Las armas de la extrema derecha están siendo reorganizadas para declarar paros armados, la movilización política para anunciar su condición de “oposición victimizada y perseguida”, y una retórica para justificar el plan pistola contra los sectores populares, y particularmente, contra la juventud.
Ivanovich Jiménez
En los últimos días, el paramilitarismo hizo una breve demostración de capacidad militar con un paro armado que paralizó parte de la movilidad, comercio y actividades en cuatro departamentos del noroccidente del país, al tiempo que convocaban a la movilización uribista del pasado dos de abril. La posición frente a esta situación por parte del ministerio de defensa, es que se trató de una respuesta de los bandidos porque el gobierno los está golpeando donde más les duele.
Sin embargo, las acciones paramilitares no se reducen exclusivamente a intimidación armada en parte de Antioquia, Córdoba, Cesar y Bolívar. Esta situación se enmarca en un escenario de asesinatos, amenazas, persecuciones, y toda clase de hostigamientos a dirigentes sociales de izquierda, defensores de derechos humanos, y particularmente a la Juventud Comunista Colombiana. No se trata entonces, de bandas criminales, ni de clanes familiares, ni de bandidos con ejército propio, sino de estructuras paramilitares, articuladas en un sistema de organización de redes descentralizadas, que siguen actuando con la aquiescencia o tolerancia de agentes del estado y que desarrollan un proyecto concreto de país, afianzado en el capital que se reproduce por despojo y se sirve de apoyo político legal y base social. En lo que va corrido del presente año, la cultura paramilitar ha desplegado su accionar contra la JUCO, sin conocerse un solo pronunciamiento por parte del gobierno nacional al respecto.
El sábado 13 de febrero en el barrio 20 de Julio de la ciudad de Santa Marta, el miembro del Comité Central de la JUCO, Luis Fernando Sánchez Güette, quien además es edil de una localidad de esta ciudad, sufrió un atentado a manos de sicarios en moto, cuando departía con vecinos cerca a su casa, saliendo con lesiones mínimas de dicho suceso; el domingo 6 de marzo, cerca de su casa en Soacha, fue asesinado Klaus Zapata, militante de la JUCO en ese municipio, a manos de un sicario quien le disparo por la espalda mientras jugaba un partido de fútbol; El día miércoles 23 de marzo, entre las 9:30 a.m. y las 10:30 a.m. en la ciudad de Santa Marta, cuando los miembros de la dirección nacional de la JUCO Luis Fernando Sánchez Güette, Anabel Zúñiga Céspedes y Omar Gómez, este último integrante del Comité Ejecutivo Central, se encontraban desayunando en un pequeño negocio en el barrio 20 de Julio, acompañados de integrantes del esquema de seguridad de la UNP con el que se cuenta en esa ciudad, fueron víctimas de un despliegue policial por parte de la Unidad Antiterrorista de la Policía Nacional, manteniéndolos secuestrados durante una hora aproximadamente, sin orden judicial alguna y en medio de todo tipo de intimidaciones y recibiendo un trato hostil y amenazante, por su condición de jóvenes comunistas.
En horas de la madrugada del 24 de marzo, la joven Cindy Pérez, integrante del Comité Ejecutivo Central de la Juventud Comunista Colombiana fue deportada del aeropuerto de la ciudad de México, por agentes federales de ese país, quienes referenciándola como alumna del profesor Miguel Ángel Beltrán, le manifestaron ser persona no grata en México, toda vez que allá no aceptaban guerrilleros como ella; el lunes 28 de marzo, el joven Ivanovich Jiménez Bastidas, miembro del Comité Ejecutivo Central de la JUCO, y del consejo de redacción de VOZ, fue interceptado por dos sujetos abordo de una motocicleta de alto cilindraje de colores azul y blanco, sin placas, en la vía circunvalar entre la calle 26 y la Universidad Distrital sede “La Macarena” de Bogotá, quienes después de todo tipo de intimidaciones lo inquieren y requisan sin ninguna justificación, despojándolo de documentos políticos de la JUCO, varios cuadernos de apuntes y las llaves de su vehículo, dejándolo vulnerable en dicha zona.
El día 29 de marzo, en Pamplona, la estudiante Farley Yohana Martínez Andrade es interceptada, cerca de su vivienda, por un sujeto, quien de manera directa la señala como guerrillera, amenazándola de muerte si seguía asistiendo a la Universidad de Pamplona. El 31 de marzo, el militante de la Juventud Comunista Felipe León, en Bogotá, recibió una llamada a su celular, y una voz masculina claramente lo amenaza de muerte, por no querer más comunistas en la Universidad Javeriana; En varias sedes de universidades de la ciudad de Bogotá, circulan panfletos de odio y estigmatización dirigidos a la militancia de la JUCO y sus simpatizantes en los que se incita a sacar a la Juventud Comunista Colombiana de las universidades, desvirtuando el actuar de la organización al interior de los centros de pensamiento y declarando objetivo militar a quienes pertenecen a la organización bajo la falsa afirmación de que se trata de insurgentes.
El primero de abril, en horas de la tarde, llega un sufragio a la sede de la JUCO en Barranquilla, con un mensaje firmado por el comando norte de las “Águilas Negras” declarando como objetivo militar a los militantes de la JUCO en esa ciudad.
Todo lo anterior sucede en un escenario favorable a la firma del acuerdo de paz entre las FARC-EP y el Gobierno nacional, y la apertura de los diálogos con el ELN, y corresponde a un intento por desestabilizar los diálogos y la posibilidad de la paz en Colombia, mientras las autoridades guardan un silencio sepulcral, frente a las denuncias de estos acontecimientos.
A los paramilitares de hoy, se les clasifica con nombres elaborados para desmemorizar, como Rastrojos, Águilas Negras, clan Úsuga o Autodefensas Gaitanistas -cuyas prácticas de barbarie están lejos del sentimiento popular hacia Gaitán-. En común usan una retórica social cínica y engañosa para vaciar de contenido la memoria de las luchas de un pueblo contra sus opresores y asesinos, el significado popular de lo que invocan no corresponde a la realidad de los que luchan.
Por otra parte, los civiles desarmados del Centro Democrático y los armados ilegales del paramilitarismo, se encontraron esta primera semana de abril, en un mismo tiempo real y en un mismo plano de actuación para manifestarse contra la paz. Las dos partes de un mismo todo se afectan notablemente con el solo hecho de que el ELN haya entrado en conversaciones de paz, se les reducen los espacios de “oposición” cuanto más se acerque el fin de la guerra. En la misma semana de oposición a la paz, paramilitares y Centro Democrático dispararon al tiempo, los unos con armas de fuego y los otros con lánguidas movilizaciones, para las que reclamaron los mismos derechos que la Seguridad Democrática eliminó a sangre y fuego para quienes se levantaron en esas mismas calles para defender la vida con dignidad degradada por el régimen Uribe.
Las armas de la extrema derecha, están siendo reorganizadas para declarar paros armados, la movilización política, para anunciar su condición de “oposición victimizada y perseguida”, y una retórica para justificar el plan pistola contra los sectores populares, y particularmente, contra la juventud de Colombia.
