Otra vez la vaina de la tierra

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En Colombia viven más de cinco millones de mujeres rurales, según el Ministerio de Agricultura, la mitad de las cuales vive en condiciones de pobreza. Foto Nataly Puerta González.

El actual gobierno de Iván Duque apenas ha logrado un 0.00014285 por ciento de la meta pactada dentro del Fondo de Tierras, que es siete millones de hectáreas para adjudicar a campesinos y campesinas pobres

Martín Vallejo

A lo largo de toda la historia nacional, la edificación de la economía ha estado dominada por grandes sectores que, amparados en el mantenimiento del modelo económico regional, siguen sin pensar en un proyecto nacional.

El primer ejemplo, es la reacción legal e ilegal que se dio producto de la expedición de la Ley 200 de 1936, que buscaba preservar la función social de la propiedad y modernizar los procesos de formalización de la propiedad privada y los predios baldíos. Este proceso, forjó como resultado, un movimiento armado por parte de grandes grupos de hacendados que se movilizaron en varias zonas del país con el objetivo de despojar y expulsar de sus territorios a los campesinos.

Luchas campesinas por la tierra

Con la expedición de la ley 100 de 1944 se cerró la primera propuesta de generar una reforma rural. Este hecho va a formar dentro de grandes sectores del país una inconformidad debido a la legalización del despojo de tierras por parte de los grandes propietarios y será uno de los combustibles para el periodo de la violencia, producto de la creciente conflictividad y todo el contexto de florecimiento de las luchas sociales y campesinas que se radicalizó en la década del 60.

El Gobierno nacional, buscando moderar los grandes movimientos de ocupación de tierras, expidió la Ley 135 de 1961 que derivó en el reconocimiento e institucionalización de la organización campesina más poderosa de la historia reciente de Colombia, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC.

Del pacto de Chicoral al neoliberalismo agrario

El imperialismo norteamericano, fue uno de los artífices de la nueva institucionalidad rural colombiana, con el objetivo de formalizar los movimientos campesinos, moderar sus demandas de lucha agraria y debilitar a los movimientos insurgentes. A pesar de esto, se creó principalmente en la costa atlántica, un vigoroso movimiento que ocupó por vías de hecho más de 100 mil hectáreas y logró transformar por medio de la democratización a gran parte de las zonas rurales, especialmente en los departamentos de Córdoba y Sucre. Debido a este vigoroso movimiento, los terratenientes frenan este proceso de reforma a través del pacto de Chicoral de 1972.

Posteriormente, debido a la presión ejercida por los movimientos sociales y el proceso de apertura económica de la contrarreforma neoliberal, que buscaba fortalecer los mecanismos para ampliar el mercado de tierras y la financiarización de la propiedad rural, surge la Ley 160 de 1994, que promovía el acceso del campesinado a las tierras baldías, para fortalecer la producción y la economía rural.

Este dispositivo institucional tenía como finalidad principal consolidar un mercado de tierras a través de la legalización masiva de la pequeña propiedad igual o superior a la Unidad Agricola Familiar, UAF, con el objetivo de vincular al pequeño campesinado a las lógicas del mercado de tierras y su dependencia del capital financiero.

Contra la espada y la pared

Los grandes beneficiados de la incursión del proyecto paramilitar en los territorios y del capital financiero fueron los grandes propietarios, los narcotraficantes y los dueños de los grandes proyectos minero-energéticos por medio de la concentración de más de 7 millones de hectáreas.

Desde la institucionalidad y los sectores del poder en Colombia, debido a la presión de los movimientos sociales y la comunidad internacional se ha puesto en evidencia la legalización del despojo para la consolidación de un mercado de tierras de acuerdo con los estándares a nivel internacional.

Un sector de la clase dirigente, se la jugó toda para lograr la existencia y consolidación de un proceso de paz, que permitiera abrir los territorios y las zonas rurales a las lógicas de desposesión del mercado nacional, más allá de las supuestas lógicas altruistas del llamado Nobel de Paz.

A partir la expedición de la Ley de Víctimas 1448 en 2011, solo se han logrado restituir menos del 10% de los procesos que se encuentran en curso a casi una década de su inicio. Demostrando así el nulo interés, que han tenido las clases dirigentes por el proceso de Restitución de Tierras. Lo más grave de todo esto, es que el uribismo ganadero quiere acabar esta institución mientras las víctimas continúan esperando su tierra.

La burocracia contra la paz

En el marco del proceso de negociación del proceso de paz en los dos gobiernos de Juan Manuel Santos, no se evidenció el más mínimo interés por generar ni siquiera un proceso de reforma agraria, sino que lo delimitó a un proceso de formalizar lo existente, más no lo necesario. En esta vía, en contra de las organizaciones sociales y los acuerdos de paz, se promulgó el Decreto-Ley 902 (Resolución 740-12096), pero con serias deficiencias para cumplir con lo pactado dentro de la Reforma Rural Integral.

El llamado proceso del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y sus respectivos pilotos en más de 48 municipios, han evidenciado que actualmente al régimen político no le interesa resolver la cuestión agraria y rural en el país, debido a los grandes intereses que se tejen alrededor de los sectores económicos y políticos que se han apropiado de manera indebida de los predios de la nación, conocidos como baldíos, y de los privados del pequeño campesinado que fue desplazado por medio del despojo violento.

La institucionalidad responsable de implementar la Reforma Rural Integral (ANT-ART-ADR), ha demostrado en la práctica, total incapacidad de corresponder con las demandas del Barrido Predial Masivo, instrumento que tiene el objetivo de actualizar el catastro multipropósito y generar el acceso a los mecanismos de formalización de la propiedad rural por tres3 años que se determinó realizar este ejercicio y los resultados han sido nefastos.

Ineficiencia en la institucionalidad rural

El actual gobierno de Iván Duque apenas ha logrado un 0.00014285% de la meta pactada dentro del Fondo de Tierras, que es siete millones de hectáreas para adjudicar a campesinos y campesinas pobres. De los llamados “municipios focalizados”, que son 48, aproximadamente pueden sumar un universo de más de 50 mil predios, de lo cuales solo se han entregado un poco más de mil títulos, es decir, este desface es totalmente trágico y escandaloso.

Además, se suma a los intereses geopolíticos del imperialismo por medio de la promoción de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid por sus siglas en inglés, y la financiación de varios pilotos que solo favorecen el colonialismo, la dependencia de la institucionalidad y la sociedad colombiana, debido a que es imposible realizar un control social a las operaciones realizadas por esta Agencia. Hoy no existe mecanismo legal que obligue a esta entidad a brindar información a la ciudadanía colombiana.

El interés de las clases dirigentes actualmente es fortalecer el proceso de Catastro Multipropósito y los cambios institucionales de acuerdo con lo generado en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto Por Colombia pacto por la equidad” con el objetivo de fortalecer la captación de recursos fiscales, para robustecer su burocracia y los procesos clientelares más no corresponder con las necesidades de los sectores rurales más empobrecidos del país.