Nelson Lombana Silva
La concentración del manejo del transporte urbano en la ciudad de Ibagué, Tolima, avanza con la complicidad descarada al parecer de la administración municipal que preside el burgomaestre Luis H. Rodríguez.
En el marco del modelo neoliberal se mueven intereses particulares no solo para tomar el monopolio del jugoso negocio sino para sacar de paso a los pequeños propietarios transportadores. Los grandes pretenden “engullirse” a los que escasamente son propietarios de una, dos o tres busetas. Es la ley inexorable del salvaje capitalismo en el neoliberalismo. El pez gordo se traga al pequeño sin hacer gestos.
En los últimos meses los grandes transportadores se empecinaron en imponer el pico y placa durante todo el día y en toda la ciudad. Para ello, comenzó tránsito municipal a cerrar y prohibir giros a la izquierda en cantidades industriales, al parecer para obstaculizar el tránsito y supuestamente justificar de esa manera la imposición de dicha medida.
Afortunadamente, fuerzas vivas de la ciudad musical de Colombia reaccionaron en contra de esta medida, arbitraria a todas luces, teniendo que echar para atrás la medida la funcionaria municipal del ramo, Martha Pilonieta. Dicha medida se pretendía imponer a espaldas de los transportadores pequeños y desde luego, del usuario. Incluso, del mismo concejo municipal, al parecer.
Al frustrársele este leonino plan a los grandes transportadores y a esta funcionaria, se ha indicado que en los próximos días habrá un incremento del transporte urbano en cien pesos. ¿Qué compromiso tiene la doctora Martha Pilonieta con los pulpos del transporte en Ibagué?, se preguntan los conocedores de la problemática.
Contrato leonino
En Ibagué son siete empresas las propietarias del transporte urbano, las cuales se agruparon en el Sistema Integrado nacional de Transporte Sociedad Anónima, Sitsa, cuyo gerente actual es William Cervera.
Este funcionario realizó un contrato con Arturo Villarreal, personaje desconocido totalmente en Ibagué, según señala el pequeño transportador Evelio Villarreal Herrán, colocando una cláusula millonaria en caso de destrate, lo cual tiene en ascuas a los mismos propietarios del transporte.
Dicho contrato – señala Evelio Villarreal Herrán – se hizo de espaldas a los propietarios de los vehículos habilitados para el transporte urbano en esta ciudad y desde luego, sin consultar la opinión de las fuerzas vivas de la ciudad, sobre todo los usuarios.
El contrato es leonino. Al parecer Sitsa cobrará el 10 por ciento a cada propietario de buseta y le cancelará a Arturo Villarreal el 8.5 por ciento y el restante 1.5 por ciento, será para los gerentes de las distintas empresas.
Señala el líder sindical del transporte en Ibagué por más de cuarenta años: “Si hablamos de un promedio de 250 pasajeros diarios por vehículo, sería más de un millón de pesos mensuales”.
¿Por qué esta medida? Responde el compañero Villarreal Herrán: “El único argumento es supuestamente para evitar la evasión por parte de los conductores. Son los casos en los que el conductor transporta por menos dinero o hace una excepción, evitando la registradora”.
Este argumento lo rechaza el dirigente sindical al afirmar: “En realidad resulta más dañino el remedio que la enfermedad, porque el supuesto evasor continuará con su práctica de alguna manera. Es decir, sea voluntaria o involuntariamente. Después que se suba un pasajero y diga: No tengo más dinero. ¿Qué puede hacer el conductor? Sería exponerse a ser agredido física o moralmente con palabras soeces. Incluso, golpeado el mismo vehículo”.
Según analiza el compañero Villarreal Herrán, lo que hay en el fondo es todo un plan para acabar con los pequeños transportadores en el marco de la implementación del transporte estratégico en “ciudades amables”, caso de la ciudad de Ibagué. Al parecer hace rato se viene afirmando que en esta ciudad sobran 150 vehículos de transporte público (busetas) “Seguramente sobrarán aquellos antiguos, propiedad de los pequeños transportadores”. El refrán es elocuente: “La cuerda se rompe por la parte más débil”.
Indignado y preocupado por esta situación, cada vez más dura y complicada, Evelio Villarreal Herrán, ha interpuesto un derecho de petición con base en el artículo 23 de la constitución nacional, exigiendo al gerente de Sitsa la documentación pertinente con el fin de establecer exactamente los alcances del prácticamente clandestino contrato que firmó con ese señor desconocido en esta ciudad.
Señala: “Es tal el descaro de las empresas transportadoras que se han confabulado con la administración municipal de tal manera que ahora sale el alcalde a decir que el cupo no es dueño el propietario del vehículo, sino la alcaldía y las mismas empresas. Se sabe que al comprar el vehículo se compra naturalmente el cupo. Eso es obvio”.
Se pregunta: “Si un cupo de un taxi está costando en promedio más de $70 millones de pesos, ¿Por qué la empresa persiste en sacarnos arruinándonos sin medir consecuencia alguna? ¿Dónde está la ayuda del Estado para los pequeños? Siempre el poderoso está en disposición de acabar con el pequeño sin darle ninguna oportunidad. Son bárbaros de verdad”.
Este pequeño transportador que lleva más de cuarenta años rodando por las calles deterioradas de la ciudad de Ibagué, luchando apenas por sobrevivir, siente que el círculo del gran capital se va cerrando amenazante cada vez con más avaricia con la complicidad del alcalde, el mismo que elegimos a través del voto y de la lluvia ubérrima de promesas. Evelio es solo un caso.
