La búsqueda de condiciones laborales dignas y de un mejor trato de las multinacionales a las comunidades y al medio ambiente, es suficiente para que la USO quiera ser exterminada
Redacción laboral
La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO, denunció la semana pasada ser víctima de una nueva sentencia de muerte, contra un grupo de dirigentes sindicales de la región del Magdalena Medio, a través de un panfleto firmado por el grupo paramilitar Los Rastrojos.
En este dan 48 horas para que la USO abandone la región so pena de ejecutar la sentencia. En el mismo comunicado se señala como víctimas de la actividad sindical a las empresas petroleras.
La organización sindical ya había denunciado, el pasado 7 de mayo, que el dirigente sindical Rafael Rodríguez Moro, secretario general de la subdirectiva El Centro, fue víctima de un atentado contra su vida cuando se encontraba comprando unas medicinas en una droguería en Barrancabermeja.
El 9 de mayo de 2013, de visita por el corregimiento de El Centro, el dirigente Ariel Corzo, recibió amenazas vía mensaje de texto.
El 21 de mayo circuló un nuevo panfleto con amenazas de muerte contra los dirigentes sindicales Martin Ravelo, Ariel Corzo, John Rodríguez y Alexander Castro, firmado por los mismos paramilitares.
Según la USO, “se volvió costumbre que cuando los trabajadores reclaman sus derechos ante empresas del grupo empresarial Ecopetrol, asociadas, contratistas y subcontratistas, coincidencialmente aparece el expediente de la amenaza, el terror y los atentados, en los que figuran como responsables grupos paramilitares, que fueron creados en connivencia con el Estado, mafias y transnacionales, precisamente para intentar restringir el libre ejercicio de la actividad sindical de la USO y acallar la voz de protesta de las diversas formas organizativas de trabajadores y comunidades”.
En pasadas acciones urgentes, la USO alertaba sobre las peligrosas declaraciones dadas por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, altos funcionarios del Estado y periodistas, quienes señalaban a esa organización de pertenecer al “sindicalismo armado”.
Desde ese momento exigieron al gobierno colombiano un pronunciamiento sobre la legalidad y legitimidad de la USO, de igual manera se le solicitó al Presidente de Ecopetrol se pronunciara sobre esas afirmaciones. Nada de eso consiguieron.
La actitud empresarial
En la última reunión de la Comisión de derechos humanos y paz, los comisionados de la USO, expusieron con detalle la difícil situación de seguridad que viven, en particular el caso del campo de producción El Centro, donde se demostró que existe una toma paramilitar por parte de Los Rastrojos y otros grupos, hecho evidenciado por la Defensoría del Pueblo.
Así mismo se da el cobro de vacunas a comerciantes y colonos, el patrullaje de hombres armados, las citas y mensajes que se envían a pobladores de la región, las constantes amenazas a dirigentes sindicales y sociales.
“Lo más grave es que todo esto ocurre con la mirada cómplice de autoridades civiles y policiales, y peor aún con la anuencia de Ecopetrol”, denuncia la USO y agrega, “También denunciamos la actitud de Ecopetrol y su grupo empresarial de solucionar por la vía violenta los conflictos laborales, tal y como está ocurriendo con el que se adelanta en el campo de producción El Centro”.
La ofensiva y persecución contra los dirigentes y activistas sindicales se da en medio de un gran control militar y policial en la región. “Nadie se explica cómo estos grupos paramilitares se mueven con tanta libertad por áreas completamente militarizadas. Nadie se explica cómo la reacción del Esmad y el Ejército solo es eficiente a la hora de reprimir a los trabajadores en el momento de sus luchas reivindicativas”, expresan los dirigentes sindicales.
En medio de la oleada de amenazas y apenas concluido el foro sobre explotación del carbón y sus impactos, en el municipio aledaño del Carmen de Chucurí, se perpetró una masacre que dejó seis muertos y dos personas heridas.
Los dirigentes de la USO responsabilizaron a la estatal petrolera a su grupo empresarial, Occidental Andina, y al gobierno colombiano por lo que pueda pasar contra sus dirigentes.
