Hernán Camacho
@camachohernan
El Gobierno nacional, desde antes de la pandemia venía proclamando la necesidad de avanzar en una reforma pensional, trabajando codo a codo con los gremios económicos en una propuesta que elimine el Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.
Con la llegada del covid-19, ha quedado al desnudo el fracaso del régimen de ahorro individual, que manejan los fondos privados de pensiones entre ellos el poderoso señor banquero Sarmiento Angulo y el Grupo Empresarial Antioqueño. No son capaces de garantizar el derecho fundamental a las pensiones, pero sí se enriquecen con los aportes mensuales de los trabajadores.
El carácter antidemocrático del Gobierno se materializa en la lluvia de decretos que nada tienen que ver con la pandemia, pero sí están al servicio de los intereses de los más privilegiados. Casi que cada decreto emitido por Duque y su gabinete desde el primer día de la declaración de Emergencia Social, tenía un beneficiario particular o un negocio especial. Al banquero Sarmiento le fue muy bien con los decretos presidenciales.
El decreto 417 de 202 trae consigo dos medidas: la reducción del aporte a pensión del 16 al 3%, representándole un super negocio a Sarmiento Angulo de casi 120 mil millones de pesos sin hacer nada.
El decreto le permite al empleador acogerse a la reducción de la cotización, que se agrava si es del sector público por la estabilidad que supuestamente reviste la calidad de servidor del Estado, un trabajador que tenga un salario mayor al mínimo, perderá automáticamente por lo menos ocho semanas de cotización en el Régimen Prima Media o no ahorrará un solo peso en su cuenta individual en el Régimen de Ahorro Individual. Claramente la ayuda es para el empleador y claramente el negocio es redondo para los fondos.
Y como si fuera poco ganar miles de millones en plena pandemia, el decreto permite el traslado de los pensionados del Régimen de Ahorro Individual, administrado por los fondos, que tienen la modalidad de retiro programado, para que sean pensionados por el Régimen de Prima Media administrado por el fondo público Colpensiones. En pocas palabras, materializan parte de su reforma pensional sin el más mínimo debate en el Congreso, gracias a las facultades extraordinarias.
Con esto, resulta evidente que la principal motivación de la medida es favorecer el negocio de los fondos generando un efecto colateral positivo para 20.000 pensionados que sin duda garantizan su derecho a la pensión, pero a costa de excluir a los más poderosos de sus responsabilidades, asumiendo dicho costo en el presupuesto nacional, financiado por los ciudadanos colombianos mediante el pago de impuestos.
La propuesta de pensión universal con financiación estatal para los mayores de 60 años es imperativa. Ya lo era antes de la pandemia, pero en la nueva normalidad que se inicia con una crisis social y económica profunda e histórica, tiene aún mayor sentido de la oportunidad.
No son tiempos de entregar los derechos al mercado, no es tiempo de privatizar los derechos. Al contrario, ahora se debe cambiar de rumbo la política económica del país, fortalecer las finanzas del Estado para garantizar los derechos sociales de la gente, dejar de poner el Estado al servicio de una depredadora economía de mercado.
Adenda: Feliz cumpleaños al Partido Comunista Colombiano, fuerza política que día a día se la juega por los cambios y el socialismo.
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