Atropellos por parte de transnacionales mineras con la complicidad de entidades estatales y políticos tradicionales del ámbito local, regional y nacional, son el pan de cada día de miles de pobladores de la provincia de Sugamuxi. Cabildo popular.
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
Cansados de años de atropellos por el desarrollo de políticas extractivistas sin planes sociales por parte del Estado o las empresas, ni el suficiente resarcimiento de daños ambientales, pobladores y campesinos de diferentes municipios de la provincia de Sugamuxi en Boyacá, realizaron un cabildo popular el pasado 15 de noviembre en el barrio Nazareth del municipio de Nobsa.
Por iniciativa de la sogamoseña y presidenta de la Unión Patriótica, UP, Aída Avella, se abrió el espacio al que asistieron más de 250 lugareños víctimas del desafuero de cinco grandes firmas que se lucran de la explotación de recursos naturales no renovables: Acerías Paz del Río – Votorantim que explota hierro, mina caliza y carbón; Holcim, piedra caliza y puzolana; Argos, piedra caliza; Omega Energy, petróleo; Impala, que comercializa y transporta carbón; y Mincivil, que participa con la construcción de infraestructura y operación de proyectos mineros.
Al evento asistieron el senador Iván Cepeda, un delegado nacional de la Defensoría del Pueblo y un delegado del Ministerio de Medio Ambiente. Corpoboyacá no asistió aunque se había comprometido.
Hablan las comunidades
En pasados paros, los municipios, el departamento y las empresas han adquirido compromisos que según las comunidades han sido incumplidos. Ya preparan otra gran movilización.
Sobre las diferentes problemáticas generadas por las firmas extractoras y la desidia estatal, Martha Liliana Pérez coordinadora ambiental de la junta de acción comunal de Nazareth municipio de Nobsa, explicó: “Acerías Paz del Río tiene un pasivo ambiental de más de 50 años, han dejado socavones, descapote de muchos cerros, afectación hasta la desaparición de fuentes hídricas, emisiones atmosféricas porque la empresa solo hace cuatro años empezó su conversión tecnológica e instalación de filtros. Argos tiene aquí una de sus más grandes plantas y un pasivo ambiental de 20 años, hacen inversiones en la restauración de humedales, manglares pero no en las zonas realmente afectadas. Para ellos la responsabilidad social y ambiental no es obligatoria”.
El concejal de Nobsa Carlos Eduardo Vega, explicó que la problemática empezó con la construcción de Acerías Paz del Río, la mayor siderúrgica del país, que creció desconociendo el sector social y el medio ambiente, situación agravada con la llegada de las cementeras Argos y Holcim.
“Ahora se viene una gran ampliación de Argos con la compra de una concesión minera en el cerro de Cuistá, así mismo Holcim compró una en el municipio de Corrales; pero pretenden bajar la piedra por medio de una gran banda transportadora de 2,5 kilómetros que pasaría por Nazareth. Las empresas explican muy bien que no habrá daños porque irá dentro de un túnel, pero eso genera un gran impacto porque habrá polución, ruido y vibración, ya que serán 20 mil toneladas de tierra que bajarán por ahí diariamente. Sogamoso es la quinta ciudad más contaminada del país”.
Según el concejal, los daños ambientales han sido de tal magnitud que los acuíferos que bajaban a Chámeza, Floresta, Nazareth y Corrales, desaparecieron. “Cuando hacen una ampliación o un trabajo grande traen gente de otras zonas desconociendo la mano de obra local. Hay persecución de la petrolera a líderes sociales. Holcim desarrolla el ecoprocesamiento o quema de llantas, residuos químicos, residuos hospitalarios, y en las viviendas alrededor de la empresa han muerto de cáncer en la garganta personas jóvenes. Hay un alto índice de enfermedades pulmonares y de piel”, explica Carlos Eduardo Vega.
Represión estatal
Rubén Darío Barrera, residente del barrio Nazareth comentó que ante las protestas los gobernantes los maltratan y que las empresas pagan mucho dinero en impuestos para inversión, pero poco se ve. “Hasta en el Sena le niegan los cupos a la gente de aquí y se los dan a gente de otras partes que trabajará luego en las empresas”.
Ana Francelina Soler es la presidenta de la junta de acción comunal del barrio Nuevo Horizonte Asodea en Sogamoso. Explica cómo sus casas se están cayendo por culpa de la sísmica y hasta el momento nadie les ayuda ni les responde: “Estamos rodeados de unas grietas en el suelo de más de dos metros de profundidad y más de 50 centímetros de ancho, con esto vemos cómo nuestras viviendas se inclinan, se han caído muros, aunque hacemos arreglos que no han servido porque al poco tiempo se dañan nuevamente y las inclinaciones continúan. Estos arreglos nos valen cuatro o cinco millones cada año. El fenómeno lo empezamos a ver en 2012 por una prueba sísmica de la empresa CGL que se hizo a 300 metros de la urbanización. Nos hemos quejado ante la Alcaldía, Gestión de Riesgo departamental, Corpoboyacá y ninguna ha hecho presencia en el barrio. Hemos buscado a la empresa pero desapareció”.
Lo que viene
Luego de escuchar las denuncias, el senador Iván Cepeda se comprometió a hacer un debate en el Congreso de la República apenas haya el espacio. Recordó que ya le hizo uno a Argos por haber comprado las tierras que los paramilitares robaron a los campesinos de Montes de María aun sabiendo que estaban manchadas de sangre: “Denunciamos ante las Naciones Unidas y cuando bajó el valor de la acción ahí sí llegaron a mi oficina a explicarme las bellezas que hacían por todo el país. Son hipócritas y mentirosos”.
Se comprometió a ir a más allá de los debates en el Congreso y acompañar a las comunidades a dar la pelea: “Esto solo se resuelve con la organización y la participación política de la gente. La fórmula me la dio un ministro cuando le reclamé por la política minero–energética del Plan Nacional de Desarrollo que acabará con los páramos, me respondió: ‘Si quieren cambiar esa política tómense el poder’.
Aída Avella propuso la creación de la Mesa por los Problemas de Boyacá, que empezó su organización. Entre otras cosas dijo que a la petrolera Omega Energy hay que sacarla de la región por tramposa y pedir que Ecopetrol asuma la explotación de esos pozos y que llevará el caso de los abusos a Naciones Unidas.
En la declaración final se pide a las entidades correspondientes no otorgar más títulos mineros mientras las condiciones denunciadas persistan. Explican la manera como se engaña a campesinos para comprarles sus tierras muy baratas; los daños a los barrios y a las montañas por la sísmica; la quiebra a los transportadores de la región para darle los contratos a grandes empresas; la desaparición de ecosistemas y la posible desaparición de páramos.
Aunque desde hace años los pobladores han enfrentado varias batallas contra estas empresas y algunos gobiernos, saben que esta vez comienzan un proceso diferente en que deben lograr una mayor organización y coordinación entre expresiones de diferente índole, como campesinos, trabajadores, transportadores, comerciantes y habitantes, entre otros.
