Un paro por la vida y contra el despojo

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Manifestación de comunidades indígenas, estudiantiles y campesinas. Foto archivo.

El rechazo al Plan Nacional de Desarrollo, la defensa de la vida, acuerdos de paz, y una oposición al despojo de tierras y de garantías laborales, son algunos de los puntos que tienen al movimiento social fortaleciendo la unidad, organizando movilizaciones y un paro nacional para el mes de abril

Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino 

“La muerte campea por todas partes. Mueren los ríos, agoniza el sueño de la paz, mueren los colombianos que con su lucha y trabajo sostienen este país que manejan unos pocos a su antojo, colocando el interés particular sobre el bien común y legislando a favor de sus intereses”, es la consigna de las organizaciones sociales y políticas convocantes a una serie de manifestaciones que culminarán una primera etapa, en un paro nacional, el 25 de abril, con movilizaciones en las capitales de departamento.

El pronunciamiento fue hecho en el encuentro nacional de organizaciones sociales y políticas, desarrollado los 9 y 10 de febrero pasados, en Bogotá. En este participaron más de 380 delegados y delegadas de 170 organizaciones sindicales, campesinas, pueblos indígenas y afrodescendientes, estudiantes, docentes, ambientalistas, mujeres, víctimas, organizaciones de derechos humanos y paz, fuerzas políticas alternativas, procesos urbanos y el movimiento comunal del orden nacional y regional.

En su declaración política, los asistentes expresaron: “El mundo y el país atraviesan por la agudización de la crisis estructural capitalista que continúa y acrecienta la acumulación de riqueza en pocas manos y la desigualdad social, mediante un modelo mercantilista, extractivista a través de las guerras, el despojo y la militarización de la vida cotidiana. Se imponen gobiernos de extrema derecha, ultraconservadores y con tendencias fascistas, que violan los derechos conquistados en las luchas, atacan las autonomías y soberanías de los pueblos y destruyen la madre tierra e imponen su proyecto de muerte”.

En su diagnóstico sobre la problemática económica y social, también identifican que la reforma tributaria aumenta los impuestos a la sociedad colombiana, la política de defensa y seguridad restringe las garantías y libertades ciudadanas, la imposición de un salario mínimo exiguo y la propuesta de presupuesto que limita la inversión y garantía de los derechos a la salud, la educación, los servicios públicos, la vivienda entre otros van a llevar a millones de familias colombianas a la pobreza.

La vida primero

El derecho a la vida es también una de las principales razones por las que se movilizan las comunidades indígenas. Sus líderes han sido víctimas de atentados y asesinatos: “De los más de 130 asesinatos que se han producido en el último año, más del 40% es a comunidades indígenas del Cauca, Chocó y Nariño. Somos afectados de manera directa. También vemos con preocupación que el Gobierno quiere echar para atrás los acuerdos que firmó en La Habana, que está atacando a la JEP, y para nosotros es grave que no se avance porque en ese Acuerdo hay un capítulo étnico. Tampoco se avanza en los diálogos con el ELN; ese conflicto es una afectación directa a nuestros territorios y una salida al conflicto armado, debe ser la dialogada y negociada”, explicó a este medio Alejandra Llano, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y vocera de la Cumbre Agraria.

Asimismo, estas comunidades se manifestarán contra el despojo territorial de las empresas mineras, que actúan con la permisividad del Estado, con el avance de proyectos minero-energéticos en sus territorios: “En especial la afectación al derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, el Gobierno ha planteado dos veces reglamentación que va en contra de los principios fundamentales de ese tipo de consultas”, anota la vocera indígena.

Lo vivido en la Sierra Nevada de Santa Marta es uno de los ejemplos, donde a pesar de un fallo de la Corte Constitucional sobre la protección a territorios ancestrales, hay más de 300 solicitudes para minería; lo que afecta a pueblos como el Arhuaco, el Kogui, el Wiwa y el Kankuamo. Por otra parte, en la Orinoquía se ha dicho que hay tierras baldías a pesar de que ahí viven comunidades indígenas y con proyectos y leyes como la de Zidres, están muy afectados.

Otro tema es el Plan Nacional de Desarrollo, donde no se ven incluidos los acuerdos con los indígenas producto de las discusiones en la mesa de concertación.

Estas razones, los tienen desde ya organizándose e inician movilizaciones en marzo. Esperan que el Gobierno asuma el compromiso de hacer acuerdos con los movimientos sociales, sobre todo en lo relacionado con protección de líderes sociales, respeto a las consultas previas y el cumplimiento de lo pactado, pues en este último punto hay más de 1.500 acuerdos incumplidos desde que iniciaron negociaciones en 1996.

“El proyecto de ley que modifica la Ley 160 de reforma agraria, fue llevado a consulta a la mesa permanente, hicimos un acuerdo y el Gobierno no respetó lo que dijeron las comunidades indígenas, lo radicó sin respeto a la consulta previa. En el Plan Nacional de Desarrollo debe cumplir con los compromisos y con los recursos que se comprometió a darle a los pueblos indígenas”, expresó Alejandra Llano al poner un ejemplo de los incumplimientos.

Economías campesinas

La bandera de la paz y defensa de la vida de los líderes y lideresas sociales se convierte en el tema que une a las diversas organizaciones sociales en las protestas regionales y el paro nacional de abril. Pero existen otros asuntos relacionados con economías regionales.

“En el caso de la Cumbre Agraria hemos venido conversando con el Estado, en términos de plantearnos una reforma agraria integral que ponga en el centro la defensa del territorio, la defensa de la vida. Hemos querido avanzar en propuestas de economía propia campesina, el reconocimiento del campesinado como un sujeto social de derechos y en la sustitución voluntaria y gradual de cultivos de coca, marihuana y amapola, que aunque hacen parte del Acuerdo de La Habana, también están en el pliego presentado por la Cumbre”, explicó a VOZ, Jimmy Alexander Moreno, vocero del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Nacional Agraria.

Las organizaciones coinciden en señalar que el Gobierno nacional ha cerrado las puertas al diálogo, aun en contravía de un decreto presidencial de 2014 que mantiene las puertas abiertas a este. “Lo hemos visto bastante renuente a sentarse con la Cumbre y con el resto del movimiento social y popular. Creemos que eso hace parte de una política del Gobierno, el no reconocer esos ejercicios de negociación”, anota el vocero del Congreso de los Pueblos.

Los trabajadores

Por otro lado, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, también se ha manifestado contra el Plan Nacional de Desarrollo. Dice: “Carece de un enfoque de derechos laborales y de promoción del trabajo decente y la justicia social, pues avanza en el desarrollo de formas laborales más precarias que profundizan la desigualdad y las brechas estructurales que afectan al país. Lo anterior se expresa en la ausencia de metas específicas para la creación de nuevos empleos; la promoción de emprendimientos sin garantía de generación de ingresos suficientes, acceso al Sistema General de Seguridad Social Integral, Sgssi, o consideraciones alrededor de la protección de la salud y seguridad en el trabajo. Y más grave aún, introduce un falso Piso de Protección Social, PPS, especialmente para las y los trabajadores rurales, y trabajadores dependientes o independientes con ingresos “inferiores a un salario mínimo”, que desmonta las garantías mínimas del Sgssi, proponiendo que estos accedan a salud subsidiada, Beneficios económicos periódicos (BEPS) y microseguro, en vez de pensión, salud, riesgos laborales y caja de compensación familiar, derechos consagrados en la legislación colombiana y elementos indispensables del trabajo decente”.

En palabras de esta central sindical, se pretende con esta reforma laboral precarizar más las condiciones laborales de los trabajadores, extinguir las obligaciones en materia de seguridad social, contratar por menos del salario mínimo, y acabar con la estabilidad laboral, las convenciones colectivas y la libertad de asociación.

Por parte de la Coordinación de Organizaciones Sociales, COS, su vocero Carlos Arturo García, dijo que el fondo del paro es el rechazo a toda la política económica del actual Gobierno, desde el reajuste salarial, hasta el Plan Nacional de Desarrollo, por ir en contravía de los intereses de desarrollo de comunidades y de la sociedad en general.

Pero el punto que más resaltó es el asesinato de líderes sociales: “Entre el 1 de enero de 2016 al 9 de febrero de 2019 han sido asesinados 584 líderes sociales, de los cuales 127 en el gobierno de Iván Duque. Se reactiva la guerra sucia y el exterminio del movimiento social y popular colombiano, por eso el paro reivindica la defensa de la vida”.

Asimismo, el líder social manifiesta el desinterés del Gobierno para implementar los Acuerdos de La Habana: “Vemos que en los espacios territoriales, los excombatientes están en una situación de indefinición frente a su futuro y reincorporación a la vida civil. De la misma manera, se oponen a la estrategia gubernamental contra la Justicia Especial para la Paz, JEP. El temor de la clase política y de los grandes empresarios es que en el proceso se escuchen versiones que responsabilicen directamente a sectores comprometidos con la guerra, comprometidos con asesinatos y masacres. Por eso hay que salvar el proceso de paz y su implementación, pero también exigir que se regrese a la mesa con el ELN”, concluyó Carlos Arturo García.

El proceso de unidad popular avanza, pues actualmente más organizaciones sociales y políticas se suman a las dinámicas, lo que también se evidencia en los espacios regionales, y la movilización regional se convierte en el elemento catalizador que fortalece las dinámicas organizativas.

Antes del paro nacional se tienen previstos encuentros regionales donde se conocerá mejor las problemáticas y varias movilizaciones como la del próximo 6 de marzo contra los asesinatos de líderes y lideresas sociales; la del 8 marzo por los derechos de las mujeres, mientras el 20 del mismo mes habrá manifestaciones contra Plan Nacional de Desarrollo que se discute en el Congreso.

Por ahora, las organizaciones seguirán fortaleciendo su proceso de construcción de un gran frente popular y democrático conformado por los pueblos, comunidades, organizaciones que construyen procesos por la dignidad y la emancipación, por la vida digna y la autodeterminación. Un frente amplio para la confrontación al sistema y al régimen, que articule la movilización por la defensa de la vida, por los derechos, el territorio, la paz, la construcción de poder popular y la solidaridad internacionalista. Es decir, un frente en perspectiva de unidad y de poder. De unidad tanto en lo concreto e inmediato, como también para los cambios en lo estructural y estratégico, a mediano y largo plazo.