Mientras 4.4 millones de bogotanas y bogotanos viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, el Distrito transfiere 2.1 billones de pesos para garantizar el negocio de las familias dueñas del transporte público masivo. Claudia López miente sobre la “renta básica” para la población vulnerable
UAN Heidy Sánchez
El gobierno distrital de Claudia López denomina a su modelo de ciudad como “Bogotá cuidadora”. Sin embargo, mientras la pandemia agudizaba la crisis del sistema económico del país y la ciudad, la administración no aseguró un confinamiento digno para las personas más vulnerables con el fin de salvaguardar sus vidas.
Es más, garantizó los negocios de los más ricos con tal de que no perdieran en medio de las dificultades. Para corroborar lo anterior, hay que empezar recordando cómo Bogotá aumentó dramáticamente sus niveles de pobreza en el 2020.
Aumento de la pobreza en Bogotá
De 2019 a 2020 Bogotá sumó más de 1.1 millones de personas nuevas en condición de pobreza, llegando a un total de más de 3.3 millones de personas pobres. Y en pobreza extrema, la capital añadió más de 764 mil personas nuevas, para un total de más de 1.1 millones de personas en esta situación.
Es decir, en 2020 Bogotá completó alrededor de 4.4 millones de personas en condiciones de pobreza. Cerca del 50% de los habitantes de la ciudad no eran capaces de reunir 455 mil pesos para sobrevivir el mes. Precisamente esto fue lo que simbolizaron las banderas rojas en los barrios populares. El hambre física que las personas estaban sintiendo, buscando que el gobierno les ayudara. Sin embargo, a la gran mayoría esta solución nunca llegó.
El Ingreso Mínimo Garantizado
Más allá de los servicios sociales prestados por la Secretaría de Integración Social que tienen un alcance limitado, la respuesta insignia de esta administración para enfrentar la crisis fue la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado, IMG. Por medio de esta, conjunto con la nación, de marzo de 2020 a febrero de 2021 se lograron realizar varios giros con los que se benefició a un poco más de 2.6 millones de personas pobres y vulnerables.
De entrada, se puede ver lo insuficiente de esta política de choque pues la pobreza ascendió a 4.4 millones de personas y el IMG tan solo llegó a cubrir a un poco más de la mitad de las personas afectadas.
Así, el primer giro de 2020 realizado en marzo en promedio garantizó alrededor de 115 mil pesos mensuales por dos meses a un hogar conformado por tres personas. ¿Cómo se supone que un hogar de estas características puede sobrevivir un mes en Bogotá con 38 mil pesos por cabeza? A esto la alcaldesa tuvo el descaro de llamarlo ante los medios como “Renta Básica”.
Por su parte, el cuarto giro hecho en octubre de 2020 garantizó en promedio un poco más de 70 mil pesos mensuales por dos meses para un hogar de tres personas, es decir, casi 23 mil pesos por cabeza para pasar el mes. De este modo se completaron nueve meses de crisis, mientras aumentaron exponencialmente los índices de inseguridad.
En lugar de implementar una verdadera renta básica transitoria para amortiguar la situación, las salidas que planteó la administración fueron la de militarizar la ciudad o la de culpabilizar de la delincuencia a la población migrante.
Lo cierto es que este cuarto giro con el que la gente pobre llegó a diciembre de 2020 tan solo benefició a un poco más de 1.6 millones de personas, contra una pobreza de 4.4 millones de personas, por lo que llegó un punto en el que no se respetó ningún tipo de las modalidades de confinamiento que improvisó la alcaldía pues tocaba salir a arriesgarse y rebuscar para poder comer. En consecuencia, en Bogotá se configuró una situación en la cual ser de estrato uno implicaba que hubiese 150% más de riesgo de morir por covid-19 que si se era de estrato seis. Y así empezó el 2021, año en el que el alcance del IMG fue aún menor.
Un paro producto del hambre
En 2021, el tercer giro monetario fue realizado en marzo para cubrir un mes garantizando 120 mil pesos por hogar de tres personas, o sea, 40 mil pesos por cabeza. Pero lo más preocupante no fue el monto pírrico que se siguió entregando, sino que este giro solo llegó a beneficiar a un poco más de 437 mil personas. Es decir, solo se llegó a cubrir el 9,7% del total de las personas que se encontraban en situaciones de pobreza en Bogotá. De los menores alcances del programa hasta ese momento.
Por eso fue que se desató un paro nacional en abril. El estallido social fue provocado por la pobreza y la precaria respuesta que dieron el Gobierno nacional y distrital. El paro no fue invento de la guerrilla, de las primeras líneas, de los sindicatos o de la izquierda, como nos lo quisieron hacer creer. El paro nacional que sacó a miles de personas a las calles fue producto de la dura situación vivida por la mitad de la población y el hambre de la gente más pobre.
En el Concejo insistimos en que era necesario avanzar hacia una renta básica transitoria que cubriera a la población vulnerable, por lo menos lo que correspondía a una línea de pobreza, pero la administración siempre lo desestimó.
No había necesidad de ser una experta en economía para saber que la mejor forma de ayudar a las personas más vulnerables a superar la crisis era invertir e implementar una adecuada política social, pero eso no fue lo que sucedió. Entonces, ¿para dónde se fue la plata de la ciudadanía bogotana? La administración la destinó a favorecer negocios privados de los ricos de la ciudad.
El presupuesto público para favorecer negocios privados
Dentro de esto, es necesario denunciar que el IMG se realizó y se realiza con la intermediación de los operadores financieros Davivienda, Bancolombia y Movii, los cuales a septiembre de 2021 ya se habían embolsillado más de 3.197 millones por sus servicios. Los bancos nunca pierden, ni en las peores crisis. Hacen negocio con el hambre y las necesidades de la gente.
Pero el colmo de esta política lo protagonizó el eufemístico proyecto presentado por la administración denominado “rescate social”. Un proyecto de 1.8 billones que destinó en 2021 casi el 64% para el Fondo de Estabilización Tarifaria, FET. Es decir, se destinaron 1.15 billones para completar en 2021 más de 2.2 billones de pesos con tal de tapar el déficit del Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá generado en buena medida por las altas ganancias percibidas por los operadores privados. Para estos negociantes es que gobierna la actual administración de la ciudad.
Otra muestra de ello es que, en 2020, el IMG costó casi 372 mil millones de pesos para cubrir mediocremente la necesidad de 4.4 millones de personas en condiciones de pobreza, mientras para el FET se destinaron 2.1 billones de pesos para garantizar el negocio de las familias dueñas del transporte público masivo en Bogotá.
En conclusión, aparte de los bancos, estos operadores privados tampoco perdieron en la peor de las crisis pues, a diferencia de los pobres, tienen en la alcaldesa y su gobierno los mejores aliados para velar por sus intereses.
