La oposición política en el Congreso de la República cierra filas en contra de la cascada de impuestos que el gobierno de Iván Duque pretende imponer a las clases populares
Redacción Política
Las bancadas en el Congreso de la República, personalidades políticas y distintas iniciativas ciudadanías que han manifestado estar en el Pacto Histórico, una convergencia de distintas fuerzas revolucionarias, progresistas y demócratas, han manifestado públicamente que se opondrán a la reforma tributaria que presentará el ejecutivo, por ir en contra de los intereses del pueblo trabajador, en especial por afectar negativamente el bolsillo de las familias colombianas en medio de una aguda crisis social y económica.
Aunque el Pacto Histórico aún no tiene el proyecto oficial de reforma tributaria, se conoció un comunicado público en el que se resalta la oposición a la política económica del gobierno Duque y su intención de recaudar 30 billones de pesos en impuestos.
De espaldas al país
Para la convergencia de fuerzas alternativas las intenciones del ejecutivo no se compadecen con la cruda realidad que atraviesan millones de colombianos ante la grave crisis económica que está dejando la pandemia, enfatizando en identificar que las principales decisiones del Gobierno nacional han sido favorecer a los grandes empresarios, en especial al sector financiero.
“El hecho cierto es que las arcas del Gobierno nacional van por el recaudo de nuevos recursos por 30,3 billones de pesos anuales, echando por la borda algunas de las recomendaciones de la Comisión de Expertos Internacionales que el mismo Presidente había convocado, como reducir en algunos puntos la tarifa del 19%, eliminar exenciones, buscar un sustituto del Impuesto de Industria y Comercio, ICA, y eliminar el 4X1000. En cambio, el Gobierno opta por incrementar la tributación de los sectores productivos y los asalariados, y se mantienen las prerrogativas y exenciones para los grandes capitales, grandes empresas y grandes propietarios”, advierte el Pacto Histórico en el comunicado.
No a la ampliación del IVA
Los anuncios hechos por la bancada de Gobierno y por el expresidente Álvaro Uribe, que se ha convertido en el mayor impulsor de la reforma tributaria, han prendido las alarmas del Pacto Histórico.
“El IVA es un impuesto profundamente regresivo, ya que su pago no depende del ingreso ni del patrimonio del consumidor. Paga igual impuesto el pobre y el rico, el desempleado que el rentista. El mayor recaudo del IVA provendrá de ampliar la base de productos gravables y subir de 5% a 19% el impuesto a lo que el Gobierno considera productos suntuarios: harinas de maíz, sal, pastas, cereales, carnes frías o embutidos. Además, muchos bienes anteriormente clasificados como exentos del pago del IVA serán clasificados como excluidos –carne, leche, pollo, entre otros–, cuya consecuencia inmediata es que los componentes de la cadena productiva de esos bienes sí pagarán el impuesto y ello implica el incremento del precio al consumidor», concluyen las fuerzas progresistas de la convergencia.
Contra la clase trabajadora
Otra de las advertencias hechas por el Pacto Histórico es la ampliación de la base gravable, es decir, que más colombianos paguen impuestos. Hoy la base gravable en Colombia es para quienes ganan más de cuatro salarios mínimos; con la propuesta de reforma tributaria se ampliaría la base para las personas que tengan ingresos hasta de dos salarios mínimos. A eso se le sumaría el pago de otros impuestos indirectos como el IVA o el de la gasolina.
“El proyecto de reforma mantiene los privilegios y las exenciones a grandes capitales y propietarios y se ensaña con los sectores medio y pobre de los colombianos. Según Salomón Kalmanovitz, ex codirector del Banco de la República, el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible deja vigentes las exenciones que permitieron que en 2020 «el sector financiero pagara solo 1,9% de sus utilidades de 121 billones; las empresas petroleras, el 7% de sus utilidades de 92 billones; y las empresas mineras 6% de $31 billones, cuando debieron pagar 33% que la ley establece para las demás empresas. El costo para el fisco de esos tres sectores fue de un poco más de 80 billones». Es decir, casi tres veces lo que el Gobierno pretende recaudar con su nueva reforma tributaria”.
Las fuerzas políticas que integran el Pacto Histórico ya han señalado que las discusiones de la reforma deben ser públicas. “Para que el debate sea honesto, las discusiones de la reforma tributaria no pueden quedarse en los oscuros salones del ministerio de Hacienda en donde solo pueden entrar los gremios y no los ciudadanos”, denunció la senadora por la Unión Patriótica, Aída Avella.
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