El año que viene las universidades públicas del país deberán enfrentar una creciente demanda educativa con menos presupuesto. Entrevista con la presidenta de Sintraunicol nacional
VOZ habló con María Elizabeth Montoya, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de Universidades de Colombia, Sintraunicol, organización con 37 subdirectivas, con presencia en más de 40 universidades públicas y privadas, y más de 6.800 afiliados entre trabajadores oficiales, empleados administrativos y docentes. Dio a conocer su punto de vista en relación con el proceso de desfinanciación del que es víctima la universidad pública y fue enfática en afirmar que su organización representa los intereses de todos, no sólo los de sus afiliados, ya que sus principales objetivos son el presupuesto para la educación pública y mejores condiciones laborales.
Justo se encontraba en un foro citado por el Frente Amplio por la Educación Superior, en el que convergen diferentes estamentos de la comunidad universitaria, y en el que con diversos ponentes trataron la financiación del sector universitario.
Menos recursos, más estudiantes
–¿Qué pasa con la financiación de la universidad pública en Colombia?
–Que le están aplicando la misma fórmula que le aplicaron a Telecom, al Seguro Social y es que el Estado no responde con las obligaciones que tiene con la educación superior. Entonces, le crean más compromisos a las universidades en cuanto a que deben tener más cobertura, mejor calidad, pero con menos recursos, lo que implica que no se puede contratar a los docentes ni a la planta administrativa en condiciones dignas, sino por OPS u otras maneras tercerizadas.
–Antes de la entrevista, usted me dijo que había diferencias entre ustedes y la exposición del rector de la UPN sobre la financiación de la universidad, ¿en qué consisten?
–ASPU y Sintraunicol hicieron una negociación con el Ministerio de Educación donde planteamos que esos recursos nuevos para el sector fueran a la base presupuestal de las universidades, para funcionamiento no para inversión. El rector da a entender que esos recursos no pueden ser para formalizar la planta de los docentes ni de los administrativos, sino que se tienen que distribuir en otras cosas. Creemos que no, y vamos a pelear que haya ampliación de planta y mejores condiciones para los administrativos.
–Si el Gobierno no da los recursos, ¿de dónde esperan que los saquen para atender la creciente demanda?
–Así es, el Gobierno y el Ministerio de Educación exigen una mejor cobertura pero no dan los recursos. Extrañamente la reforma tributaria le daba un respiro a las universidades en la adición, pero en la práctica esa plata se está yendo para el Icetex y para el programa Ser Pilo Paga. Con 40 mil estudiantes en ese programa se lleva los recursos para las universidades privadas, mientras las públicas deben sostener casi 600 mil con menos recursos.
La estrategia de ellos es que las universidades busquen recursos propios, y eso significa aumento de matrícula, lo que rechazamos porque desvía a las familias las obligaciones del Estado; y venta de recursos a través de extensión de servicios. Es convertir a la universidad en un vulgar negocio, no como un derecho del pueblo colombiano.
¡A sacar a los politiqueros!
–Se ha visto que desde que las universidades se convirtieron en fortines del clientelismo politiquero regional, la burocracia aumentó. Según ustedes ¿qué hay que hacer ahí?
–Lo que hay es que hacer valer la Ley. Tenemos carreras administrativas especiales en el sector universitario. En unas universidades ya están los acuerdos, en otras ni siquiera se aplica la 909, pero es por una intención propia de los rectores y de quienes hacen parte de esa politiquería, porque en la medida que la gente no esté vinculada en propiedad, sean docentes o administrativos, tienen su fortín político para la región. Es lo que pasa con varias como la Universidad del Tolima.
–Justo en esa universidad que menciona está lista una reestructuración que en los próximos meses se aplicará, no se sabe si habrá recortes de personal, baja de salarios y se habla hasta de levantamiento de fueros sindicales. ¿Esto último es legal?
–En este país se desconocen las leyes. Pero en Sintraunicol no estamos de acuerdo que la reestructuración pase por despidos de quienes llevan años trabajando ya sea por carrera administrativa o por contratos de más de 10 o 15 años; tampoco con bajar salarios y mucho menos por el levantamiento de fueros para desconocer la convención colectiva.
El proyecto de reforma organizacional que hizo la Universidad del Valle, no es un proyecto con todas las condiciones técnicas, porque al hacer un comparativo con el funcionamiento actual, no rebaja los costos que asume la universidad. Están planteando sacar personal de servicios y asistencia técnica para elevar esos recursos a asesorías o cargos burocráticos que piden los partidos políticos.
–¿Hay fortaleza del movimiento sindical para enfrentar eso?, porque hay denuncias de profesores y trabajadores de esa universidad que hablan de una descomposición de varios dirigentes de Aspu y Sintraunicol, que por lo contrario ayudan a la administración en su plan.
–Hago una corrección: Como Sintraunicol no estamos de acuerdo con el proyecto de reestructuración ni con la propuesta de Aspu de esa universidad, sobre “reforma profunda” que implica un desconocimiento de los derechos de los administrativos. Con el resto de sindicatos sí estamos unidos para pelearnos y defender su presupuesto y los derechos conquistados, sin embargo, nos toca reconocer que dentro de los trabajadores afiliados a sindicatos algunos le han hecho el juego a la politiquería. Como Sintraunicol vamos a dar la pelea por el presupuesto y porque no haya despido de los trabajadores, que sí haya ajuste de la planta burocrática que tiene esa universidad.
–¿Cómo se deben dar las peleas para defender el presupuesto?
–El llamado es a fortalecer y acompañar el movimiento por la defensa de la universidad pública estatal. En ese sentido, consideramos que es necesario sensibilizar a la comunidad universitaria, pero también a la de Ibagué, del Tolima, que entiendan que están perdiendo un patrimonio de la región, por lo que no se perjudica solo a trabajadores y estudiantes, sino a la familia ya que pierden la única universidad pública estatal que tiene ese departamento.
