Requerimos más actos como el de La Guajira, Diamante y Putumayo, más completos. Con la delegación del Gobierno, de las FARC-EP, ojala del ELN, construyendo el auténtico tratado de paz; aquel que sólo surge del consenso entre Estado, insurgencia y gentes del común.
Cristian Hurtado
Antropólogo Unal
Juventud Rebelde Bogotá
“La construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción, incluidas otras organizaciones guerrilleras a las que invitamos a unirse a este propósito (…)”
Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Parto de la conclusión: el momento actual del proceso de conversaciones con la insurgencia de las FARC-EP exige un esquema abierto y directo de participación y contacto con la totalidad de la sociedad desde sus partes. No sólo por el proceso de la Habana, sino como gesto de confianza hacia el ELN en su exigencia de garantizar participación social y popular en la solución al conflicto armado.
Los hechos recientes, y no sólo lo ocurrido en el sur del país y La Guajira, también las visitas de dirigentes políticos a La Habana para entrevistarse con los plenipotenciarios de las FARC-EP, han abierto una polémica que refleja antes que los altisonantes “entrega del país”, “proselitismo armado” y demás, un momento distinto de la mesa. Dicho momento, como todo el desarrollo de las conversaciones, implica fuertes debates que deben dirimirse para su cabal avance, allende las polémicas mediáticas en las que abundan los mares de calificativos sin un milímetro de profundidad.
Dicha polémica será provechosa siempre y cuando permita sacar en limpio algunos desacuerdos asociados a la participación de la sociedad en el proceso de diálogos, los cuales, no está de más afirmar, tendrán impacto en el mecanismo de refrendación que se acuerde en la mesa de conversaciones:
Primer desacuerdo: la insurgencia en armas. Se trata de una obviedad fácilmente soslayada. No se puede esperar, en un contexto de intensificación de acciones paramilitares a lo largo del país, y de cese unilateral e indefinido por parte de las FARC-EP, así como de no terminación del conflicto, que las FARC-EP se concentren o desarrollen su cotidianidad prescindiendo de portar sus armas. Son los términos del acuerdo general, las condiciones políticas del país, y el estado de la negociación.
Cosa distinta es si dichas armas son usadas para ejecutar acciones de incidencia política –es decir: de confrontación-, cosa que por lo demás nadie se ha atrevido a afirmar pasó en Caquetá, Meta, Putumayo o La Guajira. Así como los miembros del Gobierno Nacional, y muchos de los personajes políticos del país, se dotan de sus esquemas de seguridad para hacer política, las FARC hacen lo mismo.
Hay un punto nodal de este desacuerdo. Se trata de una comprensión de la insurgencia como actor armado simplemente, como cuerpo aislado en sí mismo, sin vinculación ni relación existente o futura con la sociedad: “están autorizados a hablarle solo a sus tropas”. No es posible la existencia de un sujeto político que no sea al mismo tiempo sujeto social, arraigado socialmente. Otro tema es el alcance de ese arraigo.
Es decir: la declarada sorpresa por la asistencia de sujetos sociales no armados, ni vinculados a la insurgencia, a un acto de las FARC-EP en este caso refleja una idea de parte del Gobierno y sectores políticos –incluidos los medios– alejada de la realidad del fenómeno insurgente en Colombia y de la naturaleza misma de las conversaciones: modificar el campo político legal con la apertura del mismo a la insurgencia armada, lo cual desprende su relación con otros sectores sociales y políticos. Forzar o esperar una insurgencia hablándose a sí misma, es un error de juicio, de principio.
La clave del proceso de diálogos radica precisamente en que la insurgencia logre adecuarse a la política sin el uso efectivo hoy –y resultado del acuerdo, sin la posesión- de las armas, hecho que es patente en los actos recientes tanto en La Habana como en el país. Las tropas de las FARC han vivido, y sobrevivido, nos guste o no, en territorios reales, con contactos con gente no armada, la cual, o bien le reivindica, le interesa escucharlos, o sencillamente asiste a sus actos para increparlos; en todo caso, en la experiencia real de muchos territorios, la insurgencia, para bien o para mal, hace e hizo parte de su cotidianidad. Es la naturaleza del conflicto como vivencia territorial, sociocultural, y de la insurgencia como sujeto sociopolítico.
Segundo desacuerdo: los lugares y sujetos de la pedagogía. Dejaremos de lado las polémicas mediáticas de acá en adelante. Los hechos recientes han puesto el dedo en la llaga: ¿las acciones de pedagogía impulsadas por parte del Estado dónde se han desarrollado? ¿Dónde las de la insurgencia?
Basta con pasar revista a los medios de comunicación para resolver este interrogante: el Gobierno nacional despliega recursos para plataformas digitales de pedagogía para la paz, participa en espacios con el empresariado nacional, las universidades del país, el Hay Festival, las reservas del Ejército y batallones y sectores políticos organizados, para hacer pedagogía de los acuerdos. No se trata, desde luego, de acciones despreciables, pero queda en pie la pregunta por “el país nacional”.
Una cosa que se desprende de esta polémica tiene que ver con los sitios y personas en donde se desarrollaron los actos públicos de la insurgencia: La Guajira, azotada por la sed, desidia estatal, megaminería y etnocidio por omisión gubernamental; el Caquetá y Putumayo profundo, dónde las referencias al Estado son la presencia militar esporádica y las licencias ambientales para extracción minero-energética. Son los lugares dónde viven los nadie. Son las poblaciones rurales del país que han sufrido el rigor de la marginación estatal que alimenta el conflicto.
El Gobierno, que goza de las prerrogativas institucionales, financieras, legales para llegar a dichos territorios a socializar los acuerdos, recoger las opiniones, prevenciones y propuestas de las gentes del común, no lo ha hecho. Es la realidad, como también lo es, que sin esos eventos de parte de la insurgencia, de seguro, dichas comunidades no habrían tenido un contacto directo con las conversaciones que buscan cerrar un conflicto que, paradójicamente, han sufrido toda la vida.
Ahora pensemos en las personas. Mientras que los empresarios, reservistas, Fuerzas Militares, han sido actores que se erigen en factores de poder en el país, la pedagogía dirigida a estos es una de “tranquilizar” y aclarar su “seguridad jurídica”. La omisión de otros actores sociales por parte del Gobierno es indicativa de los que el mismo considera actores relevantes para opinar, escuchar, tener en cuenta. Refleja también, o reproduce, la lógica de “democracia restringida” imperante en el país.
La reconciliación no será posible si no se asume que la apertura democrática, y la reconstrucción del consenso nacional debe dirigirse hacia el buen vivir, y en él las gentes del común deben ser las protagonistas, sin negar por ello la importancia de la clase media ilustrada, los millones de usuarios de redes sociales y con acceso a internet, el estamento militar o los cacaos del país. Por acción u omisión, la necesaria participación en las conversaciones se ha restringido desde el Gobierno, y ello es lesivo para la terminación del conflicto y contrario al acuerdo general. La reconciliación es con todos y todas, en cualquier lugar, y en todo el territorio.
Tercer desacuerdo: el momento de las conversaciones. Es patente que la solución política ha generado un progresivo consenso en la sociedad. El estado del proceso, y la expectativa ante la fase pública con el ELN, han movido cada vez mayores sectores sociales y políticos a converger al debate. La participación del CD en el foro de la ONU – UNAL reciente, más sus reuniones con Álvaro Leyva y Enrique Santiago son significativas; sumadas a las reuniones en La Habana de dirigentes políticos con la delegación de la insurgencia, las misivas dirigidas al ELN, y la masiva asistencia a los actos de pedagogía de la insurgencia en el país lo demuestran. Gobierno e insurgencia deben asimilar ese momento, y actuar en consecuencia.
Dicha convergencia creciente en la mesa tiene dos aristas: en primer lugar es resultado del momento de las conversaciones; sin duda, el acuerdo de justicia transicional promovió el entusiasmo e interés –no siempre juntos– del país, hecho positivo porque genera una mayor apropiación del proceso; en segundo término, y a mi juicio esencial, está el futuro de la mesa.
Lo que viene, sin negar que la participación y apropiación social era esencial en los otros puntos, está condicionado para que sea exitoso de la apropiación social y el respaldo masivo de la mesa de conversaciones: cese bilateral definitivo, y refrendación e implementación. En esos dos aspectos consiste el salto de la mesa de conversaciones: uno por su avance y maduración, otro por la naturaleza de los acuerdos que vienen. La madurez lograda ha generado una creciente apropiación de las conversaciones, la cual debe atesorarse y ampliarse para que los puntos por venir salgan adelante.
Sea cual sea el mecanismo del cese bilateral –concentración o territorios de paz–, es una realidad que se hará en territorio colombiano e incidirá en la vida de las comunidades de los territorios en cuestión; así como su veeduría y seguimiento serán objeto de interés de múltiples actores. Si el proceso no cuenta con apoyo, el cese bilateral no será sostenible pues no depende exclusivamente de Estado, veedores e insurgencia. Ni qué decir del mecanismo de refrendación. Por ello, el momento actual, antes que tender al hermetismo, exige de parte de las partes la apertura hacia la sociedad y territorios del país.
Es decir, hoy el criterio de las dos realidades, una en La Habana, otra en Colombia, es lesivo al acuerdo final. Hoy están en cuestión temas de ejecución inmediata en el territorio nacional –inmediata en términos políticos- y de participación social generalizada, los cuales, de no contar con un gesto de parte de las partes hacia la sociedad de apertura, escucha, diálogo y contacto directo, no saldrán adelante.
El momento, por tanto exige más actos públicos en los territorios, con las delegaciones de la insurgencia y Gobierno juntas, haciendo pedagogía, resolviendo preguntas, aclarando los alcances de los acuerdos, es decir: sembrando la semilla de la reconciliación mediante la apertura a la participación política para las gentes del común. Los eventos regionales con ambas partes pueden ser un gran indicador del clima político regional, difícil de medir desde La Habana o Bogotá.
Cuarto desacuerdo: la refrendación. El mensaje del Gobierno de suspender las visitas pedagógicas de la insurgencia en territorio nacional, de restringir las visitas de actores políticos y sociales a La Habana para hablar con la delegación insurgente, apunta a mantener el hermetismo de la mesa. Es un pésimo mensaje, agravado por el dado por Santos de que una asamblea constituyente no “es ni será el mecanismo”.
Se trata de una decisión unilateral, no sólo ante la mesa, sino ante los sujetos sociales que han hecho tales visitas, asistidos a dichos eventos, y que consideran la ANC como mecanismo de refrendación. Es un cierre del diálogo que, como hemos dicho, es la dirección contraria a las necesidades del proceso de conversaciones. Ello no genera confianza, ni apropiación del proceso.
Pero además, indica un aspecto de fondo: la intención del Gobierno de mantener el monopolio de los temas determinantes del acuerdo: la relación y diálogo con la sociedad –hecho de manera restringida-; la formulación de las herramientas “válidas” de pedagogía; la determinación del mecanismo de refrendación; en este punto, con algo de especial importancia: la formalización jurídica de los acuerdos para su implementación.
Al separar refrendación de formalización jurídica –el plebiscito arroja un mandato vinculante al gobierno–, su implementación y forma jurídica se desarrolla en otro espacio (órgano legislativo transitorio o congresito), es decir: prescinde de la participación social y popular y siembra incertidumbres sobre los “dientes” que le dará la forma jurídica a dichos acuerdos.
Hoy más que nunca es patente modificar la consigna: Nos vemos antes, durante, y después de la constituyente. Requerimos más actos como el de La Guajira, Diamante y Putumayo, más completos. Con la delegación del Gobierno, de las FARC-EP, ojala del ELN, construyendo el auténtico tratado de paz; aquel que sólo surge del consenso entre Estado, insurgencia y gentes del común.
