jueves, marzo 28, 2024
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Obstruyen reserva campesina del Catatumbo

Los garantes de la mesa de interlocución señalaron que Alejandro Ordóñez pretende impedir la declaración de una zona de reserva campesina en esa región

Iván Cepeda (derecha), hace parte de los garantes de la mesa de interlocución junto con Ernesto Samper y Francisco de Roux. Foto Notimundo.
Iván Cepeda (derecha), hace parte de los garantes de la mesa de interlocución junto con Ernesto Samper y Francisco de Roux. Foto Notimundo.

Agencia Prensa Rural

El proceso de conformación de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Catatumbo encontró un nuevo tropiezo. Se trata de una maniobra jurídica de Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación, quien formuló un “control de advertencia” contra la declaratoria de la figura.

El ex presidente Ernesto Samper, junto con el congresista Iván Cepeda y el padre Francisco de Roux (garantes de la mesa de interlocución), emitieron un pronunciamiento público para denunciar esta situación, que tiene paralizado el proceso de negociación.

Los garantes consideraron “muy preocupante” la intervención del procurador, señalando que “pretende impedir la aprobación de la zona, so pretexto de una acción de tutela interpuesta por la comunidad Natubaiyibari ante el Tribunal Superior de Bogotá”.

Los garantes explican que estas dudas “ya habían sido resueltas por el Ministerio del Interior, el cual verificó la no existencia de comunidades étnicas en el área”.

Demanda en la Corte

El procurador Ordóñez también argumenta que el sustento jurídico de las zonas de reserva campesina, la ley 160 de 1994, está demandado en la Corte Constitucional, por lo cual se debe congelar la conformación de esa figura.

Ante este pretexto, el ex presidente Samper y los demás garantes replican que “la capacidad administrativa del Gobierno no puede quedar condicionada a supuestas decisiones futuras de órganos jurisdiccionales”.

Además, le piden a la Corte tener en cuenta “el principio de progresividad constitucional en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que prohíbe disminuir las condiciones de una comunidad para beneficiar a otra también desfavorecida” y no aceptar la demanda contra las ZRC.

Intereses

Los garantes también cuestionan que el Ministerio Público ponga trabas en la conformación de la reserva campesina del Catatumbo. Califican esta situación como “circunstancias movidas por intereses e interesados que están aún por establecerse”.

Además, sostienen que se ha llegado a “colocar en interinidad los propios diálogos entre el sector campesino de la región y el gobierno nacional”, pues la ZRC es uno de los puntos cruciales de la negociación entre el campesinado y el gobierno.

En concreto, los garantes le piden al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) avanzar en la declaratoria de la ZRC, estipulada en la mesa de interlocución y sustentada por la ley.

Ante las contradicciones que enfrenta la zona de reserva, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) sostiene que ésta no vulnera los derechos fundamentales indígenas.

“El pueblo barí está en diálogo con el Estado para la ampliación de sus resguardos y nuestra solicitud ha reconocido y respetado sus derechos”, dice Ascamcat.

También convoca a “acompañar el proceso de diálogo intercultural entre campesinos e indígenas en la región del Catatumbo, a fin de que sus derechos y expectativas territoriales sean respetadas y protegidas”.

Además, advierte que de no cumplirse los acuerdos por parte de las autoridades antes de la primera semana de mayo, las comunidades volverán a paro, tal como se determinó en la Cumbre Agraria, instancia a la que se vinculó Ascamcat.

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