Aída Avella (*)
En los recorridos por Colombia, escuchamos las voces de las mujeres en los territorios, exigiendo el cumplimiento de sus derechos, movilizándose por justicia y con una bandera clara, no queremos más feminicidios. ¡Ni una menos!
El aumento de los feminicidios en el país necesita una atención prioritaria, aunque se tiene todo un marco normativo que debería garantizar una vida libre de violencias, como la ley 1257 de 2008 o la ley Rosa Elvira Celis (Ley 1761 de 2015), este marco evidencia que ha sido insuficiente para la prevención del feminicidio y su atención real, donde muchas veces los crímenes han quedado en la impunidad, vulnerando a las víctimas y revictimizándolas desde las instituciones y los medios de comunicación hegemónicos.
Según la Defensoría del Pueblo, los feminicidios ocurridos en los años 2022, 2023 y lo que lleva el 2024 son mayoritariamente cometidos por parejas o exparejas de las víctimas; lo que evidencia cómo el patriarcado sigue inmerso en nuestra sociedad, y el largo camino que tenemos que recorrer para que se nos respete el derecho más básico que deberíamos tener, la vida.
Las cifras son alarmantes, según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, en el año 2023 se registraron 511 feminicidios, además, hasta el 31 de enero del 2024 se han registrado sesenta y cuatro feminicidios en el territorio nacional, por lo que, con varias congresistas, desde la Comisión de la mujer, y apoyadas desde el Gobierno del Cambio, se declaró la emergencia por violencias basadas en género, VBG, la cual quedó plasmada en el artículo 344 del Plan Nacional de Desarrollo y se están realizando diversas mesas de trabajo donde se exige a las instituciones el cumplimiento de las leyes, entre estas de la Ley Alerta Rosa, la cual crea y regula un mecanismo de búsqueda inmediata nacional para niños, niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas.
No podemos olvidar a esas mujeres que perdieron la vida por el simple hecho de ser mujeres. Se debe seguir denunciando este tipo de violaciones y realizar una labor interinstitucional para prevenir y atender las violencias basadas en género, en vías de garantizar una vida libre de violencias en todas las esferas sociales, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, teniendo en cuenta que la diversidad de mujeres que habitan nuestro territorio como las mujeres indígenas, afro, palenqueras, raizales, entre muchas otras.
Es por esto por lo que seguiremos trabajando con colectividades de mujeres, seguiremos alzando la voz, porque necesitamos un cambio en las dinámicas en las que nos desarrollamos, porque debe primar el respeto entre todas las personas independientemente de su género, sexo, identidad de género u orientación sexual. El trabajo debe seguir hasta que podamos tener una sociedad más justa e igualitaria.
(*) Senadora de la República, Pacto Histórico
