Hernán Durango
Wldarico Flórez Peña, abogado especializado y defensor de derechos humanos, director de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña, hizo entrega del documento enviado a la prensa y organismos humanitarios por los prisioneros políticos de la Penitenciaria de Valledupar (Cesar) “La Tramacúa” o “Guantánamo de Colombia”, en el cual denuncian las difíciles condiciones humanitarias y los atropellos de la guardia del Inpec. Alertan y anuncian que frente a esa situación están en disposición a declararse en desobediencia para que se brinde soluciones reales a sus demandas o que se cierre ese centro de tortura.
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La Tramacúa: nunca más
Los prisioneros del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, “La Tramacúa” o “Guantánamo de Colombia”, expresamos nuestro rechazo e inconformidad contra el régimen penitenciario que se nos aplica y que convierte a la Tramacúa en una máquina de destrucción de lo humano; el número de psiquiátricos suma 120 sin contar los guardianes del Inpec y los casos de suicidio que en el 2014 dejaron dos víctimas y este año, el 7 de enero de 2015, otro más, el interno John Elkin Hernández Zuleta, TD 5958, torre número 4, celda 403.
Estamos en disposición a declararnos en desobediencia, para exigir se nos brinden soluciones reales a nuestras demandas o que se cierre este centro de tortura.
Basta con una simple mirada a la cantidad de fallos de tutela a favor de los reclusos emitidos por los jueces del circuito de Valledupar para darnos cuenta del inconstitucional funcionamiento de este centro, siendo así la administración un ente anquilosado, paquidérmico e inoperante, falto de voluntad y acéfalo de gerencia. Si bien los jueces ordenan, no hay administración que cumpla, enredada en impugnaciones y explicaciones bizantinas.
Ordenes insustanciales que los propios jueces omiten verificar su cumplimiento o tomar sanción, como en los casos de tutela a favor de los visitantes que prohíben las requisas degradantes, o construir un parque para que los niños jueguen en los días de visita, o mejorar las indignas condiciones del área de conyugales, o de tutela que ordena la clasificación de los internos por clases y fases, o permitir los espacios de recreación, deporte, estudio y trabajo, o darles una eficiente atención en salud general y especializada. Quedando el supuesto derecho amparado en veremos.
Ni qué decir del Tribunal Superior del Cesar, reacio al amparo de los derechos de los reclusos y que dejó pasar incólume las denuncias de los internos, produciendo un fallo desfavorable que hubo de revocar la Corte Constitucional en sentencia C-282 de 2014. Lo paradójico de este tinglado kafkiano es que nosotros, los llamados delincuentes, la “escoria de la sociedad”, los estigmatizados, segregados y vilipendiados, de “no ser angelitos” a quienes es licito “torturar y atormentar, haciéndole sentir un infierno”; lo único que hemos pedido es que se nos aplique la ley…, esa que sustentan en que desde el 91 Colombia es un estado social de derecho.
Porque si fuéramos un Estado convencional cristiano el dolor y el padecimiento serian el camino de la santidad; o si fuéramos hindúes, soportaríamos nuestra situación con resignación por ser descastados pagando un karma. Pero nos encontramos en un Estado que se dice contemporáneo, de democracia occidental, es por tanto al cumplimiento de la ley apelamos.
Hemos agotado todas las vías jurídicas, los “conductos regulares” para plantear nuestros problemas, que el Estado ve como un drama y que asume como un sainete, pero que nosotros vivimos en cuerpo y alma como una tragedia o una horrible y dantesca pesadilla. Y en todas las instancias, nos contestan con promesas y palmaditas en la espalda, que más tienen un sabor a esperanzas escatológicas de las cuales ya estamos cansados.
El 25 de septiembre de 2014, la directora del establecimiento, doctora Yolanda Rodríguez Fernández, nos pidió tiempo para hacer su tarea “reestructuradora”. Van cuatro meses y no sabemos en qué consiste. El mismo 25 de septiembre de 2014, el cónsul de derechos humanos de la regional Norte del Inpec, el dragoneante Arcesio López, nos hizo sus propias promesas, convertidas hoy en desencantos:
1) Brindar garantías a los representantes de los derechos humanos. Pero se nos sigue señalando que nuestras denuncias y protestas son las causantes de la negligencia administrativa.
2) Normalización del funcionamiento del comité de derechos humanos. Se nos permite reunirnos, pero la administración no se presenta; como lo constató el defensor regional del pueblo del Cesar, Ómar Contreras Socarrás, el 29 de enero de 2015. Una clara muestra de irrespeto, de desprecio y autismo ante las demandas de la población reclusa.
3) Compromiso administrativo de la dirección. De extensos listados para trámites jurídicos, clasificación de fase, y un sinnúmero de derechos de petición para que algo se haga, solo vía de tutela a medias se obtiene respuesta.
4) Solución a la recepción de denuncias por el policía judicial. Éste solo aparece para intimidar a un miembro del comité de derechos humanos por haber ganado una tutela, o para judicializar a un interno por una falta, mas no para comprobar el estado de un preso golpeado o torturado por la guardia; ni para recibir la denuncia de una amenaza contra la vida o la integridad física; o para iniciar el trámite de una denuncia penal o administrativa contra el establecimiento.
También, el director regional de Caprecom EPS en Valledupar, Armando Almeida, realizó una sarta de promesas, como incrementar el personal médico. En su reemplazo les incrementó dos horas más de trabajo, incumpliendo además en poner un médico las 24 horas, para que el servicio de urgencias funcione como debe ser, para una población de 1.600 personas en alto riesgo.
Si bien la sala novena de revisión de la Corte Constitucional, en sentencia T-282 de 2014, busca que se ponga fin a un problema de 14 años, o cerrar el establecimiento. De hecho, se inicia el tiempo de cumplimiento de esta sentencia con el hecho sobreviniente de que el flamante contrato Nº 074 de 2013 con el consorcio RG2013 por un valor de $1.811.813.746 millones con la Uspec (unidades de servicios penitenciarios), ese superpoder creado para centralizar la ineficiencia y la corrupción, para reparar la red hidrosanitaria, se suspendió desde septiembre de 2014, y la plata se esfumó como por arte de birlibirloque.
A más de las 48 horas para proveer los tanques nuevos a internos para recolectar el agua se ha extendido a más de mes y medio sin solución.
Resultando pues un exabrupto el decidir que por un año más se permita que el establecimiento siga violando los derechos humanos.
No vemos ninguna solución en el futuro próximo, estamos al límite de nuestra capacidad para soportar tanta indolencia, tantas mentiras y promesas.
Estamos prontos a la desobediencia pacifica, esperamos su acompañamiento para que se caigan los muros de la ignominia.
Cordialmente,
Comité de Derechos Humanos
Prisioneros Cárcel de Alta Seguridad “La Tramacúa” el “Guantánamo de Colombia”
Valledupar – Cesar