Nuevo desplazamiento forzado en Ituango

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Foto Prensa Rural

La disputa territorial entre los grupos armados, los paramilitares y las disidencias de las Farc-EP, está generando los desplazamientos forzosos de campesinos en Ituango en el departamento de Antioquia. Ante las amenazas recurrentes y los mismos enfrentamientos armados, la población del territorio, desde el pasado 21 de julio, nuevamente se vio obligada a salir de sus parcelas y viviendas para proteger sus vidas en medio de las fuertes lluvias y el desamparo del Estado.

La cifra que denuncian las organizaciones sociales se acerca a las tres mil personas desplazadas y supera las mil familias de 28 veredas, entre las que se encuentran: Santa Lucía, Quebrada del medio, El Quindío, Santa Bárbara, El Limón, Las Brisas, El Chuscal, Los Sauces, Las Arañas, La Miranda, San Isidro, Alto de San Agustín, El Mandarino, Cenizas, El Herrero, El Cedral, El corregimiento de La Granja, Chontaduro, Murrapal, Palmitas, Montealto, Quebradoncita, El Amparo, El Inglés, La Georgia, El Río, Chispas, El Yolombó.

Pero esta situación no es nueva. Solo en el mes de febrero de este año, el municipio de Ituango fue escenario del recrudecimiento de la violencia que dejo como resultado el desplazamiento a más de 500 personas de las veredas Quebrada del Medio, Las Arañas, Alto del Limón, Santa Lucía, San Román, El Aro, El Quindío y el Cañón de Santa Rita. Contexto y conflictividad que se ha denunciado por parte de las organizaciones de DDHH de la región.

En esta ocasión, desde la organización Ríos Vivos, se ha hecho el llamado a los organismos del Estado para que atiendan de manera oportuna a la población. Igualmente, afirmó la organización, que “muchas de las familias están durmiendo en el piso, sin colchoneta ni abrigo, no hay suficientes alimentos ni elementos de aseo como toallas higiénicas, pañales para adultos, niños y niñas, también escasea la ropa para hombres”. En varios videos que se vieron por las redes sociales, quedó la evidencia del éxodo y de la grave situación en la que se encuentran estas familias, sin que hasta el momento la respuesta del estado sea la de la garantía de sus derechos.