El quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP se conmemora en medio de una situación preocupante. La administración de Iván Duque ha reducido los recursos que debían destinarse a la paz, lo cual constituye su saboteo bien calculado. Por supuesto este hecho corresponde a la decisión de hacer trizas la paz e imponer la guerra. Tragedia para el país, beneplácito par el Centro Democrático´.
Mientras tanto, su bancada en el parlamento hace ingentes esfuerzos para minar políticamente lo acordado en 2016, siendo el principal blanco de sus arremetidas el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Entre tanto, continúa impunemente el asesinato de los excombatientes, de los reinsertados. ¿Y las Fuerzas Armadas? Ahí ofreciendo recompensas para ocultar su ineficacia, o es ¿acaso complicidad?
Duque, cuyo partido juró hacer trizas el Acuerdo de Paz si ganaba las elecciones, dejó atónita a la sociedad colombiana. Con un cinismo pasmoso, el primer mandatario en su discurso ante la ONU el 21 de septiembre, habló de la importancia de la reparación de las víctimas, del desarrollo rural y la regularización de la propiedad en el campo, todos elementos de un compromiso por el que dijo estar trabajando para cumplirlo.
El colmo del descaro del Presidente agradecerle a la Misión de acompañamiento y de verificación de la ONU, entidad a la que desde el inicio de su mandato ha atacado por su apoyo a la institución de justicia transicional y por sus informes críticos sobre la implementación del Acuerdo de Paz.
Aunque el cinismo de Duque expresado públicamente la semana pasada ante la ONU, responde a las maniobras desesperadas de un gobierno cipayo con una diplomacia muy torpe para recuperar la aprobación estadounidense, es muestra también de que la salida negociada al conflicto es apoyada por la comunidad internacional, y de que el Acuerdo no se puede destruir tan fácilmente porque cuenta con pleno reconocimiento y total apoyo de la comunidad internacional y ya hace parte del desiderátum nacional.
El Acuerdo de Paz, con el que se concluyó un proceso de negociación de cinco años, trasciende históricamente no solo porque con él se buscó solucionar una confrontación armada de más de medio siglo de duración, sino porque creó un escenario propicio para reconocer las causas del conflicto en aras de la no repetición. Y es de seguro este aspecto del acuerdo el que más temor genera entre las fuerzas reaccionarias que quieren ver al país sumido nuevamente en un ciclo de guerra porque de ella derivan grandes beneficios pecuniarios y políticos.
El hondo impacto del acuerdo firmado hace cinco años también puede identificarse en la importancia que le depara la sociedad colombiana a la convivencia y a las posibilidades de desarrollo económico y humano que ella trae consigo sobre la importancia de la paz. No olvidemos que cuando los promotores del “No” cantaban victoria obtenida por un reducido margen en un plebiscito que contó con una abstención de más del 60%, la juventud salió a las calles a exigir un futuro sin guerra.
Muchos les reprocharon no votar, pero pocos fueron capaces de reconocer que tal vez sus actos de movilización fueron fundamentales en el logro del acuerdo. Además, la movilización fue una expresión del cambio en la percepción del conflicto armado y una nueva manifestación política.
Mientras el uribismo está desprestigiado, sus intentos de aniquilar la paz han resultado fallidos porque ha prevalecido la racionalidad del Acuerdo y anhelo y necesidad de paz de los sectores sanos y honestos del país. La paz no ha naufragado por el compromiso, esfuerzos e iniciativas de las organizaciones sociales y populares para defenderla. También es significativo el aporte de los excombatientes de la extinta guerrilla de la FARC.
La voluntad de paz de los excombatientes se muestra de una manera dramática, cumplen sus compromisos de trabajar pacíficamente y enfrentan el riesgo de exterminio sin retomar las armas que antes usaron hábilmente.
Ahora es necesario reabrir los diálogos con el ELN, así como iniciar nuevas negociaciones con las disidencias, la tarea fundamental será construir confianza con combatientes que en su momento se habían comprometido con la paz, pero que ante la falta de garantías decidieron volver a las armas.
Por otra parte, la experiencia internacional, la academia y la experiencia nacional demuestran que no pude haber paz total y duradera si no se eliminan las desigualdades sociales que aquejan al 38 por ciento de los colombianos. El principal obstáculo para lograr este propósito nacional es que el Gobierno está monopolizado por una oligarquía excluyente, parásita y concentradora de la riqueza nacional y explotadora de los trabajadores, verdaderos forjadores de esa riqueza.
Para lograr la paz necesitamos democracia y equidad, pero esto solo es posible si superamos las políticas neoliberales, que favorecen a las grandes trasnacionales en detrimento de los intereses de la nación colombiana y su pueblo. Lo cual implica la miseria de millones de trabajadores y la destrucción de nuestro medio ambiente. Ese es el problema, y la solución está en nuestras manos. Procedamos, que el futuro es nuestro y debemos comenzarlo en las elecciones del 2022.
