Es claro que esos programas constituyen paliativos que no solucionan el enorme daño psicosocial y económico causado a las víctimas, pero es aun más grave cuando no se materializan, incrementando con el transcurrir del tiempo el desconcierto, la desesperanza, la pauperización y el desarraigo social.
Héctor José Valencia Beltrán
El terror criminal producido contra los habitantes del departamento de Caquetá provocó el desplazamiento forzado, especialmente de campesinos, quienes para salvar sus vidas y las de su familia huían despavoridos dejando al mejor postor sus parcelas y fincas, y se ubicaron principalmente en Florencia, capital de departamento, buscando refugio y protección estatal, que por lo general se mostró esquivo.
El departamento es uno de los más golpeados por la violencia planificada, ejecutada y generalizada desde las élites financieras y latifundistas, como estrategia de acumulación capitalista.
Del asesinato selectivo y la desaparición forzada de connotados dirigentes populares, entre los que se cuentan concejales, diputados y representantes a la Cámara por la Unión Patriótica, sindicalistas, campesinos, estudiantes y dignatarios y afiliados a las organizaciones cívicas-comunales en las décadas del 70 al 90, se pasó a partir del año 2000 a la perpetración de masacres colectivas con el copamiento y control territorial por parte de los grupos paramilitares, con retenes instalados en las vías intermunicipales y la presencia permanente en varias veredas, inspecciones, corregimientos y cabeceras municipales.
Esta caótica situación, aunada a la militarización extrema con alta dosis de persecución al movimiento popular en su conjunto, conllevó a la desarticulación del tejido organizativo, social y político de nuestra región, que antes fue un emporio agrícola y ganadero y un remanso de paz y tranquilidad.
Pese a este incierto panorama de crisis humanitaria, la acción gubernamental y estatal con programas como la restitución de tierras y el resarcimiento económico y psicosocial de la víctimas es prácticamente nula. Aún no hacen presencia en el Caquetá, desconociendo lo preceptuado en la ley 1448 de 2011, conocida como “ley de víctimas y restitución de tierras”.
Es claro que esos programas constituyen paliativos que no solucionan el enorme daño psicosocial y económico causado a las víctimas, pero es aun más grave cuando no se materializan, incrementando con el transcurrir del tiempo el desconcierto, la desesperanza, la pauperización y el desarraigo social.
Las aludidas políticas no significan “verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición”, pero, se reitera, mitigan los nefastos efectos psicológicos, económicos y sociales, y en consecuencia su no materialización por los funcionarios públicos lo que desencadena es el empoderamiento de quienes fomentan el terror y la violencia desenfrenada para adueñarse de las mejores tierras del país.
Se observa con asombro la concentración en la propiedad de la tierra en el Caquetá, especialmente la que se encuentra en el contorno de las cabeceras municipales y de la ciudad capital y por ende su alto costo. Los elementos descritos, exhortan al pueblo en general a luchar por la conquista de la paz democrática con justicia social, donde las reformas agraria y urbana democráticas e integrales sean esenciales en los proyectos de vida de los seres humanos.
