Hoy en Colombia abortar es un delito. Y lo peor es que son solo las mujeres que deciden interrumpir su embarazo las que reciben la sanción punitiva. Si bien existe jurisprudencia de la Corte Constitucional que despenaliza el procedimiento en casos de abuso carnal violento, malformación del feto y peligro de muerte de la persona gestante, el artículo 122 del Código Penal sigue vigente. Es decir, uno a tres años de cárcel para una mujer que cause o que permita un aborto. Lo anterior es una evidencia más del edificio patriarcal construido a lo largo de la historia.
Sin embargo, existe una tendencia mundial de ampliar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres impulsada por una amplia gama de movimientos feministas, confrontando con valentía interpretaciones jurídicas conservadoras y argumentos morales que la mayoría de las veces se emiten desde una lectura religiosa anacrónica.
Lo nuevo y necesario, es que el debate de la despenalización del aborto volvió a la Corte Constitucional. Dos ponencias positivas se tramitan en el alto tribunal con el objetivo de eliminar el delito del aborto y así garantizar derechos fundamentales a las mujeres que deciden interrumpir el embarazo.
Las cifras son contundentes. En general, los embarazos no planeados alcanzan un 52% y aproximadamente 70 mujeres mueren anualmente a causa de complicaciones originadas por abortos inseguros. Cerca de 132 mil mujeres sufren complicaciones en procedimientos clandestinos, inconvenientes que van desde la infertilidad hasta la muerte. Además, 26 mil mujeres con dificultades posaborto no reciben la atención médica que necesitan.
No obstante, la cifra más escandalosa es que se calculan 400 mil abortos al año. Si a esto se le agrega una lectura socioeconómica y de clase, el problema se agudiza. Por un lado, tenemos a las mujeres que con más recursos pueden acceder a abortos costosos y seguros, y por el otro, tenemos a la gran mayoría de mujeres que tienen que arriesgarse a operaciones clandestinas y, por ende, sumamente inseguras.
Si consideramos que en estos indicadores hay subregistros, debido a que muchas veces existen silencios y falta de información, el tema se convierte en una realidad inocultable que exige cambios radicales para proteger la vida de las mujeres.
Por eso, las mujeres del Partido Comunista exigimos a la Corte Constitucional que decida de fondo sobre un tema específico que engloba una cadena de dominaciones. Enfrentamos un sistema que violentó y sometió territorios, la economía, las relaciones de trabajo y también los cuerpos, las culturas, las subjetividades, los modos de vida, las lenguas, las prácticas sociales y sexuales. Es en los cuerpos donde se han naturalizado muchas de estas jerarquías.
Peleas estructurales como el derecho al aborto seguro, libre y gratuito, se convierten en una posición irreductible para subvertir el entramado de la opresión que está ampliamente naturalizado en la cultura patriarcal. Nosotras decidimos sobre nuestro cuerpo.
También acusamos al Congreso de la República y a sus mayorías de la derecha y la extrema derecha, que en 15 años han sido incapaces de legislar sobre el tema. Si bien desde el movimiento feminista y de mujeres no esperábamos más, es importante que queden en evidencia como lo que son, una élite descompuesta que responde a una lógica explotadora, excluyente, discriminatoria y patriarcal. No nos representan.
Consideramos que solo la movilización permanente de los movimientos de mujeres permitirá la ampliación del debate y la conquista de derechos históricamente restringidos. Pero también somos conscientes de la necesidad que la agenda feminista llegue con fuerza a los espacios de representación para que la disputa avance. Si no elegimos un Congreso progresista comprometido con la lucha de las mujeres, será muy difícil avanzar en la transformación radical de la sociedad y su estructura patriarcal.
Por eso la convergencia del Pacto Histórico se plantea como oportunidad. Un pie en las calles con el movimiento que pelea y otro en las instituciones para poder materializar nuestras exigencias.
Sería un paso adelante, pero no el definitivo. Las mujeres comunistas le apuntamos a la superación de las lógicas opresivas, discriminatorias y patriarcales del capitalismo, tanto en las prácticas cotidianas de las luchas y resistencias como en las proyecciones estratégicas de una sociedad futura.
Insistimos en que no es congruente avanzar en la emancipación si no se incorporan las visiones feministas que hacen visible la cadena de dominaciones del patriarcado. La revolución debe ser más compleja desde el comienzo, por eso, será feminista o no será.
El pañuelo verde recorre el mundo. Este símbolo creado por el movimiento argentino se ha multiplicado en millones de mujeres que hemos optado por la emancipación. Decidimos sobre nuestro cuerpo, porque está en disputa una visión sobre la producción y la reproducción de la vida. Las mujeres no estamos pidiendo permiso para abortar, estamos exigiendo garantías para que este se dé en un lugar libre, gratuito y seguro. Por esa razón gritamos cada vez con más fuerza: «Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir».
