El derecho a la salud es el principal objetivo de la movilización de los profesores, así lo anuncia la fiscal de Fecode, María Eugenia Londoño
Redacción Laboral
La fiscal de la junta nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, María Eugenia Londoño, aseguró que el paro del magisterio del 30 de agosto es para rechazar el incumplimiento de los contratos por parte de los prestadores de salud, que atienden a los profesores en diez regiones, y que afecta a más de 900 mil personas, entre maestros y familias.
Así también lo explicó la dirección de Fecode en comunicado: “La vulneración al derecho a la salud digna del magisterio y sus familias, a través de los incumplimientos, barreras de acceso, inoportunidad, retrasos, negaciones y desconocimiento por parte de los operadores de los pliegos de condiciones contratados. Exigimos salud y, en conexidad, respeto a la vida”.
La profesora y dirigente sindical, Londoño, agrega que las barreras de acceso, el cierre de sedes, las carreras de la muerte a maestros y maestras, todo ello sumado a problemas de medicamentos, índices de morbilidad de comorbilidad, y problemas de salud mental complejizan la situación.
“La Fiduprevisora, quien administra los recursos del Fomag, es el intermediario y se lleva nuestros recursos y no juega el papel, no vigila, no controla, cohonesta con los operadores de salud para el incumplimiento de los contratos. Por eso decidimos convocar a un paro nacional”, agrega Londoño.
Los ataques del Centro Democrático
Los profesores también se oponen al proyecto de ley 192, que crea el bono escolar en Colombia, “cuyo objetivo es esencialmente económico para supeditar la educación pública a las lógicas del mercado, suprimiendo la educación como derecho para convertirlo en una dádiva. Adicionalmente, constituye un nuevo intento de entregar el presupuesto público a los particulares, revivir el clientelismo, favorecer la corrupción y acentuar los procesos de privatización”, explica Fecode.
La fiscal de la Federación argumenta que desde el Centro Democrático no están planteando la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, como único instrumento para lograr una educación como derecho fundamental, “sino que están proponiendo bonos, cheques para que a cada padre de familia se le entreguen y se vaya a pagar educación a los colegios privados, desestimando, desmontando y reventando la educación pública estatal, acabando con las instituciones públicas estatales y dejando por fuera al magisterio colombiano”.
El rechazo también es al proyecto de la senadora María Fernanda Cabal, que busca que la educación sea declarada como un servicio esencial para prohibir el derecho a la huelga del magisterio, aunque este derecho de los maestros esté contemplado en los acuerdos internacionales y la Constitución Política.
Según el comunicado de Fecode, la intención del proyecto es: “con el propósito de prohibir el derecho a la protesta, convirtiendo marrulleramente la educación en un servicio esencial, negando la posibilidad de elevarla a derecho fundamental mediante una ley estatutaria. Además, ordena acabar con las movilizaciones del magisterio y el derecho a la huelga de los trabajadores estatales, consagrados constitucionalmente”.
Por otra parte, los maestros también decidieron salir a una gran movilización el 20 de septiembre para “abrazar el gobierno del cambio, respaldar las reformas y apoyar y aportarle al poder local el 29 de octubre, para que nuestros candidatos y candidatas sean los elegidos, y se materialice así el cambio desde la Colombia profunda y el territorio. No es un paro contra el Gobierno, porque lo respaldamos, pero estamos en contra de los operadores de salud”, concluyó María Eugenia Londoño.
