El XIII Congreso de la organización marxista – leninista perfiló una táctica centrada en la lucha por la democracia, las libertades políticas, las reformas económicas y los derechos sociales aplazados
Grupo de Investigación Histórica
El periodo de los últimos 40 años es uno de los más complejos de la historia nacional para el Partido Comunista y las fuerzas alternativas, así como para el movimiento social y las luchas populares
El final del Frente Nacional no representó un tránsito a la democracia. La crisis de la alternación presidencial se mostró plenamente en las elecciones del 19 de abril de 1970, donde el fraude y el autoritarismo apalancaron el acceso al gobierno de Misael Pastrana. Tampoco despuntó un signo positivo en los gobiernos liberales de López Michelsen y Turbay.
La Unión Nacional de Oposición, UNO, primer resultado unitario pluralista de la política comunista de alianzas, no dependiente del antiguo modelo de acercamientos con la izquierda liberal, creó las bases sociales de un avance del movimiento obrero, de las luchas cívicas y populares y de las grandes movilización agraristas de la antigua ANUC. El paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977 mostró el gran potencial de acumulados en alza y la fuerza de movilización de la unidad de acción obrera.
La década había visto en 1973 el golpe de Estado que ahogó el proceso democrático en Chile, en 1979 conocía el triunfo revolucionario del sandinismo en Nicaragua. La historiografía comunista ha puesto el acento recientemente en la clarividencia estratégica y el realismo político del 13 Congreso del PCC, de finales de 1980.
A los avances sólidos, aunque desiguales, del movimiento social y el crecimiento de la lucha armada, observó las primeras preocupaciones en el movimiento comunista internacional en torno a las huelgas del sindicato Solidaridad en Polonia y los síntomas de los problemas en el socialismo realmente existente, confirmados luego por las crudas realidades conocidas.
Viraje democrático
El 13 Congreso perfiló una táctica comunista centrada en la lucha por la democracia que consistió principalmente en retar en ese campo las contradicciones, incoherencias y las tendencias militaristas del Estado colombiano, que cobraban espacio en la vida nacional en un contexto latinoamericano sembrado de golpes de Estado militares. La propuesta de apertura democrática era para los primeros años de la década de los ochenta una alternativa a la herencia liberticida del bipartidismo y su concepto de orden público y acción antisubversiva, cuya peor expresión fue el Estatuto de Seguridad del gobierno Turbay (1978 – 1982).
La propuesta de un viraje democrático representaba un paso a la libertad política, las reformas y derechos sociales postergados en terrenos como la reforma agraria, en el campo político como el estado de sitio permanente y la justicia militar para civiles, pesadamente aplicada a las luchas obreras, campesinas y a la izquierda.
La idea de una solución política contradecía la escalada contrainsurgente, inspiró las iniciativas de FARC de treguas unilaterales y de apertura a un diálogo con el gobierno Betancur (1982 – 1986). El salto adelante fueron los acuerdos de La Uribe y los pasos a reformas institucionales: las consultas populares, las reformas para la descentralización, la elección popular de alcaldes, la relativa apertura al sindicalismo, en particular el sindicalismo agrario, el empoderamiento popular en las regiones y en la identificación de las grandes carencias sociales de los territorios que acompañaron el surgimiento del movimiento Unión Patriótica como una fuerza política de convergencias, con un programa orientado a alimentar una paz democrática.
De La Uribe a la guerra sucia
Una valoración correcta de los acuerdos de La Uribe y de la vía de reincorporación a la actividad política por medio del movimiento de convergencia democrática alentó la esperanza en las posibilidades de la solución política para la paz a partir de la tregua bilateral y el diálogo, ambiente que fue cortado abruptamente por la violenta réplica del militarismo, las fuerzas más reaccionarías de la gran burguesía bipartidista, del militarismo y el latifundismo.
La historia de la guerra sucia es bien conocida. Las operaciones retorno, baile rojo y, especialmente, golpe de gracia, fueron componentes de una estrategia criminal que retomó el genocidio y el terror como principales herramientas destinadas a cambiar las relaciones sociales que surgían, mediante la reversión de los procesos democráticos, el exterminio de los líderes sociales y de los comunistas.
¿Por qué ese primer intento de alcanzar una solución política, avanzar en la democratización de la sociedad y del Estado no alcanzó su objetivo?
En medio de las crueles y crecientes desigualdades e injusticias del país las fuerzas avanzadas, revolucionarias y democráticas no lograron la unidad ni la cohesión necesarias para enfrentar la tarea histórica. Entre los sectores de la izquierda faltó coherencia, comprensión y capacidad de solidaridad. Los comunistas no logramos generar la suficiente capacidad persuasiva en medio de la batalla de ideas que acompañó la crisis del socialismo histórico, el derrumbe de la Unión Soviética y la desaparición del antiguo del campo socialista.
Esto no excluye, examinar en la mirada histórica, el marco de los fenómenos subjetivos, las apreciaciones, las consignas y las decisiones críticas que el PCC debió asumir en los repliegues impuestos por el genocidio político, continuado y extendido.
Es necesario no perder de vista ni los factores estructurales vinculados a la globalización del capitalismo, ni la incidencia dominante de la ideología neoliberal y sus efectos prácticos en la mercantilización de las relaciones sociales, de la vida política y electoral, ni el incremento exponencial de las desigualdades y los fenómenos crecientes de exclusión.
Ni tampoco minimizar lo particular de un conflicto con rasgos de guerra civil, prolongado en el tiempo, con una franca degradación ligada al escalamiento de las confrontaciones y los componentes de letalidad añadidos, que afectaron el desenvolvimiento ulterior de la guerra, en particular derivados de la intervención militar estadounidense bajo el cobijo del Plan Colombia.
Imperialismo y conflicto armado
Aparentemente la categoría de “patio trasero” con que voceros del imperialismo han calificado a América Latina y el Caribe, ha venido dejando de ser una superficie llana para ser visto por el imperialismo con distinciones, jerarquías, preferencias y utilidades diversas.
En 1990 una nueva misión estadounidense visita a Colombia y discute con el gobierno de César Gaviria la reorganización de la inteligencia militar, la masificación de redes de inteligencia bajo la dirección de los comandantes militares con la incorporación de civiles.
En cierta manera actualizaba lo dispuesto en el decreto-ley 3398 de 1965, vuelto permanente por la ley 48 de 1968, que sistematizó los antiguos protocolos derivados de la misión Yarborough del Ejército de los Estados Unidos de 1962 que inspiró el Plan Laso, fenómeno que resulta concomitante con el surgimiento de las Convivir originales.
A partir de la segunda mitad de los años 90 el despliegue espacial de los bloques paramilitares, que parten desde el departamento de Antioquia, en un diseño perfectamente contrainsurgente, muestra un factor de regulación de las relaciones entre las clases dominantes y el paramilitarismo emergente en el llamado pacto del parqueadero Padilla, en la ciudad de Medellín y la valerosa investigación adelantada y frustrada del ex magistrado Iván Velázquez y también en 2001 el pacto de Santa Fe de Ralito que puso en marcha el acuerdo de los jefes políticos de la ultraderecha y el narco paramilitarismo, en la consigna de refundar la patria. La candidatura presidencial de Álvaro Uribe fue hija legítima de ese proceso.
Los tres últimos lustros del siglo 20 son el espacio y el tiempo de creación de la nueva estrategia que se va a ver condensada en el Plan Colombia, eje principal de la Iniciativa Andina Antidrogas que despega con la aprobación de la ley correspondiente por el Congreso de los Estados Unidos en 1999.
Coincide con el cumplimiento del tratado Torrijos-Carter que el 31 de diciembre de ese mismo año le devuelve a Panamá la soberanía sobre la Zona del Canal y el retiro de las bases norteamericanas, junto con la Escuela de las Américas que ya había sido trasladada al territorio estadounidense. La geopolítica imperialista asigna nuevas funciones a sus relaciones con Colombia en el contexto de las relaciones de Suramérica, Centroamérica y el Caribe.
La resistencia
¿Qué relación tiene esto con la lucha de los comunistas y la resistencia de los movimientos populares?
Valiosos dirigentes y parlamentarios comunistas habían sido asesinados, Pedro Nel Jiménez, Pedro Luis Valencia, Leonardo Posada, Teófilo Forero, José Antequera, José Miller Chacón, Manuel Cepeda y su suplente Hernán Motta obligado al exilio, al igual en el caso de la presidenta de la Unión Patriótica, Aída Avella.
Los crímenes se prolongan en los siguientes dos lustros del siglo XXI. En 1998 el Consejo Nacional Electoral declara extinguida la personería jurídica del Partido Comunista1. Igual ocurre en 2002 con la correspondiente a la Unión Patriótica.
El Estado reformado por la Constitución de 1991 y auto referenciado como Estado social de derecho se “normaliza”, de momento, con la exclusión de los comunistas del sistema político. La realización simbólica del genocidio2 queda consumada y sancionada legalmente por el régimen durante varios años. El acto siguiente es la nueva batalla del partido por la solución política, el diálogo y un acuerdo de paz.
1 Se “extinguió” la personería jurídica del Partido Comunista Colombiano mediante resolución No 0791 del 01 de julio de 1998, proferida por el Consejo Nacional Electoral, “por falta de requisitos legales que lo expone el artículo 4º de la ley 130 de 1994”.
2 Feierstein Daniel, 2014, El genocidio como práctica social, FCE, Buenos Aires, p. 237.
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