“Operación escoba del patrimonio nacional”

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Refinería de Barrancabermeja, Santander, ubicada a orillas del río Magdalena.

El Gobierno alista un paquete de enajenaciones (ventas) de empresas donde el Estado tiene participación, con lo cual aspira a recaudar hasta 30 billones de pesos, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2022

Iván Posada P.

Para llevar a cabo su plan de desmantelamiento del patrimonio de los colombianos, el gobierno va a contratar costosas asesorías extranjeras por separado para cada una de las empresas que tiene en proyección de venta.

Como consecuencia de la reforma tributaria que entrará en vigencia en 2020, cuyos beneficios fiscales al gran empresariado nacional y extranjero entran en vigencia en ese año, el gobierno central va a presentar un déficit fiscal de cerca de 10 billones de pesos. Para cubrir este “hueco fiscal” el gobierno esta diseñando un bloque de ventas de las empresas estatales. Entre ellas se destacan las empresas estratégicas en la economía como Ecopetrol, Cenit e Isa, una especie de “raspado de olla” de los activos estatales.

Interconexión Eléctrica S.A.

La Nación posee el 51,2 por ciento de las acciones en esta empresa, tercera generadora de energía en el país (17 por ciento del total nacional), y con su venta se calcula recaudar unos 6,5 billones de pesos, un 0,6 por ciento del PIB (producto interno bruto).

Demagogia presidencial

En un debate en el Congreso, en 2014 el hoy presidente Iván Duque dijo: “Me opongo a la venta de Isagén por la seguridad y soberanía energética”. Más adelante señalaba “…hay que mantener un control estatal sobre este tipo de empresas porque son un elemento central de la seguridad nacional de un país”.1

¿Será que en estos cinco años desde ese debate las cosas han cambiado tan radicalmente que ya no es importante el control estatal sobre este tipo de empresas? Queda así claro el discurso demagógico del Centro Democrático en temas estratégicos de la economía colombiana.

Ecopetrol y Cenit

El grupo empresarial Ecopetrol está conformado -entre otras- por Propilco-Essentia, cuyo fin es la producción y comercialización de materias primas para la industria del plástico, y Cenit, segunda empresa más grande del país, cuyo objeto es el transporte y logística de hidrocarburos. Son las dos empresas con mayor rentabilidad de este grupo empresarial, que además tiene más de 20 filiales dentro y fuera del país, que cubren toda la actividad petrolera: explotación, producción, refinación, transporte, etc.

En cuanto a Cenit, que inició su actividad en 2012, la apuesta es vender hasta el 50 por ciento de esta, con la cual se espera recibir unos 9,4 billones de pesos, (uno por ciento del PIB) y con la puesta en el mercado de un nuevo paquete de acciones de Ecopetrol, la nación aspira a recibir otros 10 billones de pesos. En resumen, con la venta parcial de estos dos patrimonios, y la enajenación de las electrificadoras regionales, el gobierno estima recaudar hasta 30 billones de pesos en el periodo 2019 -2022.

Las causas de fondo

El argumento del ministerio de Hacienda para “feriar” el patrimonio es el faltante fiscal. Pero la causa de fondo es una política tributaria consistente en conceder todo tipo de gabelas a los inversionistas extranjeros y a los grandes empresarios colombianos. Lo anterior dentro del esquema de la “confianza inversionista”, estrategia para atraer el capital foráneo para invertir en el país con toda clase de garantías. Por ejemplo, las empresas extranjeras del sector minero energético – por solo mencionar uno – han sido rodeadas de todo tipo de exenciones tributarias, zonas francas, estabilidad jurídica, etc. Por estos conceptos las empresas extranjeras dejaron de tributar alrededor de 90 billones de pesos entre 2000 y 2015. Ecopetrol a su vez, en 2018 realizó transferencias a la nación por cerca de 12 billones de pesos por concepto de impuestos y regalías. En la práctica, la estatal petrolera y sus filiales están cubriendo el déficit ocasionado por las gabelas y prebendas al capital extranjero y nacional.

Política alternativa

La solución en materia tributaria no es vender el patrimonio industrial y comercial de la nación para subsanar el déficit fiscal indefinidamente, coloquialmente, vender la nevera para comprar el mercado.

Una política coherente en materia tributaria debe apostarle a eliminar las gabelas a los grandes capitalistas y como política estatal, fortalecer las empresas nacionales a través de la diversificación de su actividad económica, la cualificación de la mano de obra, etc., para demostrar que las empresas estatales pueden ser tan rentables como las privadas.

1  Portafolio, mayo 15 de 2019, pág. 9.

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