A pesar de que los vendedores estacionarios ganaron tutelas a su favor, el Gobierno distrital les niega derechos y continúa los desalojos
Carolina Tejada
Con un acto simbólico desarrollado el pasado 28 de abril, sobre la calle 72 con carrera 11, vendedores estacionarios del distrito llamaron la atención a las autoridades exigiendo el cumplimiento de las tutelas ganadas en favor del derecho al trabajo y la pronta ubicación de los más de 180 vendedores que aún no han sido reubicados.
Una indignación argumentada
VOZ dialogó con John Rivera, presidente de la Asociación de Trabajadores Informales, ATI: “De los 230 vendedores desalojados en el mes de enero, a 180 de ellos no les han dado soluciones, las cuales consistían en el compromiso de reubicarlos en módulos donde tengan la posibilidad de vender sus productos”. Sin embargo menciona este líder, que hasta el momento no les han brindado ninguna garantía de ubicación, y cuestiones como la alimentación y demás necesidades, de las familias que dependen de estas ventas, cada día se ven más afectadas.
Pero esa no es la única inconformidad, Rivera igualmente comenta: “Existen varios ganadores de las tutelas que interpusimos para garantizar el derecho al trabajo, y la resolución de las tutelas dice que a 48 horas del fallo, el distrito debe hacer efectiva la solución. Pero los vendedores se han acercado a la administración para hacer efectivo este derecho y van más de diez días y nadie les responde. Lo que sabemos es que le han pasado documentos a los jueces donde aseguran que los derechos ya se garantizaron, lo cual no es cierto”.
IPES niega derechos
El Instituto Para la Economía Social, IPES, institución que debe adelantar los trámites para garantizar estas demandas, les ha dicho a los vendedores, ganadores de las tutelas, que deben ingresar a un concurso junto con otras personas de la venta informal, para que la suerte les defina este derecho. Rivera menciona: “Es incoherente que la administración quiera garantizar un derecho, que por medio de tutelas se defendió, a través de una rifa. Exigimos que la administración cumpla su responsabilidad”
Los personas dedicadas a las ventas estacionarias, reconocen que deben existir compromisos para armonizar su empleo en relación al disfrute del espacio público, por eso llaman a la administración de Enrique Peñalosa a una mesa de concertación donde se puedan construir unos acuerdos donde gane la ciudad y ganen quienes se dedican a la venta informal para garantizar el mínimo vital a sus familias.
Rivera como presidente de ATI, argumenta que “el decreto 098 que armoniza el goce y el disfrute del espacio público, en el numeral ocho define en 15 pasos como recuperar el espacio público, estas acciones deben ser de alta motivación, es decir no es porque al alcalde se le dé por desalojar a la gente, ellos deben respetar esas motivaciones, porque dentro de ellas está la garantía de que a los que trabajamos por medio de la venta ambulante, se nos responda por el derecho al trabajo”.
La solidaridad ciudadana
La jornada que contó con una socialización a los transeúntes acerca de la vulneración al derecho al trabajo y el compromiso que como ciudadanos tiene este sector social, fue acogida por la comunidad. Muchas personas acudieron a las fotografías con los y las vendedoras e hicieron un llamado desde las redes sociales, para que la administración de Bogotá de cumplimiento, tanto a las tutelas ganadas, como al derecho al trabajo.
“Somos trabajadores honrados, que nos dedicamos a la venta informal porque no encontramos otras oportunidades laborales, solo queremos trabajar y que el gobierno distrital nos respete los derechos. Por eso llamamos a la solidaridad de la ciudad y a una mesa de concertación distrital”, afirma Rivera.
