Después de 20 años, Estados Unidos reconoce el fracaso del Plan Colombia, al que calificó como estrategia ineficaz, pues en dos décadas de implementación invirtió 11.600 millones de dólares, no obstante, la producción de drogas se multiplicó
Alberto Acevedo
Después de más 20 años de una estrategia que fue publicitada como la mayor y más audaz del planeta en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y las bandas organizadas que lo ejecutan, una comisión parlamentaria de los Estados Unidos al más alto nivel reconoce que el Plan Colombia resultó un fiasco, y que no solo no se liquidaron las causas que originan el narcotráfico, sino que el negocio ilícito se incrementó, con unos ribetes de criminalidad jamás alcanzados.
El dictamen está contenido en un informe de la Comisión Política de Drogas del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, un mecanismo de consulta en esta materia del Congreso de ese país, que elaboró un documento de 117 páginas, presentado oficialmente a las dos cámaras del congreso el pasado 3 de diciembre.
El documento comienza por calificar como “un fracaso”, la estrategia de 20 años de lucha antidrogas del Plan Colombia, al cual los Estados Unidos le invirtieron 11.600 millones de dólares, más de lo que en su momento se hubiera necesitado para restablecer los daños del huracán Katrina, y que sin embargo se le negó ese recurso a la población damnificada. Una suma que salió del bolsillo de los contribuyentes norteamericanos y que fue a parar a un barril sin fondo y a enriquecer a no pocos generales colombianos.
Ayuda militar
La comisión señala que se trata del “programa de ayuda bilateral más grande y de mayor duración en este hemisferio”, que coloca a Colombia como el segundo país mayor receptor de ayuda militar de los Estados Unidos en el mundo, y estratégicamente como el “mejor aliado”, en una asociación que terminó siendo instrumento de nueva colonización del continente, de militarización de la región y de agresión contra las jóvenes democracias que no se sometieron a la égida imperial norteamericana.
Por cierto, en su momento, fueron el Partido Colombiano y su órgano de expresión los primeros en señalar que el Plan Colombia no era esencialmente una estrategia antidrogas, sino una acción contrainsurgente de colosales dimensiones, destinada a liquidar a la guerrilla colombiana, pero también a tomar la lucha antidrogas como pretexto para intervenir en los asuntos internos de los países de la región. Y es eso lo que ahora ha fracasado, según los propios analistas norteamericanos.
El informe comentado, entonces, tiene diversas lecturas. La esencial, es la que hace relación a la lucha antidrogas. En 1999, un año después de haber sido puesto en marcha el Plan Colombia, la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen estableció que en Colombia había 160.001 hectáreas de coca plantadas, con base en las cuales se producían 680 toneladas del alcaloide. En 2007, después de la fumigación de un millón de hectáreas, el área sembrada se redujo a 99.000 hectáreas, pero la producción se redujo apenas a 600 toneladas.
Reconfiguraciones
Ya para 2019, dos décadas después, según la misma oficina de las Naciones Unidas, en Colombia se registra una cifra récord de 212.000 hectáreas de coca cultivadas y los carteles colombianos siguen satisfaciendo la demanda a Estados Unidos y la Unión Europea, en una cifra estable en la última década.
En estos años variaron algunas cosas. No se utilizan tanto los herbicidas, debido entre otras cosas a la fuerte presencia de un movimiento ecologista que denuncia sus efectos nocivos. Pero se aumentó la militarización del país y de la región, al calor de la lucha antidrogas crecieron las bases militares norteamericanas en América Latina. Y el mercado de drogas también se reconfiguró.
Ya no operan los grandes carteles del narcotráfico, como el de Pablo Escobar. Surgieron en cambio pequeños ejércitos con líderes de bajo perfil que controlan los puntos claves del comercio y se aliaron con los grandes traficantes mexicanos. Y el abastecimiento al mercado internacional sigue siendo tan eficaz como siempre.
Una paz frustrada
En relación al elemento del componente contrainsurgente, el informe reconoce como un logro la firma del acuerdo de paz de La Habana con la mayor organización insurgente del país. Pero esa mirada tiene tanto de ancho como de largo. Si bien es cierto esta organización insurgente se desmovilizó, en el país siguen actuando otras organizaciones armadas rebeldes como el ELN, el EPL y las disidencias de las FARC conocidas como Nueva Marquetalia, que se fortalecen.
En este sentido, el informe bicameral del congreso de los Estados Unidos admite la existencia del conflicto social y armado en Colombia. Suministra datos de la existencia de constantes violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno colombiano, de la presencia incrementada de grupos paramilitares, de masacres de líderes campesinos, defensores de derechos humanos, activistas LGBTI, de ecologistas, de excombatientes reinsertados, de líderes políticos de oposición. En fin, de falsos positivos, fosas comunes y desapariciones forzadas.
Un detalle contradictorio es que semejante panorama de violaciones de derechos, el informe los califica como “un gran progreso” en el objetivo de recuperar la seguridad del país y que su política para combatir los grupos armados “fue un éxito desde el punto de vista de la lucha contra la insurgencia”. Sería válido este postulado si, como señalan algunos críticos del proceso de paz, este fue concebido no parta alcanzar una paz duradera, sino para desarmar a la mayor agrupación insurgente del continente.
Recomendaciones
El pasado mes de septiembre, el presidente Duque fijó la meta de reducir en un 50 por ciento para 2023 el área de cultivos ilícitos en el país. El informe recuerda que esa misma meta se fijó hace 10 años y resultó una promesa inocua.
Finaliza el informe de los expertos norteamericanos con una serie de recomendaciones. Una de ellas la erradicación masiva de los cultivos, como asunto prioritario. Advierte que las fumigaciones, que siguen siendo defendidas por el gobierno Duque, tuvieron poca eficacia en dos décadas. Señala también que el envió de irradiadores y de fuerzas de seguridad a zonas remotas, es una “pérdida de tiempo y de recursos”.
En cambio, se debe acelerar la titulación de tierras, que permita a los campesinos acceder a créditos y otros beneficios, como compra de cosechas, construcción de vías, dotación de servicios básicos esenciales. Una paradoja, que un equipo de analistas norteamericanos tenga más claridad que el gobierno colombiano en este asunto.
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