El senador colombiano y activista Iván Cepeda defiende las negociaciones con las FARC, que, a su juicio, «garantizan el futuro de Colombia», ante la oposición protagonizada por el expresidente Uribe. «Hay una derecha que perpetúa los conflictos para encubrir la crisis del modelo neoliberal»
Foto: Urtzi Gartzia
Sergio León
@sergioleonta
Iván Cepeda (Bogotá, 1962) es uno de los grandes defensores del proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Las negociaciones siguen su curso en La Habana. Y pese a los intentos de varios sectores por torpedearlas, Cepeda, senador por el Polo Democrático, defiende que ya han dejado varios «hechos insólitos» y que son lo que necesita el país para poder cerrar un conflicto con más de medio siglo de historia.
Invitado por una asociación de exiliados colombianos, Cepeda ha aprovechado su visita a España para reunirse con representantes de todos los grupos del Parlamento vasco, el Senado y el Congreso de los Diputados. Asegura que se ha encontrado con un «ambiente de respaldo al proceso de paz».
Durante su encuentro con Público, denuncia los planes de ciertos sectores por echar abajo el proceso de paz con el propósito de externalizar el conflicto de Colombia a la región. Una estrategia que pretende, a su juicio sin conseguirlo, dividir a la sociedad colombiana y detrás de la cual ve al expresidente Álvaro Uribe. «No se trata sólo de un asunto de celos entre un exmandatario y el actual jefe del estado», declara.
Filósofo de profesión, ha sido director de la Fundación Manuel Cepeda Vargas y portavoz del Movimiento de víctimas de crímenes de Estado (MOVICE). Su padre, senador y dirigente de la Unión Patriótica, fue asesinado en 1994.
Tras dar el paso a la política, Cepeda dice que su trabajo sigue siendo el mismo. «Me comporto como defensor de los derechos humanos y como trabajador por la paz», manifiesta, aunque reconoce que ahora tiene la posibilidad de «incidir de una manera mucho más significativa».
¿El proceso de paz va por buen camino?
Creo que sí. Hemos comenzado a corroborar hechos inéditos. Primero, que se llegue a tres acuerdos, parciales eso sí, que generan una base para un acuerdo con las FARC. Será un proceso largo, pero un conflicto de medio siglo no se resuelve en unas semanas. El hecho de que por primera vez las víctimas, o por lo menos una delegación, haya estado en la mesa de conversaciones, que haya dado su testimonio sobre hechos que han impactado a ambas delegaciones, es un hecho inusitado no sólo en Colombia, sino también en el mundo y así lo ha reconocido Naciones Unidas.
Hay más hechos. Como que por primera vez en un proceso de paz las Fuerzas Militares dialoguen directamente con la guerrilla. Y también que llevemos dos meses durante los cuales las FARC han respetado el anuncio de alto el fuego unilateral. Llevemos 60 días en Colombia sin que no despertemos con la mala noticia de que haya habido un enfrentamiento o que haya habido muertos miembros de las Fuerzas Militares o de la Policía. Todo ello es, sin lugar a dudas, un patrimonio que no se puede desperdiciar.
El expresidente Álvaro Uribe acaba de volver de una gira de EEUU para promocionar su oposición al acuerdo de paz. ¿Su visita a España es una forma de contrarrestar el mensaje del exmandatario?
No surgió de esa manera, pero tampoco vamos a vacilar a la hora de salir a explicar el proceso de paz. Hoy lo hacemos en España, mañana lo podemos hacer en EEUU. El panorama internacional no es una atribución exclusiva de quienes están en contra del proceso. Es ciertamente irresponsable exportar a la opinión internacional los temores que se están tratando de introducir en la sociedad colombiana. Si esa es su estrategia, la extrema derecha va a encontrar una respuesta cerrada de parte nuestra. Tenemos todos los argumentos de que este proceso es el que requiere Colombia y el que garantiza un futuro para el país.
¿Un acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla es la solución para el fin de la violencia en Colombia?
La paz, por supuesto, no se circunscribe sólo a los acuerdos. Es parte de un proceso arduo y difícil de construcción social y política. El acuerdo es la pieza fundamental, pero requiere ser complementado por muchos hechos, como, por ejemplo, que la sociedad colombiana se involucre y para ello es necesario contar con la voluntad de muchos sectores políticos y sociales. Hay que tejer muchos diálogos paralelos a las conversaciones de La Habana.
¿Cuál es el principal obstáculo para la paz en Colombia?
Ese sector de extrema derecha que quiere socavar el proceso de paz es un gran obstáculo. También es necesario crear las condiciones políticas y sociales necesarias. La paz no es un acto de generación espontánea, es necesario erradicar las causas estructurales del conflicto armado.
¿Entre esas causas está el paramilitarismo?
Es uno de los asuntos pendientes que también va a ser discutido en las negociaciones de La Habana. Y debe ser uno los puntos fundamentales: hay que erradicar el paramilitarismo de Colombia. Y no sólo basta con acordar una serie de medidas, es cosa del Estado no amparar, fomentar o estimular al paramilitarismo y sus estructuras. Negar su existencia es un factor que perturba gravemente la posibilidad de paz.
¿Qué falla en la seguridad para que activistas y defensores de derechos humanos sigan siendo asesinados?
La razón de su persecución es que se hacen incómodos para ciertos poderes económicos y políticos. Quienes defendemos la paz somos incómodos para quienes no quieren que haya proceso de paz. Por ejemplo, hay fuerzas que ven con mucha preocupación que se hable de restitución de tierras y con esto me refiero a sectores que han participado en el despojo de las mismas.
¿Existen todavía vínculos entre el paramilitarismo y el Gobierno?
Diría que hay ciertas estructuras que siguen ligadas al Estado. Hay que explicar de dónde vienen y responder ante lo que ha sido la historia del paramilitarismo. Nadie se puede lavar las manos.
La parapolítica y los casos de los falsos positivos estuvieron fuertemente ligados al anterior Gobierno de Uribe.
Su época de apogeo fue entonces, no ha sido con otro Gobierno. Apareció en el marco de unas políticas que impulsó la administración y hay que ubicarlas temporal y políticamente.
Uribe está en el punto de mira de la Corte Penal Internacional. ¿Cree que llegará a ser condenado por los crímenes que se cometieron durante su mandato?
Creo que inicialmente debería ocurrir en Colombia. Lamentablemente, las investigaciones se han quedado en la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso y que, precisamente, hace todo lo contrario a lo que dice el nombre de la investigación: ni investiga ni acusa. Sin embargo, hay otras instancias que han comenzado a producir procesos de investigación como la Corte Suprema de Justicia en la cual sí hay probabilidades.
¿Es optimista entonces?
Los procesos que están en curso no son cualquier cosa. Mencionaré sólo uno. Tras mucho esfuerzo, acaba de volver a Colombia la señora María del Pilar Hurtado, directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) ─el principal servicio de Inteligencia colombiano hasta su disolución en 2011─, y a quien Uribe había enviado a Panamá para que eludiera la Justicia. Esta señora puede en cualquier momento contar asuntos que sin lugar a dudas podrían involucrar al expresidente Uribe.
¿En qué podría ser involucrado?
El hecho es que existen muchos hechos individuales que se han ido convirtiendo en un largo expediente que está ahí. Uribe ha sido acusado de participar en masacres, de haber fomentado grupos paramilitares, de haber urdido hechos que pueden ser catalogados, sin lugar a dudas, como crímenes de de lesa humanidad. Pero por supuesto aquí la Justicia es la que debe hablar.
¿Qué motivos tiene el expresidente y el sector que representa para deslegitimar el proceso de paz?
Decían que no iba a hacer un proceso de paz, que las FARC iban a volver a engañar al país y que se estaba entregando Colombia al «castrochavismo». Su intención es que el proceso de paz se venga abajo. Que el conflicto continúe para que a través de él se regionalice la guerra colombiana: entrometerse cada vez en los asuntos de Venezuela, seguir cultivando relaciones de enemistad con Nicaragua… La sensación que da es como si formara parte de una estrategia mucho más global y que no sólo se ciñe a un asunto de celos entre un exmandatario y el actual jefe del estado.
Hay una derecha internacional que está interesada en perpetuar los conflictos armados para que encubran la crisis del modelo neoliberal. Mal haría Colombia en cambiar su conflicto interno por convertirse en una fuerza al servicio de otros conflictos armados. Es posible que todo ello esté detrás del entramado que orquesta el senador Uribe.
¿Conflictos vistos, entonces, como negocio?
Hay sectores que no han ocultado su nostalgia por las guerras. Después del 11-S hemos visto surgir la idea de que es necesario, casi imperativo, que haya una guerra permanente en el mundo. Para eso se inventan o van surgiendo enemigos y razones para que haya fuerzas militares y que se conviertan en guardianes de la seguridad. Todo eso nos inquieta mucho y frente a ello queremos abrir los ojos a nuestro país y a todas sus fuerzas democráticas y a las de todo el continente. No queremos entrar en una guerra regional, y no queremos que los modelos del 11-S y sus versiones locales se exporten a otros países. Para nosotros el asunto de la paz en Colombia no es solo un problema local, sino que es un problema también de las relaciones internacionales.
¿El uribismo ha conseguido dividir a la sociedad colombiana ante el proceso de paz?
Se quiere mostrar que detrás del senador Uribe hay millones de personas que están clamando por el fin del proceso de paz. A mi modo de ver eso es una ficción. No creo que haya alguien sensato en Colombia que cuando se evidencia que se está acabando el conflicto, que se está llegando a unos acuerdos razonables, vaya a negar la posibilidad de la paz. Creo que la intensificación de ese discurso es proporcional a la angustia y a la desesperación que siente ese sector de la derecha.
Volviendo a los acuerdos en sí. En los últimos días se ha puesto sobre la mesa la justicia transicional como propuesta.
Hay muchas fórmulas posibles y me parece muy importante que se avance ahora en ampliar el espectro de las responsabilidades sobre el conflicto. No es sólo cosa de las responsabilidades de la guerrilla, sino también de las fuerzas militares. Y, todavía más, no es sólo cosa de los combatientes, sino de todos los sectores involucrados: económicos, empresariales, políticos, dirigentes del estado… Hay que tejer un modelo de justicia transicional muy ambicioso que debe tener en cuenta muchos componentes. La encrucijada entre justicia y paz no debe ser visto como nociones contradictorias u opuestas, sino complementarias.
La propuesta ha creado diversidad de opiniones.
Lo que veo es que el proceso de paz va a permitir un muy necesario y sano ejercicio de verdad histórica. Va a emerger con mucha fuerza una pluralidad de relatos, una historia contada desde distintas voces, parte de las cuales coinciden en hechos muy importantes a tener en cuenta. La guerra colombiana ha tenido un sustrato económico y social que es innegable. Ha sido el escenario en el cual se han producido verdaderos genocidios de fuerzas políticas de la oposición. Vamos a tener un debate político muy fuerte y eso es beneficioso para la asunción de responsabilidades.
¿Está Colombia preparada para ofrecer una reparación a las víctimas?
Estamos tejiendo un camino hacia ello. Hoy hay una realidad innegable: la existencia de una inmensa porción de la población que ha sufrido de manera directa los estragos del conflicto armado y que tiene un rostro esencialmente de origen rural. Son los campesinos y las campesinas las primeras víctimas en Colombia. Una buena parte son mujeres. Y esas poblaciones han quedado en situación de miseria. Han sido desterradas, objeto de usurpación de sus bienes, de sus tierras. Es necesario que esa realidad se asuma y se asuma como parte de un movimiento de reparación y de reforma agraria. Diría que es un mismo tema.
