Alcides Ortiz Pérez
Por estos días, la Universidad del Atlántico se encuentra sumergida en una vorágine de situaciones nefastas enardecidas por quien administra el presupuesto, el rector Carlos Javier Prasca Muñoz, alfil de Cambio Radical.
Desde el año anterior, la universidad se vinculó activamente a las masivas manifestaciones de estudiantes que exigían mayores recursos para las Instituciones de Educación Superior, IES. Al calor de estas exigencias se fueron consolidando procesos organizativos que han demostrado tener un gran potencial de movilización, no solo para las reivindicaciones de carácter nacional, sino también para cuestionar las condiciones particulares de cada IES en términos de infraestructura, investigación, planta docente, etc.
La Universidad del Atlántico que está dirigida por un Consejo Superior conformado por diferentes sectores, se ha convertido en un escenario más de disputa política, donde los partidos tradicionales están al acecho del presupuesto que para el año 2018 ascendía a más de 379.000 millones de pesos, constituyéndose como el cuarto rubro más grande del departamento del Atlántico.
Este “botín” resulta muy atractivo para la clase politiquera tradicionales, quienes en junio del 2017, y luego de una agitada contienda política y legal, lograron que sus fichas en el Consejo Superior eligieran a Prasca Muñoz para presidir el Alma Mater, desconociendo la consulta profesoral y estudiantil. Esta nueva administración ha consolidado el gobierno del clan Char en los escenarios de poder más importantes del departamento, además de la entrega del centro educativo a intereses clientelistas ávidos de contratación, proyectos millonarios y de la cauda electoral.
Es en este contexto como el pasado 11 de enero se dio el inicio de un fuerte periodo de convulsión institucional, cuando en horas de la noche, y luego de una discusión entre el rector y sus funcionarios y los estudiantes que permanecían acampando en el Alma Mater en el marco de las iniciativas del paro nacional por el presupuesto, Carlos Prasca permitió el ingreso a la universidad de mercenarios armados con palos y cuchillos que persiguieron a los jóvenes, hasta obligarlos a refugiarse en los terrenos que rodean las instalaciones, dejando a varias personas heridas.
Los días 24 y 25 de enero, la Universidad del Atlántico se convirtió en objeto de atención de la prensa local y nacional, producto de fotografías, conversaciones y audios que comprometen al rector con conductas de acoso sexual, abuso de poder y corrupción. Prasca Muñoz ha tratado de eludir su responsabilidad de estos hechos acusando a la izquierda, particularmente a dos directivos de la universidad, y a la Juventud Comunista Colombiana, de orquestar un “complot” que busca retirarlo de su cargo. Para sustentar sus acusaciones el rector de la institución muestra una declaración juramentada de una de las jóvenes inicialmente denunciantes, exmilitante de la JUCO en la que afirma que: “jamás he tenido ningún tipo de relación afectiva con el mencionado rector, a quien solo conozco por la circunstancia de ser estudiante de la universidad”.
Lo anterior llama especialmente la atención, porque como lo han mostrado también los medios de comunicación, la joven que afirma bajo gravedad de juramento no conocer al rector, acudió inicialmente a una organización de derechos humanos con una serie de pruebas que comprobarían la existencia de conductas sexuales escandalosas de un rector con sus estudiantes. Su cambio de opinión puede sugerir que algunas fuerzas políticas en el departamento pueden estar presionándola para que cambie su versión, con el objetivo de restar credibilidad a las denuncias ya conocidas y continuar con la persecución y estigmatización a la izquierda en la Universidad del Atlántico.
Todo lo anterior invita a reflexionar sobre varios asuntos, comenzando por la necesidad de que el movimiento estudiantil, en compañía de otros estamentos universitarios, pueda levantar con más fuerza la consigna de la democracia universitaria. La reciente elección de decanaturas demostró que el clan Char está decidido a seguir beneficiándose de los recursos de la universidad, lo que debe alentar a buscar los mecanismos necesarios para impedir la injerencia de la politiquería en las IES blindándolas de quienes están detrás de su presupuesto. Se puede avanzar en el objetivo de democratizar la universidad, en la medida en que se logren crear procesos amplios y participativos que organicen a los estamentos en torno a la discusión del estatuto general, entre otros aspectos. Es fundamental impedir que las decisiones más importantes se tomen a espaldas de la comunidad universitaria.
Una segunda reflexión tiene que ver con los perfiles de las personas que se escogen para administrar el presupuesto. Los recientes acontecimientos en la universidad han demostrado que quien dirige la institución tiene serios problemas éticos. Tener a Carlos Prasca dirigiendo la institución es a todas luces un despropósito. Los hechos hablan por sí solos y su conducta afecta negativamente a la institución. Aumentar el control sobre los perfiles de quienes aspiran a dirigir el rumbo de los centros educativos, estudiándolos académica, administrativa y psicológicamente, es una tarea urgente.
La tercera reflexión tiene que ver con el acoso al interior de las universidades. Este se ha convertido en un fenómeno que ha pasado desapercibido en Colombia, a pesar de que es el diario vivir en muchos lugares del país. Actualmente existe una carencia de legislación enfocada a prevenir y sancionar situaciones de acoso y constreñimiento al interior de las instituciones de educación superior. A pesar de que se han hecho esfuerzos por tratar estas situaciones, como por ejemplo el debate citado en la Cámara de Representantes por las parlamentarias Ángela María Robledo y María José Pizarro, o el foro que adelantó el Ministerio de Educación Nacional en 2017, estos han sido insuficientes. Es necesario que a nivel nacional se consoliden políticas públicas efectivas dirigidas a la prevención y atención del acoso, abuso y constreñimiento sexual, pero también que cada una de las instituciones educativas del país, incluyendo las de básica primaria y secundaria, técnicas y tecnológicas, organicen campañas de prevención, y rutas de atención eficaces para abordar estas situaciones, neutralizando las presiones que tienen las mujeres al denunciar.
La cuarta y última reflexión, hace referencia a la imperiosa necesidad de la unidad del movimiento estudiantil, con el fin de superar los problemas que afectan a la universidad del Atlántico, para seguir desarrollando las iniciativas resultantes del proceso de movilización nacional y las que surjan de la Unees. El movimiento estudiantil debe comenzar a construir procesos sólidos y duraderos más allá de las coyunturas, que en este caso pasan por la exigencia de la salida de Prasca de la universidad, así como el rechazo a acciones desmedidas y poco reflexionadas como las del pasado 7 de febrero, para trazar los caminos que conduzcan a la materialización de una universidad crítica, creadora y transformadora, una universidad para la paz y la democracia.
