Para la décima misión asturiana e irlandesa en Colombia es preocupante el trato discriminatorio que se da a los presos políticos, las denuncias de connivencia entre Fuerza Pública y paramilitarismo, y que el Estado no respete las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Mauricio Valiente, diputado de Izquierda Unida de España. Foto Kikyō.
Mauricio Valiente, diputado de Izquierda Unida de España. Foto Kikyō.

Kikyō

Cada año, un grupo de líderes sociales asturianos, en el marco del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en Colombia, visita el país, realiza varios viajes a las regiones y presenta una valoración de la situación que viven las comunidades.

En esta ocasión la delegación estuvo compuesta por Mauricio Valiente Ots, diputado de Izquierda Unida en el parlamento de Madrid; Ana García Calleja y Ana Andrés Ablanedo, de Soldepaz Pachakuti, Asturias; José Manuel Fernández González del sindicato Comisiones Obreras, Asturias; Enrique Alcalde Jiménez, ISI de Burgos; Michael Dowling, de Sitpu, Justicia para Colombia, Irlanda; José Antonio Gutiérrez Dantón, LASC, Grupo Raíces, Irlanda; Javier Orozco Peñaranda, Programa de Derechos Humanos, Asturias; y Teresa Palop Torelló, Frontline Defenders, Irlanda, organización observadora.

VOZ habló con Mauricio Valiente, diputado de Izquierda Unida y portavoz de la misión en Colombia:

–¿La misión ha visto algún progreso en derechos humanos, el gobierno ha seguido algunas de las recomendaciones que ustedes les han hecho?

–Llama la atención que en esta visita hemos constatado un agravamiento generalizado, tanto en los distintos territorios, los cuales hemos tenido la oportunidad de visitar, como en el movimiento sindical, de mujeres, campesinos, quienes nos han dado sus aportes. Hay que recordar que no es una misión estadística, es una misión que recoge informaciones y denuncias, y en todo caso se constata que coincide también con informes estadísticos que hemos podido consultar tanto de Somos Defensores como de la Escuela Nacional Sindical, y el estudio reciente de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

–¿Qué regiones del país visitaron y cómo vieron la situación?

–Estuvimos 14 días. Ha sido una visita muy completa. Comenzamos en Bogotá, luego fuimos al Tolima, Valle del Cauca, Cauca. Destacaría la visita a Buenaventura. Para nosotros fue muy impactante poder contactar con los colectivos de derechos humanos y, sobre el terreno, además tener esa visión directa de la situación. De ahí nos desplazamos a Cartagena en el departamento de Bolívar, posteriormente estuvimos en Atlántico, Magdalena, Cesar y Norte de Santander.

Tuvimos una buena sesión de trabajo con las organizaciones campesinas de Tibú y con las organizaciones de derechos humanos, sindicales y de trabajadores ambulantes en Cúcuta. Allí lo más importante es la constatación de la permanencia del paramilitarismo en todos sus extremos, tanto en su control territorial como en la presión sobre quienes protestan o defienden su derecho, como también en la convivencia con autoridades locales y Fuerza Pública en todas las regiones que hemos visitado.

Eso para nosotros es lo más preocupante, porque lo que evidencia es que después de ocho años de aplicación de la ley víctimas, del proceso de restitución de tierras, el fracaso de esta normativa ha sido total, a pesar de que hay un discurso de normalización, de avance y de respeto a los derechos humanos.

–¿Qué fue lo más grave que pudieron detectar durante las visitas?

–Quizá lo más alarmante, lo que más nos ha impactado es la situación de los prisioneros políticos. Nos llama la atención la disparidad de la atención con otros presos, como los militares condenados, con los insurgentes o aquellos activistas sociales que han sido condenados. Nos ha impactado el hacinamiento. A pesar de la declaración de inconstitucionalidad que emitió la Corte Constitucional de Colombia, no se han tomado medidas efectivas, en condiciones tremendas, sobre todo la desatención médica que tienen algunos prisioneros políticos. Esos testimonios nos han llegado de una forma muy profunda.

–¿Qué pueden decir de lo positivo, si lo hay?

–Lo que más esperanza nos ha dado es la capacidad de resistencia y el ejemplo de dignidad de las comunidades campesinas que hemos visitado. A pesar de ese control paramilitar, de los muertos, de la falta de expectativas de los procesos de restitución de tierras de atención a las víctimas, siguen movilizándose e incluso, en comparación con otros años, hemos visto que hay un proceso de reorganización importante que muestra que no se van a callar. Y están convencidos de que luchando es como se harán efectivos sus derechos. Nos hace sentir un aliento de esperanza el poder hablar con ellos y comprobar su fuerza. Fue muy positivo.

–¿Con qué otro lugar en el mundo se puede comparar la situación que vive Colombia en cuando a violación de derechos humanos?

–Cada país tiene una historia y una peculiaridad, pero creo que lo que estamos viendo aquí es, prolongado en el tiempo, la situación que se vivió en Chile y en Argentina, las dictaduras del Cono Sur en los años más duros de la represión. Obviamente con un encubrimiento no como el de Pinochet, el de Videla, de esos militares sanguinarios. Se da con otra envoltura, pero en cuando a intensidad, en cuanto a extensión, creo que es comparable con lo que se vivió en estos años.

–¿Qué peticiones o sugerencias harán este año al Estado colombiano?

–Siendo una misión organizada a partir de un programa de protección a víctimas, vamos a centrarnos en la importancia de abrir canales para que la situación real de las víctimas se conozca. O sea, no es de recibo que las autoridades públicas hagan propaganda y no den una visión real de lo que está sucediendo.

Reconocemos avances que habido en normativas y en los discursos, pero eso no basta en cuanto a la situación de violación de los derechos humanos. Por lo tanto un primer eje va a ser ese reclamo de una mayor transparencia y de que las víctimas puedan hacer llegar su visión de lo que está sucediendo. En segundo lugar vamos a insistir mucho para que se mantengan los programas de atención de protección a las víctimas. Hemos recibido informaciones de que los recortes presupuestales están afectando los mecanismos que se ponen al servicio de las personas amenazadas. Eso no puede ocurrir.

Otra cosa es la importancia de hacer respetar los derechos políticos. Es algo que pudimos ver de cerca en la entrevista con el ex alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, que además manda un mensaje muy negativo al proceso de paz, a la posibilidad de poder mantener una opinión política distinta en el país, y vamos a exigir a nuestros gobiernos, al asturiano, al español, al irlandés, que tengan una posición firme en este aspecto, como lo han tenido en otros países, pidiendo explicaciones al gobierno colombiano y, sobre todo, exigiendo que se respeten las decisiones de la Corte IDH, ya que esto fortalece el sistema.