El negociado de los fondos privados

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Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa, Fanny Gutiérrez, junto a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y su esposo Álvaro Rincón. Sarmiento Angulo es el propietario de la mayor administradora de fondos privados de pensión, Porvenir.

En medio de la pandemia, los dueños de los fondos privados son los beneficiarios de la reforma decretada por el Gobierno bajo una vergonzosa fórmula: se ganaron la plata sin pensionar a nadie

Álvaro Forero
@alvaroforero51

El Gobierno nacional, desde antes de la pandemia venía proclamando la necesidad de avanzar en una reforma pensional, trabajando codo a codo con los gremios económicos en una propuesta que elimine el Régimen de Prima Media, RPM, administrado por Colpensiones.

Con la llegada de la pandemia, ha quedado en evidencia el fracaso del Régimen de Ahorro Individual para garantizar el derecho fundamental a las pensiones y el carácter antidemocrático de Iván Duque y Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda. Lo anterior quedó demostrado con la expedición del decreto 558 del 15 de abril 2020,Por el cual se implementan medidas para disminuir temporalmente la cotización al Sistema General de Pensiones, proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.”  que se dio a pocas horas de que se terminaran las facultades legislativas extraordinarias del estado de emergencia del decreto 417 de 2020.

Este decreto trae consigo básicamente dos medidas: la reducción del aporte a pensión del 16 al 3% y el traslado de los pensionados del Régimen de Ahorro Individual, RAIS, administrado por las Aseguradoras de Fondos Privados, que tengan la modalidad de retiro programado, para que sean pensionados por el Régimen de Prima Media administrado por el fondo público Colpensiones. En pocas palabras, materializan parte de su reforma pensional sin el más mínimo debate en el Congreso, gracias a las facultades extraordinarias.

Efecto colateral

Este decreto no es beneficioso para los trabajadores ya que establece que, por una decisión unilateral del empleador de acogerse a la reducción de la cotización, que se agrava si es del sector público por la estabilidad que supuestamente reviste la calidad de servidor del Estado, un trabajador que tenga un salario mayor al mínimo, perderá automáticamente por lo menos ocho semanas de cotización en el RPM o no ahorrará un solo peso en su cuenta individual en el RAIS. Claramente la ayuda es para el empleador.

Por otra parte, no deja de ser evidente el favorecimiento a las ganancias de los fondos privados de pensiones, garantizando el pago de su cuota de administración del ahorro, correspondiente al 1,5% del 3% que cotizarán quienes se acojan a la medida.

La segunda medida, que sin duda favorece a los pensionados, tiene un trasfondo macabro para fundamentalmente salvar a las AFP y a las aseguradoras privadas de asumir costos de sus propias utilidades, más allá del ahorro de cada persona, como lo establece la ley, para pasar estos gastos a Colpensiones, entidad que hoy ya cuenta con serios problemas financieros.

Resulta evidente que la principal motivación de la medida es favorecer el negocio de las AFP y las aseguradoras, generando un efecto colateral positivo para 20 mil pensionados que sin duda garantizan su derecho a la pensión, pero a costa de excluir a los más poderosos de sus responsabilidades, asumiendo dicho costo en el presupuesto nacional, financiado por los ciudadanos colombianos mediante el pago de impuestos.

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