Nuestras pandemias antidemocráticas

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Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, e Iván Duque.

La pandemia generada por el Covid-19 crece con intensidad y saca a la superficie otras pandemias sociales que aquejan a la humanidad, y de manera particular, a nuestra nación.

Este fenómeno ha evidenciado la precariedad de los sistemas sanitarios privatizados ligados al capital financiero. En nuestro caso, las deudas de las EPS con hospitales y clínicas son cercanas a los 9 billones de pesos, a lo que se suman los bajos salarios del personal sanitario, la desprotección de las poblaciones rurales y de los pobres de las ciudades, por falta de infraestructura, tecnología y recursos humanos sanitarios, que cuando existen, se destinan a las personas de mayores ingresos.

Este modelo discriminador atenta contra el derecho a la salud de las y los colombianos, creando la necesidad de nacionalizar el sistema de salud, para sacarlo definitivamente de la órbita del mercado y corregir las falencias señaladas. Lamentablemente, a pesar de los anuncios, el presidente Duque reconoció que apenas esta semana girarán los recursos al sistema, quedando nuevamente en manos de las EPS.

Por otro lado, las limitaciones y dependencias productivas, evidentes hace varios años, como el déficit en la balanza de cuenta corriente, la poca creación de riqueza, el aumento del desempleo y el creciente servicio de la deuda, han demostrado nuestra dependencia externa, a tal punto que debemos importar las mascarillas, medicamentos y equipamiento médico que, con una sana protección arancelaria y promoción real de la investigación y desarrollo, podríamos producir en nuestro país.

A lo anterior se suma que nos han convertido en importadores netos de fertilizantes y semillas para producir alimentos. Todo ello es producto de la apuesta neoliberal de hace 30 años que nos hizo dependientes de las exportaciones minero–energéticas y destruyó el agro y la industria nacional. Es imperativo recuperar la seguridad y soberanía sobre sectores estratégicos, como el alimentario, el sanitario y de comercio exterior.

Relacionado con la dependencia y las limitaciones productivas, está el creciente desempleo que afecta aproximadamente a tres millones de colombianos y la alta informalidad, que se acerca a 10 millones de compatriotas (DANE, feb. 2020). El modelo ha hecho que la falta de ingresos, el rebusque y la vida precaria sean la cotidianidad de la mitad de nuestra fuerza laboral.

Esta precariedad de la vida de 13 millones de colombianos debe cambiar mediante apoyos monetarios directos a los más necesitados, la creación de fuentes de empleo formal, un plan de recuperación de la salud como derecho para todos los colombianos, el cumplimiento del Acuerdo de Paz, especialmente, el punto uno, sobre Reforma Rural Integral. Las medidas deben destinarse al apoyo a la mayoría de los colombianos, no para concentrar aún más el capital financiero y para devolver multiplicados los aportes a la campaña electoral de Iván Duque y sus conmilitones.

El Gobierno nacional aprovecha la emergencia sanitaria para fortalecer su autoritarismo, y llevar a la parálisis al sistema de justicia y al Congreso; además, asume toda la gestión y control del poder público, sin control del parlamento, y aprovecha esta omnipotencia para entregarle al capital financiero los recursos de los territorios.

A su vez, el gobierno entrega el territorio nacional para las maniobras de provocación del presidente Trump contra el pueblo de Venezuela y el legítimo gobierno de Nicolás Maduro. Los ejercicios militares a lo largo de la frontera colombiana y el apoyo en las operaciones militares encubiertas por exmilitares venezolanos, dirigidas por el títere Guaidó y asesores militares norteamericanos, son medidas intervencionistas e inconstitucionales ya que no cuentan con la aprobación previa del Congreso, como lo estipula la Constitución colombiana.

Evitar la intervención militar en Venezuela es una de las tareas unitarias de las fuerzas progresistas y revolucionarias en nuestro país. Las pandemias sociales que aquejan al conjunto de la nación deben llevarnos a redoblar nuestro trabajo, para que muchos más construyamos una organizada, consciente y poderosa fuerza popular, que permita transformar y poner al servicio del pueblo, los sistemas de salud y educación públicos de calidad, y una política que permita un mínimo vital de agua potable, energía y comunicaciones.

Esta fuerza debe, además luchar por la implementación del Acuerdo de La Habana, para lograr la paz nacional y su consolidación reiniciando la negociación con el ELN.

También debe ser objeto prioritario de la movilización popular el relevo de la clase burguesa que entregó la soberanía nacional a los Estados Unidos y no fue capaz de construir un gobierno democrático, soberano, garante de la inclusión social y de los derechos igualitarios del hombre y la mujer. ¡Hagamos de las calles y plazas de Colombia, los espacios donde empiece la conquista de la democracia real!

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