José Ramón Llanos
Es obvio que nadie está alegando delito de sangre en el caso del narcotraficante Bernardo Ramírez, hermano de Martha Lucía Ramírez.
Lo vituperable es que la vicepresidenta durante 23 años engañó a Colombia. Quien quiera que se lanza a la palestra pública y somete su nombre a consideración de un potencial electorado, debe mostrar sus cualidades, sus actuaciones previas y lógicamente aquellas acciones que comprometan la ética.
La vicepresidenta debió, tan pronto inició su vida política, explicar sus actuaciones en relación con el apoyo que le prestó a un narcotraficante, que no deja de ser delincuente porque sea su hermano. Su deber era poner en conocimiento de los ciudadanos esa situación y ellos con ese conocimiento procederían a apoyarla o no. La vicepresidenta engañó a los electores quienes votaron por una candidata mentirosa, y ellos lo ignoraban. Ante el ocultamiento de esa mácula, vinculada con el narcotráfico que tanto daño le hace a los ciudadanos, el país debe preguntarse: ¿qué más oculta la vicepresidenta de la República?
Pero sucede que la vicepresidenta le debe otras explicaciones a Colombia. ¿Es acaso fortuito que el primer sector económico beneficiado con la apertura limitada de la cuarentena sea el de la construcción, actividad a la cual está dedicado Álvaro Rincón, esposo de la vicepresidenta? Este hecho puede llevar a que muchos se pregunten ¿no es doloso, este tráfico de influencias que beneficia al cónyuge de un alto funcionario del Estado? Con el ítem de que recientemente se ha denunciado que su esposo ha tenido negocios con un empresario que vinculan con actividades del narcotráfico, un tal Fantasma, cuyo nombre es Guillermo y su apellido dicen algunos medios conocer. Es natural, hacerse una pregunta: ¿hay alguna relación entre su hermano Bernardo Ramírez con el apodado Fantasma? Como se ve, la vicepresidenta tiene muchos enredos que aclararle al país.
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Hace mucho tiempo en el país no se presentaba el absurdo fenómeno que una familia de comerciantes, dominara económica y políticamente a la comunidad de un departamento, pero esto está sucediendo en el Atlántico, donde la familia Char lo maneja como si fuera su finca. Actualmente los Char tienen el dominio absoluto de la ciudad mediante la elección de uno de sus adláteres, Jaime Pumarejo y el manejo del departamento ya que la gobernadora Elsa Noguera, también pertenece a ese grupo político. Esto es absurdo, pero además es altamente lesivo para toda la población atlanticense, ya que la gestión de esos funcionarios prioriza los intereses financieros de los Olímpicos en detrimento de la comunidad.
El coronavirus una vez más ha evidenciado esa anomalía política, infortunadamente a un alto costo en morbilidad y letalidad de los habitantes del departamento del Atlántico, debido al pésimo manejo de la gobernadora y el alcalde. Las cifras son elocuentes: la población del departamento del Atlántico, es el 5,4 por ciento de la población nacional, en cambio el número de fallecidos representa el 23,81 del total de fallecidos en el país. Los fallecidos en Colombia son 1.667 y en Atlántico, 397 y las camas ucis están copadas en un 80 por ciento.
De este genocidio son responsables los incompetentes funcionarios: Elsa Noguera y Jaime Pumarejo y sus mentores políticos la familia Char. Ellos responderán, tarde o temprano ante la ley y el pueblo, que pronto derrotará esa satrapía que asola al Caribe.
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