La colectividad revolucionaria y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH, han entregado un informe al sistema de justicia transicional que documenta inicialmente 525 casos, 156 responsables de este genocidio político y 258 normas anticomunistas como política de Estado. VOZ reproduce las palabras del Secretario General ante la JEP
Jaime Caycedo Turriago – Secretario General PCC
@JaimeCaycedo
El 1947 el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, y luego la creación de la Organización de Estados Americanos, OEA, en 1948, comprometieron a Colombia y a América Latina unilateralmente en el campo de la “guerra fría”. El Estado policíaco, la violencia oficial y el pretexto anticomunista desde el poder dieron carta blanca a un proyecto genocida continuado, destinado a destruir la organización comunista, impedir su funcionamiento, promover su ilegalización, silenciar sus medios de expresión, eliminar a sus dirigentes y/o condenarlos a la estigmatización, al extrañamiento físico y simbólico y al destierro.
El Partido Comunista acude a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en el marco del Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición, SIVJRNR, surgido del Acuerdo de La Habana e integrado a la institucionalidad, como parte de la transición a una paz justa y democrática donde puedan prosperar las libertades. Es un basta ya frente a la exclusión política, el ghetto mediático, la invisibilización informativa, inducidos desde el poder del capital, las capillas del poder político y las derechas ideologizadas en el odio al pensamiento crítico y a la actuación independiente del pueblo.
Genocidio político continuado y anticomunismo
Es una caricatura de democracia aquel régimen que excluye a una parte de la población de su legítima participación en la vida pública, la condena al actuar clandestino y a la necesidad de defenderse a costa de su vida. La pretendida democracia colombiana, es la más antigua formación estatal que ha constituido un orden convivente con un genocidio político continuado, como práctica social de dominación.
El daño no se lo ha hecho solo al Partido Comunista y a la Juventud Comunista. El daño ha sido y es a la sociedad en su conjunto. El anticomunismo es la condena radical de todo proyecto alternativo concebido en el marxismo, que prenda o tenga opción de prender el entusiasmo y la esperanza de las mayorías populares. Por eso recurre a sentimientos primarios, a la noción de algo ajeno a la nación; o bien a un “peligro para la civilización occidental y cristiana”, para la libre empresa, para la defensa a ultranza de la propiedad privada. Siembra desconfianza y odio, miedo, incertidumbre y distancia.
El paramilitarismo ha sido el producto más acabado y es el operador más funcional del genocidio para el pretendido “enemigo interno”, aunque no el único. A su vez, el fundamentalismo ideológico anticomunista produce falsas democracias caracterizadas por la negación, mediante formas legales e ilegales, más o menos cruentas o flexibles, del reconocimiento y la participación de una parte de la ciudadanía en los asuntos del Estado.
Subversión y cambio social
Aquí el miedo al comunismo fue el miedo a la subversión. Toda idea de cambio social, toda prioridad de lo social por encima de la acumulación de capital o atesoramiento de tierras, cae en la sospecha de lo subversivo. La influencia de las ideas comunistas ha contribuido a que en Colombia perviva la subversión como esperanza, como proyecto alternativo, como posibilidad emancipadora. Los comunistas luchamos por el socialismo, por una humanidad social, una Colombia de dueñas y dueños colectivos del país. Un país soberano hermanado, respetuoso, pacífico y partícipe de una comunidad continental de pueblos libres.
El genocidio político continuado en la larga duración nunca ocultó su profunda raigambre anticomunista. La mayor parte de los crímenes contra miembros de la Unión Patriótica, UP, tuvo una intencionalidad dirigida a destruir el alma organizativa que incluía una gran proporción de militantes, activistas y dirigentes connotados del Partido Comunista Colombiano, entidad que asumió compartir, unitariamente con otras expresiones políticas, el compromiso de constituir la UP.
Tragedia histórica
Las prácticas genocidas en Colombia no surgieron con la UP. Desde albores del siglo XX acompañaron la configuración del capitalismo y su régimen político. El 9 de abril de 1948 inauguró un viraje trágico al anticomunismo como línea de Estado. Operaciones Villarrica de 1955, Marquetalia de 1962 y 1964, fueron estruendosas matanzas de campesinos justificadas en el exterminio masivo de comunistas.
Al término del Frente Nacional, el país conoció los genocidios de la Unión Nacional de Oposición, UNO, y el Frente Democrático, antecedentes próximos de la Unión Patriótica. El hilo conductor de esta tragedia histórica, que no concluye, ha sido la estigmatización y la persecución a personas y organizaciones por su manera de pensar.
El paramilitarismo y el terrorismo de Estado coinciden en el propósito de extirpar corrientes del pensamiento universal a partir del exterminio selectivo y su naturalización, por tratarse del “enemigo interno” comunista. La lucha de clases y la “limpieza social” desde el poder, se han dado la mano con las normas que legalizan los aparatos que asesinan a opositores de izquierda.
Homenaje a los ausentes
Rendimos homenaje a tantas mujeres, hombres y jóvenes sacrificados en su praxis como activistas ciudadanos. Contribuían al contacto con el pueblo en la educación política, la organización y la divulgación de plataformas en estructuras del tejido social y actuaban con una línea política de lucha democrática en los campos electoral, sindical, agrario, magisterial, de los derechos humanos, juvenil o en la solidaridad internacionalista latinoamericana.
El espionaje de los servicios secretos del Estado y su conexión con estructuras paramilitares arroyó en su avalancha a conciudadanos/as de otras corrientes de la izquierda, de la inconformidad social y del pensamiento crítico. Como enemigos han sido señalados quienes han denunciado la legalidad, sesgadamente clasista, desde el quehacer legítimo por la justicia social, la igualdad y la reivindicación de los bienes comunes.
El compromiso histórico
Con el 13 Congreso del Partido Comunista Colombiano, celebrado en diciembre de 1980, la orientación fue buscar una solución política para la paz, con base en libertades públicas, libertad de presos políticos, apertura democrática, exigencia de reforma agraria. La vía de esa salida política era el diálogo, la búsqueda del acuerdo, el paso a un compromiso histórico.
Derrotamos el exterminio como propósito criminal. Trabajamos por unir fuerzas para llevar a pleno término la implementación del Acuerdo Final de Paz y derrotar el propósito de la ultraderecha de hundirlo. Ahora sabemos que hay otra tarea histórica: derrotar el anticomunismo, abrir los horizontes de la libertad a la actuación directa de las y los trabajadores y el pueblo, abrir las mentes al pensamiento crítico; contribuir con la verdad a una nueva identidad y una nueva cultura, colombiana y latinoamericana, que venza el miedo y la intolerancia, que ayude a reparar el enorme daño de la guerra, la represión, la persecución política y el genocidio.
En 2020 el Partido Comunista llega a su 90 aniversario. Hemos sobrevivido batallando. Las nuevas generaciones vivirán. Nuestro pueblo vivirá. No renunciamos a la rebeldía. Construiremos unidos el nuevo país. Lo juramos, en este Bicentenario de Colombia que debe devolvernos la patria.
