Segunda condena al Estado colombiano por violación a los derechos fundamentales de los trabajadores
Arturo Portilla Lizarazo
Durante los días 20 a 23 de julio pasados, se realizó en la sede de la Universidad Industrial de Santander, UIS, en Bucaramanga, conforme con lo programado por sus convocantes, el Segundo Tribunal Mundial Permanente de Libertad Sindical y Derechos Humanos, órgano institucional de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, ALAL, cuyo fin fue servir de tribunal de conciencia desde la sociedad civil, sin suplantar las actividades de los tribunales de cada país, para recibir las denuncias de los trabajadores y sus representantes sobre violaciones a los temas objeto de su denominación.
El primer Tribunal Mundial en Colombia se celebró en Bogotá en mayo de 2012, y se han celebrado cuatro tribunales éticos; en Colombia, Bolivia, Perú y para la Región Andina con la colaboración de FOS, organización no gubernamental de Bélgica, todos con sentencia condenatoria contra el Estado colombiano por el incumplimiento en la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores.
Actuaron como magistrados en nombre de la ALAL, Stephen Chedas, en representación de CALL, Canadá; Antonio García, en representación de Comisiones Obreras, de España; Luis Carlos Moro, en representación de ABRAT, AAJ y ALAL, de Brasil; José Luis Contreras Monte, en representación de ANAD, la CUT y la ALAL, de México; César Landelino Franco, en representación de ALAL, de Guatemala; y Lydia Guevara Ramírez, en representación de la SCDLSS y la ALAL, de Cuba.
Denuncias
Con la presencia de alrededor de 600 personas procedentes de las distintas regiones del país y 400 asistentes permanentes, se recibieron y practicaron más de 200 pruebas documentales en un legajo revisado íntegramente por los jueces y 53 testimonios de trabajadores y sus dirigentes sindicales sobre atropellos, abusos, maltratos, intimidación, amenazas, acoso sexual, levantamiento del fuero sindical para despedir dirigentes sindicales, asesinatos de líderes sociales y sindicales, incumplimiento de sentencias judiciales, incumplimiento de la legislación nacional y convenios internacionales, desprotección del alto riesgo y de otros riesgos psicosociales, físicos y organizacionales, incumplimiento del deber de protección a los trabajadores por parte de la seguridad social, fundamentalmente para los maestros al servicio del Estado, universitarios y otros docentes.
El proceso de denuncia evidenció la falta de control por parte del Estado y las instituciones gubernamentales sobre el proceder de las empresas públicas y privadas, nacionales y multinacionales, tales como Drummond LTD, Bavaria, BBVA, y otras de los sectores industriales, minería, construcción, transporte, agricultura, educación, alcaldías, etc.
Se comprobó igualmente el incumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en La Habana sobre protección a la maternidad, aspectos laborales y sociales, en particular con los trabajadores agrarios y la necesidad de la transformación del Ministerio de Trabajo, el cual actúa en favor de los empleadores, por un Ministerio de Trabajo para los trabajadores.
Valoradas las pruebas documentales y orales y los videos presentados en las sesiones de dos días de duración, el domingo 23 se dictó sentencia condenatoria por segunda vez contra el Estado colombiano, en la cual fundamentalmente se abordaron las violaciones de la libertad sindical, el acoso laboral y sexual, el atropello hacia los trabajadores y trabajadoras, la impunidad en la justicia, la masacre laboral por accidentes y enfermedades profesionales no consideradas como tales por las entidades responsables: EPS, IPS, ARL y las Juntas de Calificación de Invalidez, el incumplimiento de la ley por parte del Estado a través de los ministerios del Trabajo, de Educación, de Salud, de Defensa, las Agencias de Riesgos Laborales, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría e incluso las Cortes, los Tribunales y Juzgados Judiciales y la Defensoría del Pueblo.
La sentencia fue leída ante los convocados: dirigentes sindicales y trabajadores y se ordenó su amplia difusión y radicación en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA y demás organizaciones regionales, así como a la Presidencia de la República, cuya demanda fue notificada al presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien a su vez dio traslado a la Ministra de Trabajo, entidad que tampoco se hizo presente.
El Tribunal fue especialmente convocado por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, seccional Santander; la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores, Asolaborales; ALAL; Sintraunicol; la Federación Sindical Mundial, FSM; la USO; SES, Fensuagro y Sintraimagra.
Pero también contó con la presencia de numerosos sindicatos de todo el país con el fin de recibir todas las denuncias sobre la situación de la Seguridad Social en el país y en particular sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo: violencia laboral, acoso laboral y sexual, con enfoque de género, y en tal sentido la participación también acogió los aspectos de libertad sindical, tercerización y deslaboralización, protección a la maternidad y otros de igual naturaleza.
