Al presidente de Brasil se le pueden imputar cargos por corrupción, porque su actitud viola “los principios que dan norte a la administración publica”
Ante el aumento de la crisis social, el crecimiento desbordado de la pandemia del coronavirus y el progresivo desprestigio del presidente, el pasado 14 de julio un numeroso grupo de organizaciones políticas y sociales y personalidades de la cultura, la academia y la sociedad pidieron a la Cámara de Diputados iniciar formalmente un juicio contra el presidente Bolsonaro por su incapacidad para gobernar el país.
Un documento de 133 páginas, con la solicitud de inicio formal del impeachment, fue radicado ante el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia. Respaldan con su firma, personalidades como el conocido cantante e intelectual Chico Buaharque, el economista Bresser Pereira, el sacerdote Julio Lancelotti y el exjugador Walter Casagrande.
De alguna manera, la solicitud de juicio político resume el malestar cada vez más visible de sectores políticos, populares y aún de las fuerzas militares contra la gestión del gobernante. De hecho, la petición del juico enumera una extensa lista de delitos probables que ameritan la salida de Bolsonaro del gobierno.
Los cargos
Entre los cargos que se le formulan figuran los reiterados ataques contra la prensa, persecución política e ideológica contra opositores y mal manejo de la pandemia del coronavirus, lo que resultó en un elevado número de contagiados y fallecidos.
“Las políticas de salud se vieron gravemente afectadas por la actitud criminal de Jair Bolsonaro. Además de la desarticulación del Sistema Único de Salud, SUS, que ya se había puesto en práctica en el primer año de gestión, la pandemia del covid-19 dio paso al desprecio del gobierno actual para proteger la salud de la población”, reza el documento.
En la motivación de la solicitud de juicio se plantea que Bolsonaro “viene incidiendo de manera grave, reiterada y sistemática en ofensas a la Constitución de la República. Al adoptar ese patrón de irrespeto a la supremacía incontrastable del texto constitucional, el mandatario parece apostar a la tolerancia y naturalización de tales violaciones”.
Sostienen además los accionantes, que Bolsonaro ocasiona “graves violaciones de derechos humanos en diversos matices y pone en marcha severas amenazas a la vida, a la salud, a la integridad física, al medio ambiente y a la seguridad alimentaria de millones de brasileños”.
Concluyen con el argumento central de que a Bolsonaro se le pueden imputar cargos por improbidad administrativa, por cuanto su actitud va en contra de “los principios que dan norte a la administración pública”, contemplados en el artículo 37 de la Constitución Nacional, que disponen la legalidad, impersonalidad, moralidad, publicidad y eficiencia, como principios rectores de la gestión del presidente.
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