jueves, marzo 28, 2024
InicioEconomíaObras públicas en Venezuela: Nuevas medidas, misma corrupción

Obras públicas en Venezuela: Nuevas medidas, misma corrupción

¿Por qué el Gobierno no querría cortar con el intermediario privado en la adquisición de bienes y servicios, y la construcción de obras públicas? ¿Por qué no acabar con la fuga de capitales en la importación fraudulenta de bienes y servicios?

Foto: Juan Cristobal Zulueta via photopin cc
Foto: Juan Cristobal Zulueta via photopin cc

Roberto Armando Ramírez
Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO_ALEM)

Luego de los recientes acontecimientos, nos sentimos comprometidos a publicar nuestro análisis, en el marco de las 28 leyes anunciadas por el Presidente, de cara a las nuevas medidas gubernamentales de crear la Comisión Soberana para la Comercialización de Productos de Empresas Básicas del Estado; y decretar una nueva Ley de Contrataciones Públicas. Adicionalmente, al recordar a la Empresa Nacional de Obras Públicas, S.A., creada hace más de tres años mediante Decreto Presidencial N° 8.430; y que se mantiene en letra muerta.

Contrataciones públicas

Esta nueva Ley, publicada en Gaceta Extraordinaria Nº 6.154 del 13 de noviembre del año en curso, deroga a su homónima del 2008, y reafirma el compromiso irrestricto del Gobierno Bolivariano con la empresa privada para el suministro de bienes y servicios, y la construcción de obras de ingeniería. Cabe destacar que a pesar de las «novedades» vociferadas por la propaganda gubernamental, este documento viene a ser más de lo mismo y, en resumidas cuentas, viene a tratar de regular dos relaciones contractuales distintas:

En cuanto a los contratos para ejecutar obras de construcción para los entes a los cuales se le aplica la ley: el Estado venezolano dispone de los recursos, los cuales asigna a una empresa privada, quienes a su vez contratan a un número de obreros para que, haciendo uso de los materiales importados o fabricados por el mismo Estado, ejecute la obra.

Bajo esta dinámica, la empresa privada opera como un simple intermediario entre el Estado y los trabajadores; y aunado a ello, los recursos tanto materiales como financieros salen del bolsillo del Gobierno. El resultado de esta forma de ejecución de las obras públicas ha sido y seguirá siendo una forma estúpida de incrementar los costos, los índices de corrupción, el empobrecimiento de los obreros de la construcción y la mala edificación de las obras civiles, por cuanto la empresa actúa en este caso como un intermediario especulador.

En segundo lugar, en cuanto a los contratos para suministrar bienes y servicios, la situación es mucho más ridícula: El Estado, quien actualmente es el responsable del 98% de las divisas que entran a la Nación, le paga a empresas privadas para que le suministren todos los bienes y servicios que requiere, de los cuales muy probablemente la mayoría sean importados. Entonces se forma un ciclo irracional en el que el Gobierno, a través de Pdvsa, obtiene una cantidad de divisas que son entregadas a las importadoras o comercializadoras privadas a precios «subsidiados»[1. El dólar se cotiza en Venezuela de forma simultánea por los mecanismos oficiales de Cencoex: 6.30 Bs/$, Sicad 1: 12 Bs/$, y Sicad 2: 49.98 Bs/$. 62.22 Bs/$. Sin embargo, existe el mercado paralelo, actualmente cotizado en: 158.04 Bs/$.] y éstas a su vez, le venden a Pdvsa (o cualquier otro ente del Poder Público) todos los insumos que requiere para sus operaciones diarias.

¡Esto es un intermediario por definición! Y es la forma más grosera de transferencia directa de renta petrolera hacia la burguesía improductiva, que simplemente compra barato con divisas subsidiadas, y vende caro a las instituciones públicas sumidas en corrupción, donde los burócratas de las comisiones de contrataciones reciben dádivas a cambio de permitir la adquisición con sobreprecios.

Por todo lo anterior, el mecanismo de contrataciones públicas ha demostrado ser inútil para aumentar la eficiencia en las transacciones comerciales gubernamentales, garantizar la transparencia en el manejo del patrimonio público y la erradicación de la corrupción; por cuanto permite a los altos funcionarios, miembros de la Comisión de Contrataciones, acordar negocios bajo la mesa con las empresas privadas. Por esta posibilidad latente en todos los órganos del Estado, aun cuando a cada rato se escucha de guerras o misiones contra la corrupción, Venezuela es el país más corrupto de América Latina, según el Índice de Percepción de la Corrupción de la ONG Transparencia Internacional, dentro de un ránking global de 175 países.

¿Cuál será la solución al problema de la corrupción en las contrataciones públicas? La promulgación de leyes ha demostrado no serlo.

Empresa Nacional de Obras Públicas, S.A.

Según su creación, ésta tiene por objeto todo lo referido a las obras de construcción, lo cual va desde la proyección hasta la demolición, pasando por la ejecución misma, la inspección, el mantenimiento y la rehabilitación. Además, tiene como funciones adicionales las actividades de apoyo como lo son la realización de movimientos de tierra, la producción y distribución de los materiales para la construcción, la maquinaria y herramientas. Todo ello, en sintonía con lo propuesto por quien escribe y el Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO), bajo el nombre de Conopvi (Constructora Nacional de Obras Públicas y Vivienda), la cual esencialmente lleva las mismas funciones[2. ¿Por qué suben los precios de las viviendas? por Roberto Armando Ramírez, disponible en: http://alemcifo.org/ArticulosHTML/PreciosViviendas.html].

Sin embargo, luego de tres años, este organismo carece de directiva, sede, presupuesto, trabajadores, proyectos u obras en ejecución; en pocas palabras, no tiene relevancia y se ha quedado en el mismo Decreto Presidencial que lo creó, sumando así a una larga lista de iniciativas del Gobierno Bolivariano muertas antes de nacer.

Ello aun cuando la materialización de un órgano de este tipo significaría acabar con la mayor forma de corrupción en nuestro país, por cuanto ya no habría cabida para la empresa privada en las contrataciones públicas; sin mencionar que abarataría los costos, debido a que ya no existiría la intermediación especulativa de los contratistas, e incrementaría consecuentemente la cantidad de obras públicas que se pudieran construir, y la cantidad de bienes y servicios que se pudieran adquirir.

La razón de ser de esta situación no es falta de presupuesto (entre el 2011 y el 2013 Pdvsa vendió 355.107 millones de dólares en petróleo), y mucho menos ausencia de necesidad (sólo en viviendas, se estima un déficit creciente de tres millones de hogares); la verdad es que es inexplicable que al Gobierno Bolivariano no le interese emprender lo que significa la Empresa Nacional de Obras Públicas, la Conopvi, o como la quieran llamar.

¿Por qué el Gobierno no querría cortar con el intermediario privado en la adquisición de bienes y servicios, y la construcción de obras públicas? ¿Por qué no acabar con la fuga de capitales en la importación fraudulenta de bienes y servicios? ¿Por qué el Gobierno no querría erradicar la corrupción derivada de las contrataciones públicas?

Son preguntas que, por el momento, seguirán siendo un misterio para quien escribe.

Centro de Investigación y Formación Obrera

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments