y tenencia de la tierra y se toman medidas para el acceso a la información de tierras rurales”. En la última oportunidad, luego de votar dos veces, persistió el empate en la votación.

El 16 de junio se termina la legislatura y si no es aprobado el proyecto será archivado. Tiene tan solo dos semanas de vida y una férrea oposición por parte del poderoso gremio de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, sumado a una campaña sucia en redes sociales que desinforma sobre el propósito de la iniciativa legislativa. El gremio más poderoso del agro asaltó la comisión quinta a último momento, luego de 11 meses de estar radicado el proyecto de ley, allegando un flojo concepto pidiendo no ser aprobado.

El país necesita el instrumento

El escrito de la SAC no hace referencia a la necesidad de información oficial sobre la distribución de la propiedad rural, mostrando un evidente desprecio a la información oficial, verídica y en tiempo real de la forma en que está distribuida la tierra en Colombia. Es clara su oposición a tener una mayor transparencia en la información sobre la distribución de la tierra.

El objeto del proyecto es simple, busca que el Estado tenga un instrumento estadístico: el índice oficial sobre la distribución de la propiedad rural y tenencia de la tierra, como política de Estado, con facilidad de acceso para la formulación de políticas públicas del sector y que contribuya con información para la evaluación y el seguimiento del comportamiento de la distribución de la tierra en el país, observar y evaluar la estructura de la tenencia de la tierra rural.

La Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, UPRA, en coordinación con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, serían las entidades encargadas de construir y publicar el índice oficial de distribución de la propiedad rural y tenencia de la tierra.

Beneficios

Se pretende articular la información que tienen, la Agencia Nacional de Tierras, ANT, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, y catastros descentralizados y la Superintendencia de Notariado y Registro, SNR, y con ello determinar cuántos dueños hay y que cantidad de tierra tienen.

El índice de distribución es un dato estadístico que tiene como propósito publicarse cada año, con criterios territoriales, ambientales, espaciales-geográficos, que se articule con el catastro multipropósito, el ordenamiento social de la propiedad y los programas de acceso a tierras.

Con esta información se benefician entidades del sector agricultura, planeación, formuladores de política pública agraria y rural, entidades territoriales, autoridades ambientales, investigadores, académicos y analistas de la ruralidad y sector productivo rural entre otras.

Así mismo, será útil para la planificación rural y focalizar esfuerzos e inversiones, identificar potencialidades y oportunidades, actualizar la Unidad Agrícola Familiar, UAF, proteger los suelos agropecuarios y mantener actualizado el inventario de suelo; será un valioso insumo de información para las entidades territoriales y autoridades ambientales y agrarias encargadas de la implementación de los programas de acceso a tierra, logrando una mayor eficiencia en focalización de la política de fomento, subsidios y financiación agropecuaria y en general dar cumplimiento a los postulados constitucionales especialmente en sus artículos 64 y 80.