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Por la defensa de La Macarena, La Uribe y San Vicente del Caguán

Una vez más se pone de presente la política de despojo hacia las comunidades indígenas, de negritudes y campesinas, so pretexto de recuperar tierras supuestamente de propiedad de la guerrilla.

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Luis Eduardo Betancur

A raíz de la resolución 00810 de marzo 19 de 2.015, expedida por Incoder: por medio de la cual se inicia recuperación de un baldío, en San Vicente del Cagúan, departamento del Caquetá, La Macarena, Uribe y la confluencia de los ríos Ariari y Guayabero, departamento del Meta.

Una vez más se pone de presente la política de despojo hacia las comunidades indígenas, de negritudes y campesinas, so pretexto de recuperar tierras supuestamente de propiedad de la guerrilla. Son distintas las modalidades y los argumentos, que a través de la historia, han esgrimido los verdaderos dueños del poder económico y político de este país.

Si fue en la denominada violencia de los años 50, el pretexto fue la incompatibilidad de convivencia entre liberales y conservadores y las cuentas fueron claras en la época; de cada 10 habitantes, 7 vivían en el campo, eran agricultores campesinos, dueños de sus pequeñas parcelas, al cabo de 12 años, quedaron de cada 10 solo 3 y los demás fueron: unos desaparecidos, otros asesinados y los que lograron sobrevivir, hoy ocupan los cinturones de miseria en poblaciones y ciudades, otros se refugiaron en zonas de colonización y otros se alzaron en armas.

Con el argumento de las repúblicas independientes, se repitió la historia en Marquetalía, esta vez se agregó el intervencionismo directo de los EE.UU, que no solo desplegaron la invasión guerrerista, contra esa región, sino contra todas las regiones de su entorno y podemos asegurar que parte de esas decenas de miles de campesinos despojados y desplazados, se convirtieron posteriormente en colonos de las ricas tierras del pie de monte de los llanos orientales, ubicadas, principalmente en el Meta y norte del Caquetá.

La Macarena, Uribe y la confluencia de los Ríos Ariarí y Guayabero, en el Meta y San Vicente en el Caquetá, se convirtieron en el refugio de miles de colonos, sobrevivientes de la violencia, el despojo y el desplazamiento forzado, provenientes de los territorios ya mencionados y hoy se repite la historia, con el argumento de ocupación de baldíos, mal habidos y supuestamente en manos de la guerrilla.

El servicio de inteligencia, en contubernio con el Incoder, el IGAC, el Agustín Codazzi y la Procuraduría Agraria, hizo un supuesto estudio de ilegalidad de posesión de baldíos, que es equivalente a ilegalizar los asentamientos humanos que existen en esta extensa y rica región, para construir los argumentos, que le permitan generar un nuevo despojo y desplazamiento masivo de colonos; hoy pequeños y medianos finqueros, que en más de 40 años de sacrificio y trabajo, hemos logrado construir un patrimonio para la supervivencia familiar.

Cabe recordarles a estos empleados con sueldo del Estado y al servicio de los grandes latifundistas y trasnacionales petroleras, que el estado contradictoriamente a su misma política de despojo, desde el mismo momento de los primeros asentamientos de colonos, empezó a legalizarlos, no solo en esa región, sino siempre ha sido así en toda la historia de la colonización en Colombia.

¿En qué consiste la legalización de los asentamientos de colonos y campesinos?, consiste en que con la tímida presencia social del estado pero de todas maneras, con inversiones del erario público, se hacen vías de comunicación, escuelas, internados, puestos de salud, se sisbeniza a los habitantes, se les expide personería jurídica a todas las asociaciones, incluyendo juntas comunales y demás, se expiden licencias de comercio, se cobran impuestos por esta actividad, se cobra catastro, se organizan elecciones, se ponen mesas de votación, las comunidades construyen caseríos, se les dota de acueducto y energía, se conforman las inspecciones de policía etc., y después de ese proceso de formación de territorio y territorialidad, aparecen los sabios al servicio del gran capital, señalando, que quienes se encuentren allí, serán objeto de expropiación.

El primer tufo que podemos percibir de la mencionada resolución y el publicitado programa de Caracol, denominado: “Los Informantes ”, que fuera transmitido el 9 de agosto del presente año, a las 8 pm y a juzgar por la acuciosidad de la inteligencia militar, esto tiene un tinte de propaganda antiinsurgente. El segundo tufo, es que el actual gobierno, defensor de los terratenientes y latifundistas, cuya mayoría de tierras acumuladas, han sido producto del despojo y la violencia, no pretende afectarlos para la llamada restitución de tierras a favor de las víctimas.

Este gobierno descubrió que la mejor forma de matar tres pájaros de un solo tiro era: 1) propaganda mediática en contra esta vez de las FARC, 2) nutrir el banco de tierras del estado, mediante el despojo; de quienes históricamente en su mayoría ya habíamos sido víctimas del mismo flagelo y 3) porque curiosamente, la mejor forma de garantizarle a las trasnacionales los campos libres de obstáculos para que estas emprendan las exploraciones petroleras, por ende el saqueo de nuestras riquezas naturales y el deterioro total de las fuentes hídricas y el medio ambiente, es propiciando el desplazamiento masivo de sus habitantes.

Frente a esta nueva amenaza, todas las organizaciones sociales con asiento en las regiones de la Macarena, Uribe y la confluencia de los ríos Ariari y Guayabero, en unión con los amenazados de San Vicente del Caguán, debemos ponernos en máxima alerta y en pie de lucha, para evitar que so pretexto que es un solo baldío ilegalmente ocupado, supuestamente por la guerrilla, empiecen la nueva masacre patrimonial y poblacional contra los otrora colonos; hoy pequeños y medianos finqueros, que constituimos la gran despensa agrícola, pecuaria y lechera de esta amenazada región.

Firman:

Ascal G, Corpoyarí, Asopepro, Comunidades Indígenas del Yarí, Aspromacarena, Ascatragua, Agrogüéjar-Cafre, Agrocun, Corpoamen, DHOC, Mucapoc, Asocampoariari, Ascagroan, y demás organizaciones de las regiones afectadas, incluyendo juntas comunales etc. Deberíamos de propiciar una firmaton, que la conozca la opinión pública y que además sirva para desenmascarar las verdaderas pretensiones del gobierno.

Por la defensa de la tierra, el territorio y la territorialidad, ni un paso atrás:

¡Siempre adelante!

REMA-ACPP

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