El Gobierno le sigue apostando a la paz. A pesar de los obstáculos, las comunidades que habitan en zonas de conflicto y la sociedad civil mantienen la esperanza de que a través del diálogo pueda avanzarse hacia la reconciliación
Federico García Naranjo
@garcianaranjo
En medio de las dificultades propias de una iniciativa tan ambiciosa como es lograr la paz en todo el país, el Gobierno nacional continúa apostándole a la reconciliación entre los colombianos. Esta semana hubo varias noticias relacionadas con el avance de los procesos de paz con diversas estructuras armadas que merecen la pena ser reseñadas para, al menos de forma sucinta, hacerse una idea de cómo avanza la intención de transitar hacia el fin de la guerra en Colombia.
Ejército de Liberación Nacional
La tregua acordada por seis meses entre el Gobierno y el grupo insurgente llegó a su fin el pasado 3 de agosto. Desde entonces, mucho se ha especulado sobre el desenlace de la confrontación –y del proceso– y, aunque ya se registraron combates en el Cauca entre el ejército y fuerzas combinadas del ELN y la Segunda Marquetalia, lo cierto es que aún existe incertidumbre por la definición de un nuevo cese al fuego.
Mientras tanto, los insurgentes han decretado un paro armado en el sur del Chocó por parte del Frente de Guerra Occidental, que tiene confinados en sus casas a muchos habitantes de la región ante el peligro de enfrentamientos entre la guerrilla y el “Clan del Golfo”, con quien se disputa el control de la zona. El levantamiento del cese al fuego y el paro armado se producen en medio de tensiones en la mesa de negociación, producto de la exigencia del grupo insurgente de ser excluidos de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO).
Estado Mayor Central Farc-EP
Se reportó la deserción en Cauca del Duberney Cárdenas, comandante del frente Jaime Martínez de esa organización. Según Cárdenas, su decisión se debió a que la organización había perdido el rumbo, dedicándose al narcotráfico y la extorsión, actividades que, según el excomandante, no corresponden con la moral revolucionaria. Cárdenas, quien ingresó a las Farc hace 24 años y retornó a la guerra, decidió entregarse al ejército para, según sus palabras, aprovechar el tiempo con su hijo y salvar su vida. Aunque teme por su seguridad, confió en que las autoridades le brinden todas las garantías para que su reincorporación a la vida civil sea exitosa.
Segunda Marquetalia – Ejército Bolivariano
Esta semana se anunció el comienzo del segundo ciclo de negociaciones con esta organización insurgente, que tendrá lugar en La Habana. El grupo, liderado por Iván Márquez, ha anunciado su disposición a implementar medidas transitorias que desescalen la intensidad del conflicto en las regiones donde hacen presencia. Esta decisión se diferencia del modelo impuesto por el gobierno de Juan Manuel Santos de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
En este caso, las partes acuerdan medidas concretas e inmediatas para disminuir el impacto sobre las comunidades, que tienen que ver directamente con los enfrentamientos militares, pero también con medidas sociales de inversión en los territorios para mejorar las condiciones de vida de la población. Según los voceros de la sociedad civil en la mesa de negociaciones, se busca “desactivar la bomba social” que implica la pobreza y la exclusión, además de ofrecer resultados concretos y tangibles a quienes habitan las zonas de conflicto.
Autodefensas Gaitanistas de Colombia
Las AGC, o como son llamadas por la inteligencia militar, el “Clan del Golfo”, son la organización ilegal más grande, poderosa y extendida del país. Herederas de las antiguas AUC, hacen presencia en más de 316 municipios de 24 departamentos del país y se estima que tienen entre 5000 y 9000 integrantes. En la actualidad, las AGC han diversificado su accionar y puede decirse que se han convertido en un “holding empresarial criminal”, teniendo influencia y participación en prácticamente todas las actividades ilegales.
El equipo negociador del Gobierno está conformado, entre otros, por Álvaro Jiménez Millán, exdirector de la Campaña Contra las Minas Antipersonales (CCCM), María Gaitán Valencia, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica y nieta del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, y Armando Custodio Wouriyu, representante de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia, ONIC.
Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada
Las ACSN, o como son llamadas por la inteligencia militar, “Los Pachenca”, responden a la iniciativa del Gobierno con el anuncio del cese al fuego para iniciar un proceso de conversaciones y “un proceso de paz que ponga fin al conflicto armado que ha marcado nuestras vidas y las de millones de personas en nuestro país”, como reza su comunicado. El grupo también invitó a las AGC, con quien mantiene una disputa militar por el territorio, a que asuman esta invitación del Gobierno con seriedad y compromiso. Así, invitan a las AGC “a participar activamente en este proceso, poniendo por delante el bienestar del pueblo, ya que nos duele lo que ocurre con nuestros indígenas (…), nos duele el desplazamiento del cual son víctimas nuestros campesinos”.
Frente Comuneros del Sur
Esta disidencia del Ejército de Liberación Nacional que opera en el departamento de Nariño ha comenzado un proceso de negociación política con el Gobierno nacional. La semana anterior, se emitió un comunicado conjunto entre las delegaciones del Gobierno y del FCS donde se anunció que se llevó a cabo la primera sesión de la Instancia para la Co-construcción de Paz Territorial.
Esta primera sesión dio como resultado la firma de una hoja de ruta del proceso y contó con la participación de miembros de la delegación de paz del Gobierno como Carlos Erazo, Pablo Pardo y Clemencia Carabalí, la delegación de paz del grupo insurgente encabezada por el comandante Gabriel Yepes y los delegados de la Conferencia Episcopal, la misión de paz de la OEA y el delegado del Reino de los Países Bajos, quien oficia como garante.
Paz urbana
Los procesos anteriores se suman a los iniciados en 2023 con, al menos, 17 estructuras ilegales que operan en distintas ciudades del país. Los espacios de conversación sociojurídicos se instalaron el 2 de junio en Itagüí con 14 organizaciones armadas del Valle de Aburrá, entre las que se encuentran El Mesa, Los Pachelly, Los Pesebreros, Los Triana, los Chatas, Niquia, Camacol y La Terraza. El 18 de julio del mismo año se acordó en Buenaventura la apertura de conversaciones con Los Shottas y Los Espartanos. Y en Quibdó, el 18 de agosto, comenzaron las conversaciones con los RPS, los Locos Yam y Los Mexicanos.
Estos espacios de conversación sociojurídicos son muy importantes debido al impacto de estas estructuras armadas en la vida cotidiana de los habitantes de estas ciudades. Si bien se trata de organizaciones delincuenciales de alcance limitado, lo cierto es que el número de sus integrantes sumados superan a los miembros del “Clan del Golfo” y contribuyen decididamente al deterioro de la seguridad y de la convivencia, en particular, entre los sectores populares de las ciudades mencionadas.
