Nuevas evidencias sobre el bombardeo del Ejército Nacional el pasado mes de agosto en el Caguán, determinan que no se respetó el debido proceso en la acción militar y se violó el DIH. Militares y Ministerio de Defensa ocultaron información y presentaron el asesinato de niños como un triunfo militar. Hoy se habla de 18 menores muertos
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
El municipio de San Vicente del Caguán es la ciudad más grande después de Florencia, en el departamento del Caquetá. Según censos oficiales, hay 67. 994 habitantes que viven en 287 veredas, una de esas veredas, es la de Aguas Claras II, lugar en donde se reportaron los bombardeos del Ejército que dejaron como saldo la muerte de, supuestamente, ocho niños y niñas, pero que según versiones de los habitantes, serían al menos 18 menores las víctimas de los hechos del pasado mes de agosto.
La guerra que nunca se llevaron
Este territorio ha estado involucrado en cada etapa del conflicto armado interno por muchos años. Por el Caquetá y en particular por San Vicente, han pasado todos los planes militares del Ejército Nacional, la Armada y la Marina.
Luego de suspendidos los diálogos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana, en la zona conocida como Los Pozos, la injerencia militar creció de manera desproporcionada, el objetivo era acabar con la guerrilla bajo un plan antinarcóticos y contrainsurgente, y en esa tarea todas las instituciones militares contaban con un amplio presupuesto gringo de unos $309 millones de dólares, en 1999. Las Fuerzas Armadas superaron los 455.000 miembros activos, la dotación fue de alto poder, se amplió con más de una decena de helicópteros Blackhawk, y para esa época y gracias al potencial militar, las Fuerzas Militares de Colombia fueron catalogadas como las segundas mejor entrenadas a nivel mundial.
Con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia, en el año 2002 y su Plan Patriota I y II, el objetivo seguía siendo el mismo, acabar con la insurgencia y “recuperar la tranquilidad para la población”. Alrededor de 18 mil soldados y oficiales colombianos fueron dirigidos por mercenarios norteamericanos que planificaron el operativo que inició a comienzos del mes de febrero de 2004. La zona del Caguán y los municipios aledaños, así como otros departamentos cercanos, fueron el epicentro de esta estrategia militar. Para diciembre del mismo año se realizó, con amplia presencia internacional, un foro de derechos humanos en donde la población civil denunció los vejámenes de la violencia militar: desplazamiento, asesinatos de civiles, desaparición forzada y torturas.
Años más tarde se supo que la zona de la Macarena en el Meta, relativamente cerca al Caguán, y en donde está ubicada la base de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) del Ejército, habría sido destinada como fosa común, por los militares. Allí, en helicópteros, llevaban a los muertos de alguna jornada militar (metidos en bolsas) y los arrojaban en el campo para que los sepultureros los enterraran. Este mismo modus operandi se dio en San Juan de Losada y en otros corregimientos de la región. Cuando la comunidad empezó a denunciar los hechos, estos lugares fueron intervenidos y solo en el caso de la Macarena se conocieron más de dos mil muertos, a lo que las organizaciones de derechos humanos denominaron la fosa común más grande, hasta ahora conocida en el país.
En la intervención de este cementerio-fosa común se han identificado civiles dados por desaparecidos de sus lugares de trabajo o casas. Se conocen casos de niños, mujeres, adultos mayores y también de personas uniformadas, presuntamente excombatientes. Un caso en particular que fue registrado como desaparecido por una madre, fue el de un joven que salió de su casa a jugar fútbol con su balón y la camiseta de su equipo preferido; su cuerpo fue hallado abaleado y enterrado en una de estas fosas. El balón, con el que fue enterrado y su camiseta, fueron claves para identificarlo.
El bombardeo de niños
Es de extrañar que los soldados y los altos mandos, expertos en estrategias militares, con los más destacados equipos de inteligencia, luego de un seguimiento al presunto cabecilla de las disidencias y al lugar en donde se iban a cometer los bombardeos, aseguren no haber tenido claridad sobre a quienes estaba dirigido el ataque, y más aún, que no tuvieran conocimiento de la presencia de niños y niñas.
VOZ conoció uno de los vídeos que grabaron las comunidades a comienzos del mes de septiembre, varios días después del bombardeo, en una brigada civil para identificar el lugar, luego de que los militares abandonaran la zona y de que se realizara el levantamiento de los cadáveres. Lo que allí se observa es una tragedia, una desproporcionalidad carente de un ejercicio ético militar.
Las bombas cayeron en lugares aledaños a las viviendas de la población civil. En el vídeo se observan implementos de cocina, ropa de civiles, uniformes, casquillos de metralla, pero sobre todo, lo más delicado es ver restos humanos aún bañados en sangre, trozos de cuerpos calcinados, un pie pequeño que se podría decir que era de algún menor, pues es notable identificarlo por su tamaño y porque está descalzo entre las cenizas sobresaliendo en medio de la remoción de tierra y árboles caídos, producto de la explosión. Son imágenes fuertes, que permiten cuestionar el papel inhumano que jugaron quienes aparentemente levantaron los cuerpos e hicieron la inspección del sitio.
La impresión que queda es que nunca hubo presencia de Medicina Legal, ni de un equipo médico o de un Cuerpo Técnico de Investigación que levantara los cuerpos. Por el contrario, da la sensación de que los mismos militares levantaron lo que pudieron levantar y a ojo de pájaro dieron el parte de guerra. Es la única respuesta al ver los escombros y los restos de personas que aún quedan en el lugar.
Tragedia humana que no le importó a la Fiscalía
Detrás de este episodio que le costó el puesto al ministro de Defensa, había seres humanos, y se sabía del reclutamiento forzado a menores por parte del grupo armado objetivo de la operación. Es deber de todo el Ejército, según el Derecho Internacional Humanitario, proteger la vida y la integridad de la población indefensa, eso incluye a los menores involucrados en el conflicto. El personero de Puerto Rico, Caquetá lugar cercano a la vereda que fue bombardeada, Herner Carreño, le expresó a los medios de comunicación que él ya había puesto en conocimiento a las autoridades el reclutamiento de menores: “Las denuncias las puse en conocimiento de la Fuerza Pública y también quedaron en las actas de los Consejos de Seguridad en las que participaron el Ministerio Público. Antes del bombardeo yo le decía a la Fuerza Pública que había reclutamiento”.
Confirma que desde el mes de mayo reportó la presencia de grupos armados en la zona, mes en el que aumentó la intensidad de las acciones armadas en el municipio, así como también que “estaban reclutando niños del municipio. Después del bombardeo pongo la denuncia en la fiscalía del reclutamiento y del homicidio de los menores”.
El personero confirmó a El Espectador que las primeras denuncias que adelantó eran sobre las tres menores asesinadas, pero no recibió respuesta de las instituciones del Estado: “Yo puse la denuncia de los tres casos que logré documentar, que son tres niñas que murieron en los bombardeos: Diana Medina, de 16 años; Luz Ángela Pérez Bonilla, de 13 años y Luz Mar Jaramillo, de 17 años. La respuesta fue nula, tanto de la Fuerza Pública como de la Fiscalía”.
Dolor de unas familias y oídos sordos del Establecimiento
VOZ dialogó con don Hermes Tique, padre de la niña Diana Medina, de 16 años y quien murió en los hechos. Don Hermes asegura que la niña no hacía parte de ningún grupo armado, que se encontraba en vacaciones con su hermana y había quedado en regresar por esos días para continuar sus estudios en el colegio de Puerto Rico. Recuerda también que todos los días, desde que la niña vivía con él, la llevaba al colegio y la recogía cuando terminaba la jornada. También la dejaba en sus entrenamientos de fútbol femenino, a los que su hija decía que iba porque jugando le iba a garantizar un mejor bienestar a su familia.
“Hasta ahora el gobierno no nos ha dicho nada. Lo único que he sabido es que sacaron una foto de mi niña vestida como guerrillera. La persona que está haciendo eso está a favor del ministro que quería tapar la verdad de lo que habían hecho. Eso es un montaje, mi hija era una estudiante y eso me tiene muy dolido a mí”, comenta don Hermes.
El padre de familia asegura que no ha recibido ningún apoyo o comunicación por parte del gobierno, “yo le pido al Estado protección y que nos ayude. Esto es muy duro, está muy difícil, la gente rumora que lo mejor es que salga de la región, por lo de las denuncias. Por un lado por los grupos armados y por lo que sale en las noticias, aunque yo no he señalado a nadie porque no conozco a nadie, y por otro lado, por el mismo Estado, por haber destapado la verdad de que habían menores de edad en ese bombardeo”.
En su relato, don Hermes comenta que a su hija Diana Medina se la entregaron en los primeros días de noviembre para darle sepultura. Según le informaron, algunas partes de su cuerpo no fueron halladas. Él, en medio de las dificultades económicas, tuvo que pedir dinero prestado a personas conocidas para poder trasladar el cuerpo a Bogotá, en donde en donde vive la mamá de Diana. La niña fue velada en la iglesia de Venecia, al sur de la ciudad.
VOZ también supo de otras familias que se encuentran en la misma situación, no conocen nada de las instituciones. Su situación económica nos les permite salir de sus veredas para buscar ayuda, algunas madres se encuentran enfermas, lo que hace más difícil un traslado a la ciudad para hallar la verdad sobre los hechos.
Una verdad a medias, según las comunidades
El pasado lunes festivo Noticias Uno informó que, gracias a una visita al lugar, la comunidad pudo relatar otros detalles de lo ocurrido, e informaron que los niños muertos pueden ser más de ocho, la cifra que manejan los habitantes de la zona es de 18 menores.
Una de las entrevistadas por el periodista de Noticias Uno, Idaly Saldaña, asegura: “Esa es la cifra que no revela el Estado y que no han revelado quienes tienen que ver con esto. Según las familias la cifra es de 18 niños”. Igualmente, señalaron los habitantes, que al menos tres niños habrían quedado vivos y fueron ejecutados por el Ejército luego del bombardeo. Los campesinos de la vereda Aguas Claras II, adscrita al Caguán comentan que se escuchaban los gritos de auxilio de los menores, y que fueron perseguidos con perros por los militares y cuando los encontraron fueron acribillados a dos kilómetros del lugar del bombardeo. “Llevaban perros persiguiendo a los niños y los mataron allí en frente de un potrero”, le relató un poblador a Noticias Uno, mientras se preguntaba, “¿por qué no los retuvieron vivos?”
Esta nueva situación que se conoce públicamente gracias a la labor investigativa de un medio de comunicación, agranda el cuestionamiento del papel de las Fuerzas Militares y de las instituciones del Estado en estos operativos de guerra, las cuales deben brindar todo el apoyo en la parte investigativa y asimismo, garantizar la protección de las víctimas, en este caso, de las familias a quienes hoy ningún ente institucional se ha acercado para dar cuenta de lo que pasó.
Los familiares, como don Hermes, exigen la verdad de los hechos, cuestionan el actuar de las Fuerzas Militares y llaman la atención sobre la necesidad de conocer la verdad y las garantías para quienes hoy denuncian el atroz bombardeo. Roy Barreras, el congresista que sacó a la luz pública los hechos en una audiencia de control, comentó a través de sus redes sociales que es hora de pensar en el país y llamó al presidente a convocar la unidad y exigió “respeto a la paz firmada que implica la garantía de la vida, los derechos y las libertades de todos los colombianos”.
Así mismo lo expresaron los habitantes de la zona del Caquetá a Noticias Uno, la población habla de cumplir con los Acuerdos de Paz: “El gobierno no nos ha dicho por qué se rompió el acuerdo”, comenta una habitante de la zona preocupada por la continuidad de la guerra y la añoranza de querer vivir sin la zozobra del ejercicio militar sobre sus viviendas.
A estos territorios del país, el Estado nunca les cumplió con la inversión social acordada en el proceso de paz, la guerra nunca se fue, y los planes para “devolverle la tranquilidad a la población” parecen estar en el mismo lugar de siempre, en un juego de estrategias militares para mostrar positivos, y en donde la principal víctima, la carne de cañón, siempre será la población civil.
